Sin resignar la potestad de su Poder Judicial, la Provincia de Santa Fe sancionó una norma por la que se adhiere a la Ley Nacional de Crimen Organizado N° 27.786, que busca endurecer sanciones y brindar herramientas para su persecución.

No hubo ningún voto en contra, ni abstenciones en la Cámara alta para apoyar la norma sobre organizaciones criminales. El gobernador Pullaro, que fue parte de los expositores en las comisiones del Congreso, dijo que "el garantismo le hizo mucho daño al país".

Sin resignar la potestad de su Poder Judicial, la Provincia de Santa Fe sancionó una norma por la que se adhiere a la Ley Nacional de Crimen Organizado N° 27.786, que busca endurecer sanciones y brindar herramientas para su persecución.
A diferencia de la media sanción de la norma nacida en Diputados, en la Cámara alta de la Legislatura provincial la llamada "Ley Antimafias" logró la unanimidad al momento de la sanción de la adhesión, que el gobernador Maximiliano Pullaro apoyó con declaraciones a la prensa.
En la forma como la Provincia se suma a la norma se deja a salvo la competencia de los tribunales santafesinos para entender en estas causas pero se deja abierta la posibilidad de efectuar labores coordinadas con el Poder Judicial de la Nación y también entre los fiscales de ambas jurisdicciones.
Los senadores aprobaron la ley con discursos que destacaron el cambio de paradigma que se espera produzcan esta y otras normas. Los cañones del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig y de los demás senadores del oficialismo mostraron a la corriente del "garantismo" como la contracara de los objetivos que ahora se buscan asegurar.
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo Borla, destacó que se buscan -entre otras novedades- abrir las puertas para los "allanamientos exprés" y facilitar los decomisos para dañar las bases económicas de esas organizaciones.

La Cámara autorizó a hablar en el recinto a la diputada Ximena Sola, autora de la iniciativa. Puso el acento en que mientras sus pares mantuvieron fuertes diferencias entre oficialismo y oposición en la votación que acababa de celebrarse había unanimidad. Michlig más tarde lo explicó: en esta Cámara "siempre buscamos dialogar, dialogar y dialogar", acaso también para explicar los meses que habían pasado con el proyecto en poder de las comisiones.
La media sanción de los diputados se produjo en julio del año pasado, con la ley nacional muy fresca, producto de un mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que el gobernador Pullaro apoyó decididamente en tiempos en que era ministra de Seguridad la actual senadora Patricia Bullrich.
Como antes Borla, Sola expresó que "con decisión política es posible atacar a las mafias" y subrayó que la ley nacional -a la que ha adherido Santa Fe este jueves 19- incluye "todos los aportes" que, en las comisiones del Congreso de la Nación, fueran formulados por el gobernador Pullaro junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

"No es una norma autoritaria", dijo la diputada que fue aplaudida por los senadores. En otro momento de la sesión, Joaquín Gramajo, (Unite-Unidos-9 de Julio) advirtió a los jueces "que no son garantistas, sino que se abusan de la garantía" a la defensa, necesaria en todo juicio. Les reclamó hacer "una interpretación exegética de la norma", es decir, en su exégesis o bajo la idea de respetar las palabras con que fue redactada la ley.
Un parte de prensa oficial subraya que para el gobernador Pullaro y el ministro de Seguridad "esta iniciativa representa una señal clara, nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas".
El mismo comunicado destaca que en la visión de la Casa Gris "el garantismo le hizo mucho daño al país". Entre los principales alcances de la ley se destacan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.
De esta manera, Santa Fe "busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento".