El diputado provincial José Corral defendió el paquete de leyes de seguridad que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro y sostuvo que la Provincia debe actualizar sus herramientas para responder a nuevas modalidades delictivas. Entre los cambios que destacó, mencionó la posibilidad de actuar ante la ubicación precisa de un celular robado, la identificación de los teléfonos por su código IMEI y la construcción de nuevas plazas penitenciarias.
Reforma provincial
Corral: “No vamos a aflojar en mejorar las herramientas de seguridad”
El diputado de Unidos respaldó el paquete de reformas enviado por Pullaro y destacó las medidas para localizar celulares robados, ampliar las plazas carcelarias y evitar que los delitos sigan organizándose desde prisión. También cuestionó el “garantismo estúpido” y dijo que algunos puntos del proyecto se ajustarán durante el debate legislativo.
“Estamos mucho mejor, pero no podemos cantar victoria: hay que seguir trabajando”, afirmó Corral. Recordó que, al comienzo de la gestión, Rosario y la ciudad de Santa Fe atravesaban una fuerte demanda social para reducir la violencia en las calles y controlar lo que ocurría en las cárceles. Señaló que los homicidios dolosos registraron sus mejores cifras de la serie en 2024 y 2025, y que 2026 mantiene una tendencia favorable. Sin embargo, advirtió que persiste la preocupación por los robos y otros delitos predatorios.
“Hay mucha alarma por el robo de celulares y otras situaciones que preocupan. Este paquete de leyes son herramientas que mejoran las que ya tenemos”, sostuvo. Como antecedentes, mencionó las reformas aprobadas durante la primera etapa de la gestión, entre ellas la ley de Microtráfico, que permitió intervenir en búnkeres.
Celulares y avances tecnológicos
Corral puso el foco en las herramientas para recuperar teléfonos robados. Explicó que el proyecto permitiría que el fiscal, a través de la Policía y con aviso al juez, disponga una intervención cuando la ubicación del dispositivo sea precisa y existan elementos que justifiquen actuar. “Muchas veces los vecinos nos dicen: ‘Yo sé dónde está el celular, está en ese domicilio’. Pero la Policía dice que no puede intervenir porque necesita un allanamiento y una causa judicial”, planteó.
El legislador de Unidos aclaró que la propuesta no habilitaría procedimientos basados en datos imprecisos: la localización debería aportar una referencia concreta. También mencionó la posibilidad de que la Policía consulte el IMEI, un código que identificó como “el DNI del celular”, para verificar a quién pertenece un dispositivo.
Ante las observaciones formuladas durante las reuniones legislativas, Aseguró que el oficialismo tomó nota de los planteos realizados y que prevé introducir cambios en diálogo con el Poder Ejecutivo, de ser necesarios. “Vamos a probar las herramientas que el gobernador necesita. Ese es el eje central”, afirmó.
El diputado sostuvo que los avances tecnológicos requieren actualizar la legislación. A su juicio, el Estado debe contar con herramientas para intervenir ante situaciones concretas, con conducción fiscal y controles judiciales.
Cárceles y seguridad pública
Corral también defendió las medidas para impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde las cárceles. Respaldó la posibilidad de aplicar un régimen de aislamiento estricto, por un plazo limitado y en casos excepcionales, a internos de alto perfil que continúen ordenando delitos desde prisión. Afirmó que estas herramientas son necesarias ante antecedentes de homicidios y amenazas coordinados desde establecimientos penitenciarios.
En ese marco, destacó la ampliación de la infraestructura carcelaria. Dijo que la Provincia está construyendo casi 7.000 nuevas plazas y mencionó la cárcel de Recreo, inaugurada recientemente, y el penal de máxima seguridad número 8 de Piñero, conocida como El Infierno. Según sostuvo, se trata de una expansión penitenciaria sin precedentes en Santa Fe, frente a una población cercana a los 10.000 internos y una capacidad existente de poco más de 6.000 plazas.
Garantismo estúpido
“Hay que darles las leyes que necesitan” a los agentes penitenciarios, planteó. También señaló que el paquete corregiría una desigualdad en la asistencia legal: mientras la Provincia proveía defensa a personas acusadas de narcotráfico, los policías podían quedar obligados a buscar un abogado particular ante una causa por su actuación. Corral afirmó que la reforma prevé que la Defensoría General pueda asistir a integrantes de las fuerzas de seguridad.
El legislador cuestionó lo que definió como “garantismo estúpido” y sostuvo que, durante años, “parece que cuidamos más los derechos de los delincuentes que los de las personas que necesitan protección”. Aclaró que las nuevas herramientas deben contar con controles y que la investigación debe estar encabezada por los fiscales. “El Estado no puede ser un Estado vago que, frente a ciertas situaciones, no tiene las herramientas para actuar”, afirmó.
Corral anticipó que el oficialismo buscará aprobar las leyes en los próximos días, después de incorporar los aportes recogidos en las reuniones con especialistas, organismos y representantes de distintos sectores. Dijo que aspira a alcanzar consensos con la oposición, aunque atribuyó a Unidos la responsabilidad de respaldar las medidas impulsadas por el gobernador. “No vamos a aflojar en seguir mejorando las leyes, las condiciones de trabajo de la Policía y las del Servicio Penitenciario”, concluyó.
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