El Gobierno nacional volvió a correr un mes la actualización pendiente de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil y evitó así un nuevo impacto tributario sobre los precios desde septiembre.
Por decreto
Aplazó de nuevo Nación el impuesto a los combustibles, en pleno debate por los fondos viales
El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes sobre naftas y gasoil, que debían aplicarse desde este martes. La decisión alcanza actualizaciones acumuladas desde 2024 y aparece cuando crecen los cuestionamientos por el destino de una recaudación que, por ley, también financia el mantenimiento de la infraestructura vial.
La decisión quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 829/2026, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma establece que los incrementos remanentes comenzarán a regir el 1° de octubre y no desde septiembre, como estaba previsto.
No se trata de una eliminación de los aumentos, sino de otra postergación. El monto pendiente acumula las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025 y a los dos primeros trimestres de 2026.
La legislación establece que los importes fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec. Sin embargo, el Ejecutivo viene difiriendo sucesivamente parte de esos ajustes.
Un mes más
El argumento oficial vuelve a ser económico. En los considerandos, el Ejecutivo afirma que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y sostiene que, bajo ese objetivo, resulta necesario volver a diferir las actualizaciones pendientes.
Hasta ahora, el Decreto 617/2025 y sus sucesivas modificaciones habían llevado hasta el 1° de septiembre la aplicación parcial de los incrementos originados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de este año. A esa cuenta se sumaba desde septiembre la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2026. Todo quedó reunido ahora para octubre.
Es una herramienta que el Gobierno viene utilizando con frecuencia para administrar el traslado del componente tributario al precio de los combustibles: la actualización se mantiene pendiente y se reprograma mediante decretos antes de que llegue a los surtidores.
El debate detrás del impuesto
La decisión aparece, además, en plena discusión con las provincias. El impuesto a los combustibles quedó en el centro de las discusiones políticas durante las últimas semanas luego de que el vocero presidencial admitiera que una parte de lo recaudado (a través del SisVial, administrado por Economía) contempla el equilibrio fiscal y no es destinada al mantenimiento vial. En paralelo, las provincias reclaman por corredores deteriorados, la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de mantenimiento y el ministro Luis Caputo anunció nuevas concesiones.
La semana pasada, en Santa Fe, la Legislatura volvió a reclamar por el deterioro de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio y por el destino de los recursos que Nación continúa recaudando sobre los combustibles.
El senador socialista Julio Garibaldi llevó al recinto datos para discutir el argumento de que “no hay plata” para mantener las rutas. Según expuso, la incidencia del impuesto sobre el combustible pasó del 8,9% por litro en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de este año. Y recordó que durante 2025 la recaudación nacional por ese concepto alcanzó $4,8 billones y que el 28,58% tiene como destino legal el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras otro 4,31% corresponde a infraestructura hídrica.
Al Sistema Vial Integrado ingresaron aproximadamente $1,5 billones, pero, según los datos citados en la Legislatura santafesina, el 73,8% no fue ejecutado en infraestructura y más de $1,2 billones terminaron colocados en instrumentos financieros.
La discusión adquiere especial sensibilidad en una provincia atravesada por corredores productivos y con sucesivos reclamos judiciales y políticos por las rutas 7, 8, 11, 33 y 34.
En el recinto, Leticia Di Gregorio, senadora por General López, sostuvo que los fondos terminaron “en la timba financiera” y recordó que la Justicia ya obligó a Nación a intervenir sobre las rutas 7, 8 y 33 ante un reclamo suyo. Las tareas iniciadas después de las medidas judiciales, aclaró, siguen siendo bacheos y no las repavimentaciones reclamadas.
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