Pablo Farías sobre la situación de las pymes: “Las inversiones no derraman por sí solas”

Pablo Farías fue electo diputado nacional en las legislativas de 2025, y desde marzo preside la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas; un grupo de trabajo que, a la luz de los datos que la tendencia que se fue afianzando en el transcurso del año, resultó clave.

Por esa comisión y la de Comercio que sesionó en ocasiones en forma conjunta (preside el cordobés Juan Brügge) pasaron referentes de distintos sectores de la economía: cámaras nacionales y federaciones provinciales, el sector textil, autopartista, energía, producción láctea, remises y comercio exterior, por mencionar algunas.

Para mediados de este mes está previsto presentar un monitor pyme y para el 17, avanzar en un dictamen que luego sea llevado para su debate al recinto.

Mientras tanto, hay cinco puntos que condensan las propuestas del socialista para el sector: un año sin embargos ni juicios de Arca para las pymes que mantengan al menos 90 % de su planta de personal; planes de pago accesibles; estabilidad fiscal por 24 meses sin nuevos impuestos nacionales ni aumentos de alícuotas; menos anticipos de Ganancias, y pago en término por parte del Estado nacional a pymes proveedoras.

Sobre todos estos temas, el diputado nacional dialogó con El Litoral.

- ¿Qué panorama tiene de la situación pyme de acuerdo al trabajo que estuvo liderando desde la comisión?

- Por ser una experiencia absolutamente nueva para mí, no solo la participación en una comisión legislativa nacional, sino en la presidencia de esa comisión. Lo tomé como una gran responsabilidad para que sea un espacio de articulación con el sector.

Es una comisión específica; estoy acostumbrado a comisiones legislativas mucho más amplias, de hecho que estaba en Asuntos Constitucionales y Legislación General (en ocasión de integrar la Cámara de Diputados de la provincia).

Al ser tan específica, me involucro con las cámaras representativas a nivel nacional y de las provincias, con lo cual rápidamente la comisión tuvo una agenda muy amplia y una actividad de mucha regularidad. Se podría decir que ese es el lado “positivo” que, incluso, tuvo reconocimiento de los sectores que participaron.

También se ha logrado un equilibrio en las reuniones de manera que estén representados todos los sectores, más que nada de aquellos que necesitan ser escuchados por los que tienen una posición cercana al gobierno nacional.

Pero lo cierto es que estamos en una suerte de callejón sin salida para la mayoría de los planteos, particularmente de las pymes y de las microempresas.

- ¿Por qué?

- Porque en el proceso que se está dando en las políticas del gobierno no se las tiene en cuenta y eso se nota. Los datos duros de la microeconomía, como les gusta decir a los economistas y sobre todo al gobierno para diferenciarlo de la macro, pero también los de la macro, no los están favoreciendo. De hecho, tenemos una caída de la actividad económica ya por un segundo trimestre que, para la mayoría de los economistas, demuestra que técnicamente estamos entrando en recesión.

La caída del consumo es muy pronunciada y la razón por la cual la gente no tiene dinero para consumir es clara: en gran parte lo destina a los gastos fijos, que han aumentado por sobre la inflación y también por el endeudamiento, que es una realidad que nos golpea muy fuerte.

De esa realidad y de las posibles iniciativas legislativas que existen, no hubo posibilidad de avanzar con representantes del gobierno y se nos acaba el período ordinario de sesiones (el 30 de noviembre).

Por lo cual nos pusimos la fecha del 17 de noviembre como límite para llamar a dictaminar sobre esos proyectos.

- ¿En qué línea van?

- Básicamente, tienen que atender a la situación coyuntural más compleja de las pymes. Insisto mucho con el tema del alivio fiscal y, sobre todo, con la actitud del ARCA de asfixia y casi de ensañamiento con el sector pyme: el promedio de inicio de acciones judiciales no supera los 30 días desde los vencimientos impositivos hasta el inicio de las acciones y esto, para el sector pyme, es tremendo porque no hay crédito o el que hay es muy escaso, muy caro y no hay excedentes financieros para empresas que no tienen buenos niveles de venta.

Además, hay proyectos más amplios, como de emergencia para pymes. Los vamos a poner a consideración para dictaminar; vamos a tratar de tener un dictamen lo más unificado posible para que reúna la mayor cantidad de firmas y salga de la comisión.

Otro tema recurrente en todas las reuniones es el contrabando. Todos los sectores aseguran que ingresa una enorme variedad de productos con mucha facilidad. Incluso afirman que registran activaciones de líneas de dispositivos de telefonía celular, que son importados y que no ingresaron legalmente. Es un problema generalizado que hay que atender.

- ¿El “paraguas” de todos esos proyectos sería una emergencia? Porque son muchos aspectos los que se tienen que abordar.

- El de la emergencia es un problema político; el gobierno no quiere una emergencia por ley. Pero declarándola o no, hay normas que son imprescindibles para detener los embargos y las inhibiciones, extender el plazo exiguo que hoy otorga ARCA para los pagos y regular las tasas. Porque las empresas se encuentran con planes de pago a 12 meses con tasas del 37 ó 38 %, por encima de la inflación y eso no tiene ningún sentido.

- Estás presidiendo una comisión que aborda un tema clave de la economía en estos tres años de gestión, tanto porque el gobierno nacional puso en primer plano el programa económico, como por los efectos que se observan en las pequeñas empresas y en la microeconomía. La inflación bajó pero el dinero no llega a manos de la gente y las empresas pequeñas no tienen las mismas herramientas para defenderse que las grandes.

- Es un lugar clave y por eso el esfuerzo que estamos haciendo para lograr un resultado, aunque es muy difícil con un gobierno que no está dispuesto a moverse de su discurso.

Ayer (por el jueves) pasó algo muy sintomático: la provincia organizó junto al gobierno nacional una ronda de negocios o feria de las empresas que están con RIGI aprobados y pymes. Hubo una concurrencia importante; obviamente las pymes quieren ver si pueden insertarse en esta economía.

Lo sintomático es que a esta actividad la organizó el Estado, con lo cual es indudable que su papel es fundamental para generar estos vínculos; no suceden naturalmente. Es un contramensaje al mensaje libertario de que, mágicamente, la sola existencia de las inversiones del RIGI van a derramar. Pero no lo van a hacer, tampoco Vaca Muerta en Neuquén. Claramente el Estado tiene que hacer algo y la ley tiene que exigir estas acciones.

Desde Santa Fe se está promoviendo esa inserción, el Estado está haciendo un esfuerzo que seguramente va a beneficiar a muchas empresas y ojalá eso suceda.

Pero lo que no estamos viendo es que eso vaya a tener un impacto de escala en el problema de la cantidad de pymes que se caen por día. Es cierto que es un proceso que lleva una década porque es parte de un problema estructural del país, pero se ha acelerado tremendamente en los dos últimos dos años y medio.

- ¿Se está trabajando en espejo con el Senado?

- El Senado está trabajando en proyectos con los cuales abrigamos una leve expectativa de que venga una media sanción que podamos compatibilizar con lo que estamos reclamando desde la comisión Pyme.

Es cierto que los tiempos no nos juegan a favor, porque si esto llega sobre el límite de las ordinarias y producimos una modificación que requiere una devolución al Senado y el tema no lo incluye el Ejecutivo en extraordinarias, vamos a pasar a marzo. Y es mucho tiempo para las empresas.

- ¿Cuál es el último registro que tienen de cierre de pymes?

- En términos generales, está claro que hay una caída y en ese diagnóstico coinciden todas las fuentes, pero hay diferencia en los datos.

Las cifras con las que contamos demuestran que cada 24 horas, 30 empresas cierran en la Argentina y desde fines de 2023, 98 de cada 100 empresas que dejaron de tener empleados, eran pymes.

En Santa Fe también se siente el impacto: hay 15.930 empleos menos y el 89 % de los puestos perdidos eran de pymes.

En términos generales, todos coinciden en el diagnóstico, pero estoy trabajando con el grupo que me asesora para compendiar toda la información y presentar un monitor pyme de la comisión, posiblemente para mediados de noviembre.

Igual, desde cualquier punto de vista y tomando el monitor que sea o el indicador que consideremos más importante, la situación siempre es grave.

Más allá del fundamentalismo que en estas cosas tiene el gobierno nacional de no querer moverse de su discurso, la realidad indica que el Estado va a tener que hacer algo, porque las inversiones no derraman por sí solas.