Diputados convocará a expertos internacionales por la ley de lobby

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Nicolás Mayoraz (LLA) informó que se convocará a una nueva reunión informativa sobre el proyecto que apunta a regular la actividad del lobby. Y que en ella se invitará a expertos internacionales, sobre todo de países que han legislado sobre el tema.

Fue al final de un plenario de esa comisión y la de Legislación General, en la que participaron representantes de distintas organizaciones, asociaciones e instituciones que habían quedado pendientes del encuentro anterior.

El plan inicial del Gobierno era dictaminar este miércoles e incluir el proyecto en el temario de la sesión prevista para el 24 de junio, en paralelo a la ley de Súper RIGI, pero la propia Casa Rosada avaló ponerle un freno y bajó las expectativas.

Cambio de marcha

La idea de las autoridades era avanzar a máxima velocidad para cumplir el compromiso asumido por el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de alinearse a sus recomendaciones sobre integridad pública y lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el texto presentado suscitó el rechazo transversal y casi unánime por parte de los expositores de la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresarias que participaron de la segunda reunión informativa el miércoles pasado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Según recoge el sitio especializado Parlamentario, Leandro Mora Alfonsín, director Ejecutivo de Argencon, que nuclea a empresas de la economía del conocimiento, apoyó que se avance "hacia un marco normativo moderno que brinde claridad y previsibilidad a las interacciones entre el sector público, privado y la sociedad civil es un paso adelante".

Sin embargo, planteó "oportunidades de mejora" al texto del PEN. En tal sentido, sugirió "precisar lo que es gestión de intereses y gestor de intereses" ya que "si no hay una delimitación clara, la norma puede identificar de manera individualizada a beneficiarios de gestiones que, por su naturaleza, persiguen objetivos de alcance colectivo".

Sobre "la inscripción obligatoria en el registro público", Mora Alfonsín consideró que esto "no debe convertirse en una matrícula obligatoria que obstaculice la actividad o, pero aún, desincentive la participación ciudadana". "La norma no debería trazar una diferencia operativa de exigencias o criterios regulatorios entre nacionales y extranjeros", advirtió.

A su vez, sumó que "la criminalización de estas conductas resulta desproporcionada y contraria a las tendencias regulatorias globales. No hay precedentes regionales de esto, ningún régimen en América Latina impone penas de prisión por la gestión de intereses".

Advertencias

A su turno, Martín Reydó, director Ejecutivo de Fundar, opinó que el proyecto "tiene un título chileno, pero un contenido que se parece más al de El Salvador o de Hungría". Observó que, de aprobarse esta norma, "todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario" y cuestionó "las sanciones punitivas desproporcionadas" y "la asfixia burocrática que cae sobre las ONG's". "Sesga la interacción entre legisladores opositores y ONG's que quieran argumentar o aportar evidencia para oponerse a proyectos del Ejecutivo", alertó.

También criticó que "el proyecto asocia de forma espuria la cooperación internacional en derechos humanos, ciencia o transparencia con la representación de intereses extranjeros que dañan la soberanía nacional". "Puede estigmatizar o neutralizar a organizaciones y también al periodismo independiente", agregó.

Gustavo Corradini, director de Servicios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), señaló que desde la asociación mantienen "de manera habitual instancias de diálogo con el sector público para aportar información técnica, evidencias y propuestas que mejoren las políticas que afectan nuestro sector" y "ADIMRA acompaña el objetivo de fondo de este debate", no obstante, señaló puntos conflictivos de la propuesta.

Dijo que "exigir que declaremos beneficiarios finales en muchos casos es inaplicable y puede comprometer la confidencialidad de nuestras empresas asociadas. Este proyecto no contempla la figura del beneficiario colectivo", observó.

Riesgos

Mijael Kaufman Falchuk, cofundador de la asociación civil Consciente Colectivo, ejemplificó que "una organización ambiental con cooperación internacional que habla con un diputado sobre glaciares, bosques o litio puede enfrentar tres años de prisión, no por corrupción, sino por hablar de temas ambientales y no tener un número de registro. ¿Pero qué le sucede al funcionario? Solo falta grave".

"Este proyecto genera algo muy concreto: miedo. Miedo a participar, a involucrarse", advirtió y se preguntó: "¿Quién sale más protegido con esta ley? ¿La ciudadanía o el poder?".

En tanto, Gabriela Lozano, directora Institucional de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), recordó distintas leyes sobre salud -como la que declaró los ambientes libres de humo o la de etiquetado frontal- para sostener que "muchas de las transformaciones que mejoran la vida de las personas nacen de la capacidad de la sociedad civil para participar en los asuntos públicos".

"La sociedad civil busca aportar conocimiento, experiencia territorial, evidencia científica y perspectivas que enriquecen el debate democrático y ayudan a construir mejores políticas públicas", defendió y afirmó que "este proyecto atenta contra la democracia y la participación".

Qué dice el proyecto

Con la iniciativa para regular el "lobby", que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Sin embargo, un variopinto arco de organizaciones advirtió que hay problemas de delimitación en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.