Gabriel Somaglia: "Será un avance bajar la edad de imputabilidad"

Gabriel Somaglia fue secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe en dos ocasiones, docente universitario y también tuvo activa participación en la colegación de la abogacía. En charla con El Litoral repasó la relación entre poderes en el 2025 en Santa Fe, trazó los desafíos de la Legislatura tras la sanción de la Constitución y no le sacó el cuerpo al debate sobre la imputabilidad de los menores.

- ¿Cómo ha visto la relación, el año último, entre los poderes del Estado, en relación a la actividad judicial ?

- Institucionalmente el 2025 tuvo un punto de inflexión con la reforma de la Constitución, cuyo proceso, transcurrió con diálogos entre los tres poderes, donde cada uno defendió sus intereses naturales, y más allá de coincidir en diversos aspectos también dejaron algunas asimetrías, por ejemplo el inicio del conteo del plazo para la posibilidad de reelección entre el titular del Ejecutivo y los legisladores.

Es un avance que la Corte deba tener número impar en sus integrantes, como edad tope de los mismos, que los ministerios públicos posean más autonomía, aunque su independencia total merezca adjudicar algunos puntos de crítica. Frente a reparos destaco razonable que el Consejo de la Magistratura continúe en la órbita del Poder Ejecutivo como órgano de integración mixta. Finalmente otros órganos autónomos, como Defensoría del Pueblo o Tribunal de Cuentas, constitucionalmente dejarían su nexo con el Legislativo pasando al Ejecutivo, lo cual posiblemente pueda acarrear a futuro algunas diferencias gremiales, como la uniformidad salarial.

Frente a ello, no dejar de analizar que a partir de este año la Legislatura tendrá el desafío de reglamentar normativamente esos ítems.

- ¿Desde el inicio de la gestión Pullaro la relación con el Poder Judicial fue espinosa ?

- Es normal que así haya sucedido. Encarar un recambio en la cabeza de un poder, genera dificultades y tensiones, más todavía si parte de esa transformación se agita de manera pública. Parte de la estrategia fue con críticas ad hominen sobre algunos miembros del máximo tribunal, sin analizar que esa Corte nunca generó obstáculos a la gestión del Ejecutivo y a la estabilidad institucional, más allá de cualquier color político que aquél fuera.

Faltó mayor volumen de diálogo para evitar que se abrieran grietas, y si a ello se le suma la mora en cobertura de vacantes no sólo de magistrados sino también de empleados, dilación en transferencia de recursos, sin dudas se resiente el diálogo institucional y el vínculo con el sindicato de empleados.

Estos aspectos no se alejan de la realidad que nos circunda: la vida democrática está transitando un clima hostil, en el cual la intolerancia va ganando espacio, las redes sociales y los algoritmos van moldeando parte de nuestra cotidianeidad. Esto conspira contra el debate de ideas y de comunicación interpersonal, hoy las diferencias se vuelcan en las cuentas de X, se profundizan los prejuicios y las críticas ad hominen sin detenerse en el contexto, y ello genera un cierto agotamiento social hacia la política por falta de resultados y de transformaciones que nunca llegan.

- ¿El gobernador ha mandado los últimos pliegos para cubrir las vacantes en la Corte ?

- Creo que se ha apresurado un poco. Si bien los doctores (Rafael) Gutiérrez y (Roberto) Falistocco han dicho en medios de prensa que este año se alejarían del Tribunal, no es menos cierto que tampoco han presentado sus renuncias, motivo por el cual las vacantes aún no existen realmente. Esa decisión no ayuda a fortalecer los lazos entre esos poderes. Se actuó por impulso y no con la mesura que el contexto reclama.

Por otro lado, los candidatos propuestos cuentan con antecedentes para asumir el desafío con el que se los pretende honrar, la palabra sobre ellos será ahora de la Legislatura y sus acciones futuras lo definirán.

- ¿Por qué le parece bien que el Consejo de la Magistratura quede bajo la órbita del Poder Ejecutivo?

- Debemos tener como referencia la labor de ése mismo órgano en el orden nacional, sobre el que todos coinciden que es ineficiente, burocrático, caro y con una planta de personal excesiva. No es necesaria una superestructura, debe procurarse reglamentar la labor de los examinadores con plazos perentorios, de manera ágil y eficaz, y que las conclusiones permitan elaborar una terna vinculante para que el gobernador pueda elegir a uno entre los tres mejores, no como hoy donde el gobernador recibe una gran lista, ordenada alfabéticamente, de quienes aprobaron el examen pudiendo elegir uno cualquiera de ellos, lo que hace más inmotivada a la elección que se hace.

- ¿Cómo analiza el rol de los Ministerios Públicos a partir de la nueva Constitución?

- Que la Acusación y la Defensa hayan alcanzado su plena independencia como órganos extrapoder, constituye un logro no solo por el consenso reunido, sino además por una gestión política destacable de las mujeres que hoy los encabezan. Dicho alcance satisface al sistema de división de poderes, pero sus frutos, su verdadero alcance e independencia real se irá viendo con el tiempo, estamos en el inicio de una transición, pero el contrapeso será perfeccionar mecanismos de rendición de cuentas para que esa libertad no se convierta en discrecionalidad. La tarea que se les avecina no será fácil, deberán pelear sus presupuestos y ello le permitirá advertir hasta dónde se está comprometido con la función de los mismos, finalmente tendrán que debatir los procederes en los ascensos y cambios de funciones del propio personal y del perteneciente al Poder Judicial que hoy se entrecruzan.

La Legislatura tendrá en sus manos una parada difícil de resolver con la futura ley en cuanto a los intereses disímiles. Por último, creo que se hace mucho hincapié en la Acusación, propio del clima social, pero nos olvidamos que todo ciudadano tiene derecho a una defensa, por lo tanto también debe atenderse a ése servicio en modo integral e incorporarlo a la agenda pública, especialmente sobre los vulnerables y la labor de los defensores.

- Usted trabajó mucho por el actual Código de Procedimiento Penal Juvenil, ¿cree necesaria bajar la edad de imputabilidad?

- Es un debate que se viene postergando desde hace tiempo en Argentina. Sería un avance concretarlo. El tiempo corre y los menores de hoy no son los mismos de antes. Nuestra actualidad y muchos aspectos de la vida social ha ido mutando negativamente: incremento de la pobreza, drogadicción y crecimiento de sectores vulnerables hace que haya más menores a la deriva, sin educación, trabajo o control familiar y ello conlleva potencialidad delictiva. Esa situación interpela a la sociedad y al Estado.

¿Será eficaz o eficiente bajar la edad para que menores de 16 años reciban una pena ? ¿La cárcel posibilitará que el menor tenga una infancia o adolescencia constructiva ? Permítame dudarlo, no creo que se reduzca la violencia en esa generación, pues bajando la edad imputativa se atacarán las consecuencias tal como hoy lo reclama la sociedad, pero no las causas que hacen a la prevención y ello corresponde al Estado con una política de seguridad, educación y salud hacia niños, niñas y adolescentes, donde la protección no sea luego del acto delictivo, sino anterior, preventivo.