Más de 111 mil pensiones en discapacidad quedaron en suspenso por cartas que no llegan

Auditorías, allanamientos e intervención. La sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se vio desbordada de personas durante la última semana. Fueron días de intenso movimiento, con beneficiarios reclamando por su pensión, procedimientos judiciales derivados de la causa sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos y personal trabajando en plena intervención tras el desplazamiento de su extitular, Diego Spagnuolo.

El organismo fue creado en 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, es autárquico, descentralizado y con rango de Secretaría General de Presidencia. Al asumir, el gobierno libertario decidió que encare una auditoría sobre el total de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El procedimiento estuvo cargado de señalamientos desde el comienzo por una resolución que imponía un ofensivo baremo y que luego tuvo que ser derogado. Hoy, ya con los primeros resultados, se encuentra de nuevo en observación; pero esta vez, de parte del propio gobierno.

Las auditorías involucraron a casi un millón de personas, que pretendieron ser informadas a través del envío de cartas documento enviadas a lo largo y ancho de todo el país. En los trece meses del procedimiento, la Agencia Nacional de Discapacidad suspendió 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral, debido "a la no asistencia al turno de auditoría y la imposibilidad de ser notificados por razones imputables al beneficiario".

Así se desprende de la información remitida a la Cámara de Diputados por la Jefatura de Gabinete. Una carta que no llega fue la diferencia para más de cien mil personas entre cobrar o perder la pensión por invalidez, cuyo monto mensual percibido no supera los trescientos mil pesos a valores de agosto.

Las cifras que Guillermo Francos transmitió en el Informe de Gestión, evidencian las significativas dificultades que tuvo el procedimiento. Del total de cartas documento enviadas, la mitad la recibió o no respondió y tiene pendiente su trámite. En números: de las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 no tuvieron recepción, lo que representa un 50,59 % del total.

En los 451.579 casos que sí asistieron al turno asignado para revalidar su invalidez -previo a realizar una serie de estudios médicos que así lo demuestren- se encontraron solo 7.211 personas fallecidas que seguían cobrando y 9.027 renuncias voluntarias al beneficio, según informó Francos al Congreso.

Mecanismo cuestionado

El argumento esgrimido por el gobierno para auditar fue el crecimiento exponencial de las pensiones desde 2003, razón que organizaciones civiles y especialistas jurídicos discuten amparados en que el país amplió la cobertura en línea con paradigmas internacionales que sostienen una mirada integral, promoviendo la participación en sociedad de las personas con discapacidad.

A contrapelo de estos criterios, el gobierno lanzó una exhaustiva revisión del sistema. La presentación estuvo a cargo del vocero Manuel Adorni, exponiendo que una pensión fue otorgada mediante la radiografía de un perro; caso que hoy está también bajo sospecha debido a los audios adjudicados al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Meses después, el procedimiento fue formalizado a través de la Resolución 187/25, que incluyó un baremo con términos agraviantes, firmada por el propio Spagnuolo.

La fundamentación jurídica se completó con el Decreto N° 843 con firma del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que actualizó criterios de suspensión sobre el Decreto 432/97, como no recibir la notificación en tiempo y forma. Según grabaciones atribuidas a Spagnuolo, cuya autenticidad investiga la Justicia, se estableció así un esquema con citaciones lejos de domicilios y reparticiones locales, dificultando la asistencia. Esta situación fue señalada por organizaciones y advertido, por ejemplo, en presentaciones legislativas provinciales según informó El Litoral.

Organizaciones que trabajan en discapacidad recepcionaron múltiples reclamos de personas a quienes nunca les llegó la notificación o que no podían llegar hasta donde fueron citados. Aunque sin competencia en la auditoría, mismas notificaciones sobre el procedimiento fue recibiendo la subsecretaría provincial, según se informó ante las consultas de este medio. El problema, en la mayoría de los casos, no fue la negativa a presentarse, sino la imposibilidad de enterarse porque los correos no podían entregar las cartas documento en barrios populares o domicilios precarios; y en otros casos, por la dificultad de los notificados para trasladarse por falta de recursos o condiciones físicas.

En el Informe de Gestión, el gobierno defendió las auditorías asegurando que se realizan garantizando “trato digno, lenguaje accesible, ajustes razonables y apoyos” cumpliendo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en articulación con PAMI y ANSES para dar seguimiento a beneficiarios en situación de calle o internados en hospitales de salud mental.

Sin embargo, el propio descargo de ANDIS admite que en muchas localidades se tuvieron que usar espacios alternativos por la cantidad de personas citadas. Los legisladores citan casos de hoteles, clubes y salones de usos múltiples que fueron destinados a lugares de evaluación. El informe adjudica responsabilidad a la falta de colaboración de autoridades locales, a quienes endilga incluso "clausurar establecimientos seleccionados el mismo día de la auditoría, entorpeciendo las tareas y perjudicando a quienes supuestamente debían proteger".

Lo que sigue

Luego de las filtraciones de los audios que investiga la justicia, el gobierno decidió echar a Diego Spagnuolo y proceder a intervenir ANDIS. Fue designado Alejandro Vilches para revisar todas las cuentas y procedimientos de la anterior gestión, con apoyo de la Sindicatura General de la Nación.

Las inspecciones, además de la investigación sobre las presuntas coimas en la compra de medicamentos, quedaron bajo análisis distintas operatorias, como las prestaciones de Incluir Salud y la baja de las más de 111 mil pensiones por invalidez laboral mediante la auditoría. Versiones indican que el Ejecutivo analiza que el organismo pase a la órbita del Ministerio de Salud para mayor control.

En tanto avanza la investigación judicial y la auditoría interna, la oposición acusa al gobierno de estigmatizar a las personas con discapacidad bajo el argumento de la “depuración” de padrones, motivo por el que insiste con la ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei.