Balance 6 meses de Gestión Provincial

Seguridad

- La gran apuesta de gestión de Omar Perotti y su principal argumento de campaña fue, seguramente, la mayor decepción. Con 50 muertos en lo que va del año en nuestra ciudad, la estadística supera la del año pasado. La violencia narco en el sur, los desmanes y robos que proliferaron aún en contexto de pandemia, sonados casos de asesinatos de comerciantes a plena luz del día -y las consecuentes marchas de protesta-, y los reclamos por la inseguridad rural, están en las antípodas del concepto de “paz y orden” que se propiciaba. Los motines carcelarios, la crisis política por los presos en las comisarías, las purgas policiales y las altisonantes intervenciones mediáticas del ministro -incluso con acusaciones a los senadores- y su doble filiación -ya que también forma parte del plantel del Ministerio de la Acusación-, ayudaron a generar zozobra en una de las áreas más sensibles de la sociedad. El mega proyecto de ley de Seguridad y Reforma Policial es el objetivo central que la actual gestión espera dejar como legado, mientras nunca dejan de agitarse versiones de renuncia.

Gobierno

- Absorbiendo al otrora Ministerio de Justicia, y con un perfil bastante desdibujado para un área de ese nivel de trascendencia y exposición, debió gestionar consensos con el Poder Judicial, en el marco de postergadas reformas. También, pilotear y replantear las discusiones por la fallida mega ley de emergencia, y sus posteriores derivaciones de necesidad pública. Inició rondas de consulta con los partidos políticos y se vio sometida a una fuerte confrontación interna con Seguridad por la cuestión de los motines carcelarios y los presos en comisarías, que amenazó (¿amenaza?) con llevarse puestos a uno de los dos ministros a cargo, o a ambos. No obstante, la cartera fue clave para la sanción de leyes y el diálogo con la oposición en Diputados, tanto como con los propios legisladores del PJ, en el Senado.

Economía

- El área se vio jalonada por la discusión sobre el presupuesto que dejó la gestión anterior, y los números del déficit y de la deuda. Una discusión que habilitó la promoción de leyes de emergencia y también su monitoreo por parte de la Auditoría General de la Nación, cuyo informe, lejos de zanjar la discusión, sirvió para habilitar lectura contrapuestas. La posibilidad de obtener crédito en el exterior y la reforma tributaria no han mostrado todavía su viabilidad, en un contexto en que la pandemia consumió también los recursos votados por las leyes de necesidad pública.

El gobernador no quiso usar oportunamente el endeudamiento que le habilitó la ley de Presupuesto (a la que rechazó por provenir del gobierno anterior) y recién en abril -ya era más caro y difícil que en enero- se buscaron créditos bancarios, tras la sanción de la Ley de Necesidad Pública.

Del ministerio -que cuenta con una conducción prolija e idónea, aunque en un contexto adverso- debe decirse que sufrió el traspié de la temprana renuncia del secretario de Hacienda y que promovió créditos blandos para pymes y diferimientos impositivos.

En tanto, en Santa Fe ya no se habla de la deuda por coparticipación que se creó durante el kirchnerismo y que nunca honró el macrismo. El histórico fallo de la Corte Suprema (a días del cambio de gobierno nacional en 2015) sigue pendiente: al tema solo lo recuerdan la prensa santafesina y una parte de la oposición.

Salud

- En el epicentro de la atención y la expectativa pública por la gestión de la pandemia, el Ministerio debió gestionar la emergencia sanitaria del coronavirus, mientras el territorio se veía asolado por el flagelo del dengue. En este sentido, la solvencia técnica de líneas medias y la infraestructura hospitalaria existente, la actuación de un órgano externo de asesores expertos y el ajuste estricto a las pautas nacionales, vino a colaborar para sostener una andadura que, con las persistentes versiones que anticipaban la renuncia del ministro -concretada en los últimos días-, y algunas contradicciones en la comunicación, por momentos se volvió peligrosamente errática. En el interior fue clave la organización en los Comité de Emergencia que encabezan los senadores provinciales: allí se resuelven aspectos prácticos que desde los escritorios en la Casa Gris no se ven.

Se concretó la expropiación de un sanatorio privado que había cerrado, pero los proyectos de ampliar el Hospital de Niños y crear un Instituto del Cáncer quedaron hasta el momento como expresión de deseos. En tanto, no se logró desactivar la conflictividad con el personal médico y sus reclamos.

Distribución del voto de los santafesinos hace un año, departamento por departamento.

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Educación

- El período lectivo tuvo como prólogo el conflicto salarial con los docentes, en el marco de promesas de reestructuración y de renovación de paradigmas educativos, y discusiones por el funcionamiento de los institutos para enseñanza de adultos. La pandemia trajo consigo estrategias para remontar la situación, cargada de nuevas polémicas por la compra directa de los cuadernillos educativos distribuidos y la decisión de que alumnos repitentes puedan volver a rendir y tengan la chance de pasar de año. El gobierno anuncia un ambicioso Plan Vuelta a Clases, cuyas características aún se desconocen. Y el desafío de la conectividad aparece como la gran cuestión a resolver.

En tanto, a los docentes les llama la atención que sigan sin cubrirse cargos que requieren de cuadros técnicos preparados, y ponen como ejemplo el de la Regional IV aún vacío.

Obras públicas

- La falta de anuncios en otra área sensible se topó con el reclamo permanente del sector de la construcción por la reactivación de la actividad. La habilitación de instalaciones sanitarias para la atención de la pandemia ocupó prácticamente toda la agenda. Con respecto al otro tema central, luego de una serie de reclamos y negociaciones, se estaría por llegar a un acuerdo con los contratistas para el pago de las deudas atrasadas. Y se prevé un programa de desarrollo de infraestructura orientada a la provisión de agua potable en territorio provincial.

Servicios públicos

- El gobierno santafesino eligió sumar a la EPE a las empresas distribuidoras que no pagan la energía eléctrica que consumen, mucho antes de los efectos sobre la recaudación que causó la pandemia. Y aunque sus números no lo aconsejaban, optó por una intervención en lugar de un directorio con representación de las cooperativas y los trabajadores, que completará un año. A pesar de que los usuarios siguen pagandolo el Fondo de Electrificación Rural no lleva a cabo obras. En Aguas, el nivel de aportes del Estado Provincial está en su punto más alto, a pesar de que su recaudación es aceptable. Los planes de expansión se han paralizado.

Producción

- En el peor momento para el sector industrial en la provincia, el área debió gestionar y atender reclamos de incentivos. Con buenas perspectivas para la producción agropecuaria, la fuerte carga impositiva y el sostenimiento de las retenciones, en la que Santa Fe siempre lleva las de perder, añadieron conflicto a la situación. La amenaza nacional de recrear la Junta Nacional de Granos y los atentados contra silobolsas sumaron malestar, en tanto que el conflicto de Vicentin trazó una divisoria de aguas en el gabinete y la eventual renuncia del ministro.

El Estado provincial ya no asume en el país la defensa del biodiesel frente al lobby petrolero, a pesar de que Santa Fe concentra el 80% de su producción. Los productores de gas y petróleo avanzan sobre las energías verdes cada vez que pueden: tanto con el incumplimiento del corte en los combustibles, como con proyectos nacionales (como los colectivos eléctricos o el transporte de cargas con GNC) que compiten con las chances del B100, que parece haber sido abandonado por la Casa Gris.

Desarrollo social

- Ubicado en el centro más álgido de la demanda popular, el ministerio se ocupó principalmente de gestionar los planes nacionales: la tarjeta Alimentar y luego los vinculados a la asistencia en el marco de la pandemia. Las discrepancias con el programa Nueva Oportunidad de la gestión anterior aún no cuajaron en una nueva propuesta, y aparecen como desafíos la atención de los jóvenes excluidos del mercado laboral, los adultos mayores y la niñez.

Trabajo

- Con una impronta de fuerte trabajo territorial, tuvo a su cargo principalmente la gestión de los protocolos para habilitar actividades en los períodos de aislamiento y distanciamiento social. La adhesión a la ley de ART es propiciada, pero aún no tuvo sanción legislativa: el nuevo gobierno no quiso que avance el proyecto con media sanción del Senado del 4 de julio de 2019 y ahora se volvió a foja cero en la Legislatura.

La grave situación del trabajo no registrado, la delicada condición del mercado laboral y las empresas en procedimiento preventivo de crisis son los principales desafíos a abordar.

Cultura

- También abocada a la generación de protocolos para reactivar un sector paralizado por la crisis, alentó presentaciones vía streaming como paliativo. El anunciado programa cultural para este año quedó en suspenso -y a la vez en incógnita-, como así también el funcionamiento del Tríptico conformado en nuestra ciudad por La Redonda (cuyas instalaciones ahora sirven como mero depósito), El Molino y la Esquina Encendida, que arrancaron el año con la incertidumbre del personal contratado sobre su continuidad y normalización de los cobros de haberes.

Ambiente y cambio climático

- El ampuloso título añadido al ministerio configura una declaración de principios y de objetivos aún sometida a la coyuntura, y que en lo que permitió evaluar el curso de los acontecimientos, mereció no pocas críticas por escasa o no del todo eficaz acción. Las principales medidas pasaron por la limpieza de residuos dejada por la bajante del río, y el combate a los incendios de pastizales en el sur de la provincia, sin que se haya atinado a anticiparlos o prevenirlos.

Género y diversidad

- La amplitud temática del área -que no tiene rango ministerial- se vio jalonada por la implementación de la ley Micaela, de capacitación de funcionarios y personal del Estado; el programa que involucra a las farmacias en la lucha contra la violencia de género; y la habilitación de una subsecretaría específica destinada a abordar la situación en la Policía.