Vuelven a poner en foco el debate sobre la selección de los jueces

Carlos Rosenkrantz volvió a instalar en la agenda institucional el debate sobre la selección de los candidatos a jueces federales, en momentos en que avanza la cobertura de vacantes y se renueva la composición del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de ese procedimiento.

El ministro de la Corte nacional insistió en la necesidad de modificar el reglamento de concursos y cuestionó especialmente la posibilidad de que las entrevistas personales alteren el orden de mérito sin una justificación explícita.

Fue durante una jornada organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el magistrado retomó los argumentos que viene sosteniendo junto con Ricardo Lorenzetti desde marzo, cuando ambos impulsaron, mediante la acordada 4/2026, un proyecto integral de reforma del sistema de selección de magistrados.

“La calidad del Poder Judicial depende de la calidad de su peor juez”, sostuvo Rosenkrantz, para explicar por qué, a su entender, no alcanza con mejorar el promedio de los candidatos que llegan a ocupar cargos judiciales: también es necesario impedir que accedan a la magistratura quienes no reúnen condiciones suficientes de idoneidad.

El planteo adquiere particular relevancia por el momento en que se produce. El Consejo de la Magistratura se encamina a renovar su composición, con el recambio de representantes de los distintos estamentos, y los nuevos integrantes deberán intervenir en la definición de las reglas que determinarán cómo se seleccionarán los magistrados durante los próximos años.

Se trata de un momento en que el gobierno nacional imprimió un ritmo acelerado a la cobertura de vacantes, luego de años de retraso. Por eso, el funcionamiento del organismo que tiene a su cargo los concursos, la elaboración de ternas, la administración del Poder Judicial y los procedimientos disciplinarios, incide directamente en el funcionamiento de la Justicia federal.

En ese escenario, la propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti, si bien se asienta sobre bases técnicas al priorizar criterios de mérito objetivos y mensurables, abrió un debate sobre las atribuciones del Consejo, la influencia de la política y el margen de decisión de sus integrantes.

Cambio de criterios

La iniciativa de Rosenkrantz y Lorenzetti está contenida en la acordada 4/2026, aprobada el 25 de marzo y presentada públicamente cinco días después. Se trata de un proyecto de cien artículos que propone reemplazar integralmente el reglamento de concursos vigente, aprobado por el Consejo de la Magistratura en 2014 mediante la resolución 7/14.

El punto de partida es un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento de los concursos.

Para los ministros de la Corte, el sistema vigente permite que factores ajenos a la idoneidad tengan una incidencia excesiva en la conformación de las ternas y que la trayectoria administrativa dentro del Poder Judicial pueda recibir una valoración superior al rendimiento académico y al mérito profesional efectivo.

La discusión más sensible está puesta en las entrevistas personales. En el régimen actual, esa instancia permite que los consejeros modifiquen sustancialmente el orden de mérito que surge de las evaluaciones técnicas, sin que exista una obligación de explicar con precisión por qué un postulante que obtuvo una calificación inferior termina desplazando a otro que había conseguido mejores resultados.

Ese es, precisamente, el mecanismo que Rosenkrantz cuestionó en su última exposición.

«A los jueces se nos exige, con toda razón, justificar cada decisión que tomamos, respecto de cualquier justiciable y cualquiera sea la importancia del pleito. Al Consejo, que decide quién va a juzgar a miles de personas durante 30 años, no se le exige justificar por escrito por qué alteró un orden de mérito. No se me ocurre cómo defender esa asimetría», sostuvo.

La recepción del proyecto, que Horacio Rosatti no firmó invocando ser a la vez presidente del Consejo de la Magistratura, recibió objeciones de parte de algunos de los consejeros, que rechazaron darle un tratamiento express y a libro cerrado. Máxime cuando en el ámbito del propio organismo ya estaban en estudio unas treinta iniciativas de reformas.

En ese sentido, el proyecto “todavía está siendo considerado” por el Consejo. El organismo cambia sus integrantes el 18 de noviembre y es probable que hasta el próximo año no considere esta propuesta del máximo tribunal.

Como sea, Rosenkrantz no confió en que los cambios reclamados se produzcan en el corto plazo. “Reducir la discrecionalidad cuando la reducción depende de quienes la disfrutan es muy difícil”, chicaneó. Y completó: “Es parecido a esperar que las reglas electorales las cambien quienes fueron elegidos de acuerdo con esas reglas”.

Exhortación a los abogados

Rosenkrantz también puso el acento en el bajo nivel de participación registrado en las elecciones del 20 de octubre. Según los datos que mencionó, concurrió a votar apenas el 18,5% del padrón de abogados habilitados.

Para el ministro, esa situación implica que una proporción muy reducida de los profesionales terminó definiendo la mitad de la representación de la abogacía en el organismo.

El juez recordó que el Consejo tiene 20 miembros: el presidente de la Corte, cuatro jueces, ocho legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, dos académicos y cuatro abogados. Con cuatro bancas, la abogacía es el segundo bloque del cuerpo y una pieza necesaria para alcanzar los dos tercios que exigen las ternas. “No es una representación simbólica. Es decisiva”, dijo el juez de la Corte.

Según Rosenkrantz, los abogados aportan más que ningún otro estamento a elegir a un buen juez: “Son los únicos que ven a los jueces trabajar todos los días y desde el otro lado del estrado. Saben cuál llega preparado a la audiencia y cuál no; cuál leyó el expediente; cuál resuelve en plazo; cuál escucha; cuál trata con dignidad a la gente”.

El ministro de la Corte cerró con una fuerte exhortación a los abogados, en el sentido de que la próxima vez vayan a votar; que, antes de hacerlo, le pregunten a cada lista qué se propone hacer en los concursos; y que, si el reglamento no se modifica según la propuesta de la Corte, les exijan a sus consejeros que expliquen cada vez que alteren un orden de mérito.