El Gobierno nacional avanzó en la regulación de un nuevo esquema fiscal que redefine la relación entre contribuyentes y Estado en materia de declaración de activos no formalizados.
Blanqueo permanente
Se reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal
El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la Ley de Inocencia Fiscal y establece un régimen denominado “blanqueo popular permanente”, con el objetivo de facilitar la formalización de activos no declarados y modificar las reglas de control del fisco hacia adelante.
A través de la reglamentación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, publicada en el Boletín Oficial con el Decreto 93/2026, el Ejecutivo puso en funcionamiento medidas que, según la administración, buscan incentivar que los argentinos integren al sistema formal sus ahorros actualmente fuera del circuito financiero tradicional, sobre todo en moneda extranjera.
Este conjunto de normas se presenta bajo la idea de un “blanqueo popular permanente”, un concepto que el oficialismo describe como parte de un cambio de paradigma en la política tributaria local.
¿Qué modifica la reglamentación y cómo funciona el nuevo régimen?
La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal da operatividad a varios de los ejes centrales de la ley, que fue aprobada por el Congreso el 26 de diciembre pasado y promulgada a principios de este año. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, altera umbrales de evasión fiscal y propone un esquema fiscal simplificado, con una fuerte reducción de controles retrospectivos.
Uno de los principales puntos de la reglamentación es la puesta en marcha del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), a través del cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —que reemplazó a la AFIP— dejará de analizar de forma exhaustiva el patrimonio o los gastos personales de quienes adhieran al sistema.
En la práctica, quienes opten por este régimen podrán declarar ciertos activos no formalizados —por ejemplo, ingresos en efectivo o activos fuera del sistema— y utilizarlos libremente siempre que cumplan con las obligaciones fiscales hacia adelante.
Esta estructura busca eliminar la tradicional “presunción de culpabilidad” fiscal y reemplazarla por el principio de inocencia: es decir, los contribuyentes no serán objeto de revisiones retrospectivas de su patrimonio siempre que tributen correctamente en el futuro. Desde el Gobierno sostienen que esto otorga previsibilidad y seguridad jurídica para traer al sistema fondos no declarados.
Además, la reglamentación eleva significativamente los umbrales en los que se considera delito la evasión fiscal: la evasión simple quedó fijada en $100 millones y la agravada en $1.000 millones, mientras que el plazo de prescripción de estos delitos se redujo de cinco a tres años.
También se actualizaron los límites para la generación de informes de depósitos bancarios, permitiendo movimientos mensuales de hasta $10 millones —en pesos o su equivalente en dólares— sin reportes automáticos al fisco.
Otro cambio importante es la modificación del esquema sancionatorio: quienes rectifiquen errores antes de una inspección formal podrán beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en multas, con la intención de alentar la regularización voluntaria de situaciones fiscales previas.
Este paquete de medidas se presenta como el corazón del denominado “blanqueo popular permanente”. El Gobierno lo describe como un esquema continuo que facilita la inclusión de activos informales en la economía formal con menores riesgos de persecución penal o sanciones administrativas retrospectivas, siempre que las obligaciones sean cumplidas hacia adelante.
Objetivos oficiales y debates sobre el impacto
Desde el oficialismo, la reglamentación se justifica como un instrumento para estimular la formalización de ahorros que históricamente se mantuvieron fuera del sistema debido a la volatilidad económica, las restricciones cambiarias y la presión tributaria.
En ese sentido, se promueve la idea de que liberar estos fondos —especialmente dólares “del colchón”— podría aportar liquidez al mercado financiero y favorecer el consumo y la inversión.
El Gobierno argumenta que la normativa ofrece un “tapón fiscal”: una protección jurídica que cierra la posibilidad de auditorías retrospectivas a quienes se adhieran voluntariamente y cumplan con las reglas hacia adelante.
Este enfoque, sostienen, permite concentrar los recursos de control estatal en maniobras de evasión graves y dolosas, en lugar de perseguir pequeñas omisiones o brechas técnicas en años anteriores.
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