La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, dará su informe de gestión correspondiente a 2025, el próximo jueves 9 de abril, a las 10, en el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

Cada año, la conducción de los fiscales publica un resumen estadístico y conceptual de su actuación. Esta vez, esos encuentros tendrán el marco de la norma a debatir para el Ministerio Público creado por la Constitución.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, dará su informe de gestión correspondiente a 2025, el próximo jueves 9 de abril, a las 10, en el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
Allí se expondrán las estadísticas y habrá también preguntas sobre los conceptos de fondo de la conducción del órgano acusador, que ahora es parte (junto al Ministerio Público de la Defensa) del Ministerio Público creado por la Constitución como "un órgano independiente de los poderes del Estado con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera".

La Convención Reformadora dejó sentados cambios de fondo en la arquitectura institucional de Santa Fe y esta semana se han advertido problemas propios de la transición. Acusación y Defensa gozan de autonomía en sus decisiones desde siempre, pero ahora también en la gestión administrativa y la autarquía financiera que era vista al depender del Poder Judicial como un posible condicionante.

Días atrás, Vranicich se quejó como la Corte decidió cambiar el destino del edificio anexo de tribunales de Santa Fe, y consideró "inaplicable e institucionalmente inaceptable" esa decisión, en el proceso de emancipación que ordena la Carta Magna. Habló incluso de judicializar su reclamo.
Acaso por esas tensiones -y porque el Senado Provincial tiene todos sus esfuerzos actuales en avanzar con el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades (ya no de comunas) también por la reforma constitucional-, los senadores del oficialismo convocaron para dentro de algo más de un mes el acto formal de presentación del informe del MPA, que finalmente habla de lo sucedido el año pasado.

Es cierto que usualmente es durante mayo (o junio) la presentación del informe dispuesto por el artículo 7 de la Ley 13.013, pero también que también que allí se dispone que sea durante el primer mes del período ordinario de sesiones esa exposición. Otra vez, por la reforma de 2025 la actividad plena de la Legislatura comienza el 15 de febrero, en lugar del 1ro de mayo.
Los cambios normativos a que obliga el nuevo texto constitucional están en parte en sus cláusulas transitorias. Y entre ellas, la 16ta que ordena a los legisladores "una ley debe contemplar todas aquellas medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del Ministerio Público".
Manda que allí debe resolverse "el uso asignado y el destino de los inmuebles, espacios, oficinas, los bienes muebles y demás equipamiento que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución estén afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de Defensa Penal no podrá ser modificado sin la conformidad del Ministerio Público".
La cláusula siguiente, sobre el destino de los empleados, también puede ser otra fuente de diferencias en este proceso en el que se ha diseñado un nuevo "órgano independiente" de los demás poderes, de manera que las demás oficinas que asisten a los fiscales lo sean. "Una ley debe contemplar el plazo, las pautas del traspaso y la protección del derecho a la carrera" de los integrantes del Poder Judicial que pasan a Defensa y Acusación, indica ese apartado.