La fiscal Paula Ochoa pidió nuevas medidas de prueba para establecer si se utilizaron fondos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de Argentina. El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Flávio Bolsonaro: piden pruebas sobre el posible financiamiento estatal de su fuga
La fiscal Paula Ochoa solicitó medidas ante María Eugenia Capuchetti para determinar si el Gobierno argentino aportó recursos para facilitar el viaje a Estados Unidos.

La investigación apunta a reconstruir el paso del excandidato presidencial brasileño por Puerto Iguazú, desde donde viajó a Miami. De acuerdo con la información difundida por la agencia NA, había abandonado su país pese a una prohibición judicial para salir del territorio.
El recorrido bajo investigación
Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal N° 5, ya había dispuesto medidas preliminares para preservar registros del trayecto. Entre ellas, ordenó conservar las imágenes de las cámaras de seguridad del cruce fronterizo, su paso por Migraciones y el aeropuerto de la ciudad misionera.

La magistrada también solicitó información a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si existía alguna alerta o restricción vigente sobre el dirigente. El pedido de Ochoa busca avanzar sobre otro punto: el eventual uso de recursos estatales para facilitar el traslado.
La denuncia y los señalados
El expediente se abrió a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei. El denunciante confirmó a NA que luego amplió la presentación e incluyó al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien atribuyó la coordinación del viaje.
La ampliación también alcanzó a Jorge Omar Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá, y a Orlando Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General de esa entidad. En paralelo, la Justicia de Misiones desestimó otra denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

Las causas en Brasil
Bolsonaro salió de Brasil junto a su esposa y sus dos hijas después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. En su país enfrenta investigaciones judiciales, entre ellas una por presunto lavado de activos, corrupción y evasión fiscal vinculada al financiamiento de un documental sobre su padre.
Otra de las pesquisas se relaciona con sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, investigado por un posible blanqueo de dinero mediante empresas de apuestas en línea. El documental cuyo financiamiento está bajo investigación se titula “Dark Horse”.









