La renovación de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación encontró un nuevo escollo en el Congreso, donde a la vez se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre el oficialismo y la oposición, sobre la base de la disputa por la distribución de los cuatro lugares que corresponden a cada una de las cámaras.
Se renueva en noviembre
Se desata la disputa en el Congreso por el Consejo de la Magistratura
Luego de las elecciones de jueces y abogados, ambas cámaras deben definir a los cuatro representantes de cada una, que asumirán el 18 de noviembre. Un movimiento en el bloque justicialista del Senado complicó el escenario y podría llegar a la Justicia.
No es para menos ya que, además de un apetecible botín político, se trata de el nivel de ingerencia que cada fuerza vaya a tener nada menos que en el organismo clave para la selección y remoción de jueces, en momentos en que además se lleva adelante un acelerado proceso de cobertura de vacantes, y no escasean las impugnaciones a magistrados en causas de alto impacto institucional.
La disputa estalló en el Senado a partir de la incorporación del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista. Hasta el viernes, el peronismo y LLA tenían 21 senadores cada uno y mantenían una situación de virtual empate.
Con la llegada de Rejal, el Justicialismo pasó a ser la primera minoría y José Mayans se prepara para utilizar ese nuevo escenario para reclamar dos de los cuatro lugares correspondientes al Senado.
Contando las bancas
En realidad, el bloque oficialista hoy cuenta con 20 miembros, tras la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto. Su suplente, Claudia López, tendrá que jurar en la próxima sesión para que vuelvan al número de 21. Pero aún así, será uno menos que la parcialidad justicialista, que ahora llega a 22.
Según se prevé, la movida será impugnada por la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, quien cuestionará que un cambio en la composición parlamentaria producido a último momento pueda utilizarse para alterar el reparto de representantes en el Consejo de la Magistratura.
En el oficialismo consideran, además, que existe un antecedente demasiado cercano como para ignorarlo: la maniobra de 2022 mediante la cual el entonces oficialismo kirchnerista dividió su bancada para quedarse con tres de los cuatro representantes del Senado en el organismo.
Ese año, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner dispuso la división del bloque del Frente de Todos, que contaba con 35 senadores, en dos espacios: el Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y Unidad Ciudadana, con 14.
La maniobra permitió que el oficialismo obtuviera tres de los cuatro representantes del Senado en el Consejo (dos como primera minoría, y uno más como tercera). Fueron designados Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, mientras que el lugar que reclamaba el entonces senador del PRO Luis Juez quedó en el centro de la controversia.
La pelea terminó en la Corte Suprema, que rechazó la maniobra y ordenó que Juez asumiera en el Consejo. Sobre esa base, el oficialismo sostiene que no permitirá que una modificación de bloques diseñada en función del Consejo vuelva a utilizarse para alterar la representación parlamentaria.
La definición final sobre la distribución de las bancas del Senado quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien deberá determinar qué bloque representa la primera minoría y cómo se aplica el criterio de reparto.
Danza de nombres
Según consigna NA, mientras se define la pelea por la distribución de las bancas, el peronismo ya puso sobre la mesa dos nombres: Eduardo "Wado" de Pedro y Sergio Uñac.
LLA, en tanto, analiza postular a la senadora Nadia Márquez y a Belén Montes de Oca, mientras que el cuarto lugar aparece todavía atravesado por la interna radical.
En la UCR aún no está definido si continuará Eduardo Vischi o si la candidatura recaerá en Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la Comisión de Acuerdos y uno de los radicales con mayor participación en cuestiones vinculadas al Poder Judicial.
La disputa se replica en la Cámara de Diputados, aunque con una relación de fuerzas diferente.
LLA reclamará dos de los cuatro lugares en su condición de primera minoría y busca renovar el mandato de Gonzalo Roca, quien asumió en diciembre en reemplazo de la radical Roxana Reyes. También aparece como posible candidato el santafesino Nicolás Mayoraz.
El peronismo, por su parte, pretende conservar dos lugares, aunque el nuevo escenario parlamentario amenaza con dejarlo con uno solo. Allí también comenzó una pulseada interna para definir quiénes serán los representantes.
Entre los nombres que circulan aparecen los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, mientras que desde otros sectores del peronismo también busca espacio el Frente Renovador.
En paralelo, Álvaro González pretende conservar su banca y espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, el MID y Adelante Buenos Aires, que integran el interbloque Fuerzas del Cambio.
Estado de situación
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo cuenta además con ocho legisladores -cuatro diputados y cuatro senadores-, cuatro jueces, cuatro abogados, dos representantes del ámbito académico y un representante del Poder Ejecutivo.
Los mandatos duran cuatro años y durante este proceso deben renovarse los representantes del Congreso, los abogados, los jueces y el sector académico.
La elección de los abogados ya definió a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene, mientras que por el estamento judicial ingresarán Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro.
El proceso de recambio de los distintos estamentos del Consejo comenzó en marzo pasado, cuando el abogado y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea, fue elegido por sus pares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para representar al estamento académico en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La segunda banca académica todavía está pendiente de definición, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo presentado.
El organismo volvió a tener 20 integrantes, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional, en diciembre de 2021, la integración de 13 miembros establecida por la ley 26.080 y ordenara regresar a la composición prevista en la ley 24.937.
En 2026 terminan los mandatos de prácticamente todos los representantes que llegaron al organismo para el período 2022-2026. Las excepciones son la de Horacio Rosatti, cuya permanencia deriva de su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, que representa al Poder Ejecutivo y fue designado este año por el gobierno de Javier Milei.
Sobre el Autor
#TEMAS:
