Diputados busca dictamen para derogar “legislación obsoleta”

La Cámara de Diputados de la Nación activará este martes el tratamiento de la Ley de Hojarasca en comisión, pero no llevará el proyecto el recinto el miércoles, como era la intención original.

Para las 15.00 fue convocado el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para avanzar con la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, más conocida como "Hojarasca". El plan de La Libertad Avanza es tenerla aprobada con media sanción antes de que termine el mes. Pero para ello, deberá tomar en cuenta algunas objeciones de la llamada oposición “dialoguista”.

La convocatoria contará con la presencia del secretario de de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña; y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace. Una vez que concluya la exposición de ambos funcionarios, las autoridades del plenario, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, pasarán el despacho a la firma.

El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, propone la eliminación de normativas que el Ejecutivo considera anacrónicas o superadas por leyes más modernas.

En debate

Pero en medio de normas en muchos casos sobreabundantes, obsoletas o demasiado burocráticas, hay otras con implicancias más de fondo, que merecerían alguna negociación antes de llegar al recinto.

Una es la ley de tierras. El proyecto oficial desregula la inhibición para que extranjeros compren tierras en zonas de frontera.

La propuesta de la oposición amigable es ponerle restricciones a la desregulación. Una es que estén prohibidas esas compras de tierras por parte de estados extranjeros. También que se impongan límites a las actividades que realizarán quienes las compren y se condicione la venta a programas de productividad de esas tierras.

En ese menú de cambios, también sectores de las fuerzas armadas quieren que de esas ventas se reserven ciertas zonas libres de injerencia extranjera, porque forman parte del sistema defensivo de fronteras del país en un caso de conflicto.

La otra ley que se condicionará es la reforma de la ley de villas, sancionada bajo el gobierno de Mauricio Macri con la letra del papa Bergoglio y de Juan Grabois, y presentada por el trío Negri-Carrió-Massot que conducía el interbloque de Juntos por el Cambio. Esa ley fue sancionada casi por unanimidad, y en el proyecto se le trasladan funciones y responsabilidad a municipios y provincias.

La limitación que proponen es que deben agregarse el origen de los fondos para cumplir con las obras complementarias de urbanización de los barrios populares.

En la sanción original de la ley de villas se creó un fondo alimentado por tributos de asignación específica para pagar las expropiaciones de tierras, que se entregarían a los ocupantes en más de 6 mil "barrios populares". Este fondo ha sido abolido por el actual gobierno, que se comprometió a que esos dineros provendrían del Tesoro Nacional.

Pero las reservas no provienen solamente de los aliados. También el oficialismo más rígido admite que el proyecto no puede pasar tal como vino, y que tanto la ley de tierras como la de villas deberán tener cambios sustanciales para tener aprobación.

Segundo intento

La iniciativa ya fue enviada al Congreso por Sturzenegger dos veces: la primera fue el 11 de octubre del 2024, pero nunca llegó a tratarse. El ministro volvió a presentarla el 26 de marzo pasado, en momentos en que el Gobierno tenía en marcha la estrategia de saturar la agenda con anuncios de nuevos proyectos para recuperar algo de control sobre la discusión pública.

Sturzenegger planteó seis criterios distintos para agrupar las leyes y decretos que se busca derogar: las que han sido "superadas por normas posteriores"; las "obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo"; las que el Gobierno considera que "afectan libertades individuales"; las que permitan "desburocratización" al ser derogadas; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos y por último las que se modifican para recortar gasto público.

En el paquete de las normas a derogar porque ya fueron "superadas por normas posteriores" figura, por ejemplo, la Ley N° 94, que data de 1864, e inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona, una pena que quedó prohibida en la Constitución Nacional, por lo que el Gobierno considera "absurdo mantener" la ley.

Un caso similar se da con la Ley N° 20.400 sancionada en 1973, que prohíbe cualquier operación que busque proporcionar a un tercero o a sí mismo mano de obra de personas que no ofrezcan voluntariamente sus servicios, y que fue superada por la Ley 26.364 sobre trata de personas.

Asimismo se deroga la Ley de Padrinazgo Presidencial (20.843) que garantiza que el Presidente de la Nación sea el padrino o madrina del séptimo hijo varón o mujer de una familia, a quien además se le otorga una medalla y una beca para estudios. La "Ley Hojarasca" prevé que las personas que ya sean beneficiarias podrán optar por mantener esa asistencia.

Pero en el proyecto también hay otras normas que pueden generar algo más de discusión entre los diputados. En este primer paquete eso se da con la derogación de la Ley 16.789 que establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional deberán adquirir automóviles destinados a su servicio que sean de industria nacional, lo que habilitaría la compra de vehículos importados por parte del sector público.

Modificaciones

Entre los puntos que podrían generar mayor discusión se destaca el paquete de leyes que no se derogan pero se modifican y están relacionadas son "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".

Allí figuran solo dos normas. La primera es la Ley 24.807 por la cual se creó la Federación Argentina de Municipios (FAM). El proyecto de Sturzenegger propone sustituir un artículo para que ese organismo en el que históricamente se agruparon los intendentes -con particular relevancia de los del conurbano bonaerense- no sea financiado por las arcas del Estado Nacional.

La otra es la Ley 20.984 que estableció la creación del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. El objetivo es el mismo: eliminar el financiamiento estatal para un organismo que, en este caso, agrupa a diputados y senadores en funciones y con mandato cumplido y es sustentado por el Congreso de la Nación.

La idea del oficialismo es que "los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo, con sus propios fondos".

La Ley Hojarasca incluye otras derogaciones que generarán algún momento de incomodidad en el debate, como la de la Ley 20.959 que les otorga derecho de libre circulación y libre estacionamiento a los senadores y diputados nacionales. "Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma", argumentó oportunamente la cartera de Sturzenegger.

Temas sensibles

Más allá de la derogación de normas que hoy en día resultan llamativas, como la que crea un "carnet de mochilero" (pensada en un contexto en el que se apuntaba a la amenaza de la subversión), o las que pueden ocasionar algún momento de asperezas en el debate, en la Ley Hojarasca hay otras derogaciones que tocan temas bastante más sensibles para la política.

Una es la derogación de la Ley 25.750 de "Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales", que establece que el Estado nacional debe preservar especialmente el "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural", las empresas dedicadas a la ciencia y tecnología, las industrias de relevante importancia para la defensa nacional y "el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación".

El punto central de esa ley sancionada en 2003 está en el segundo artículo, que establece que las propiedad de los medios de comunicación debe ser de empresas nacionales y que las extranjeras solo pueden participar con hasta el 30% del capital accionario. El argumento del Ejecutivo es que esta ley "restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares".

Asimismo el proyecto de LLA propone derogar la Ley 18.312 sancionada en 1969, que creó el "Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa". Se trata de la norma que dio origen a la empresa Papel Prensa donde participan el Grupo Clarín y el Estado Nacional. "Esta ley del gobierno de facto de 1966-1970 busca restringir la libertad de expresión", remarcó el Gobierno.