Tensión en Diputados durante el inicio del debate de la Ley de Soberanía

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo.

Hubo exposiciones de integrantes del Gobierno que explicaron los principales lineamientos de la iniciativa, que tiene por objeto establecer un régimen integral destinado a proteger los derechos soberanos de la Argentina.

“La iniciativa constituye un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, señala la iniciativa impulsada por Javier Milei.

La jornada no estuvo exenta de polémicas, con cruces fuertes e insultos entre legisladores de la oposición y el oficialismo, donde debió intervenir personal de seguridad de la Cámara. También hubo chicanas entre legisladores de la izquierda y la oficina de respuestas del Gobierno.

Cruces entre oposición y oficialismo

El diputado de Unión por la Patria, Juan Gabrois, increpó a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza en defensa de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y lanzó: "Tienen la Corte (Suprema) comprada", en referencia al reciente fallo sobre la extranjerización de tierras.

"Tienen todo comprado", insistió y luego agregó: "Dejen hablar a los que tienen que hablar". Inmediatamente, recibió respuestas de parte de los legisladores del oficialismo que lo acusaron de provocador. La situación derivó en la intervención del personal de seguridad de la Cámara y, posteriormente, el levantamiento de la sesión.

Grabois no se quedó callado y en su cuenta de la red social X aseveró: "Estos hijos de puta infames admiradores de (Margaret) Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo" porque "lo intolerable no hay que tolerarlo".

El accionar de Grabois provocó la respuesta del presidente Javier Milei a través de X afirmó: "Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...".

Otro cruce se dio en redes se dio sobre la intervención de la diputada de izquierda Romina del Plá que nombró a las islas como Falklands, a lo que la Oficina de Respuesta del Gobierno respondió "Es FALSO... Las Islas Malvinas se llaman Malvinas. En todos los idiomas".

Exposiciones de funcionarios

En la reunión conjunta, Paula Tadei, en representación de la Secretaria Legal y Técnica, explicó que “el proyecto procura dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente, coordinado y eficiente para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales y los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a amenazas a nuestra soberanía”.

“La disposición transitoria primaria de la Constitución Nacional establece que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y de sus espacios marítimos e insulares correspondientes, así como el ejercicio pleno de la soberanía, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino en cuya representación nos encontramos hoy acá”, dijo.

En este marco, Tadei resumió que “el proyecto de ley que enviamos es una materialización concreta de ese mandato constitucional”.

Posteriormente, Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, explicó que “la ley 26.659 estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con los hidrocarburos, mientras que este proyecto amplía su ámbito de aplicación material a cualquier actividad relacionada con recursos naturales renovables o no renovables”.

“Esto quiere decir que cuestiones como la pesca no autorizada por el gobierno argentino o la minería no autorizada por el gobierno argentino, quedan dentro del ámbito de aplicación de la ley, que esto era algo que en la actualidad no ocurría y es uno de los principales cambios que introduce esta nueva ley”, añadió.

Otro punto central, según explicó Stampalija, es que “se reemplaza la inhabilitación administrativa por un régimen de varias sanciones que no solo incluyen la inhabilitación, sino también la multa y la cancelación de inhabilitaciones”.

“Las multas y la graduación de estas multas está medida en barriles de petróleo. Hoy la multa más alta que hay en el proyecto nos llevaría (con un valor del barril que hasta ayer estaba a más o menos 89 dólares) a un monto cercano a los 45 millones de dólares de multa”, estimó el funcionario.

“Ese sería el monto más alto y creemos que es apropiado por los montos de las inversiones que están en juego y para lograr lo que es el efecto verdadero y lo que busca la ley, que es proteger los recursos”, declaró.

Posteriormente, el General Jorge Puebla, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, defendió que se trata de “una oportunidad para hacer una actualización de la ley de Defensa y de tener una visión hacia los próximos 40 años de nuestro país vinculado con el rol de las Fuerzas Armadas”.

“Por delante tenemos otro país que todos sabemos que tenemos recursos energéticos, que tenemos minerales, que tenemos ganadería, eso nos constituye en un objetivo de escala geopolítica”, dijo.

En este sentido, el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares aseveró que, “en estos 44 años de democracia, creo que las Fuerzas Armadas han hecho una muestra de ser Fuerzas Armadas democráticas”. “Los invito a confiar en las Fuerzas Armadas y a confiar en que necesariamente debemos dar este debate para modificar algo que es sumamente restrictivo para el planeamiento, para la educación, para el desarrollo de las Fuerzas Armadas que necesitamos para los próximos 40 años”, expresó.