"La Ciencia en riesgo" es el título del documento que suscriben más de 150 integrantes de la Junta de Calificación y Promoción del Conicet. Allí reclaman por el cumplimiento efectivo de la ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero también reclaman por otros temas que tienen directa relación con el desarrollo futuro del país.
El pronunciamiento se conoció días después de la exposición del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados, el último 16 de abril. Pero el tema viene preocupando desde hace tiempo y en la última reunión de la comisión de Ciencia de la Cámara baja, que preside Daniel Gollán, de la que participaron referentes de distintos puntos del país pero no el secretario del área, Darío Genua (que había sido convocado), se llegó a calificar la situación actual de "cientificidio".
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El planteo de las y los miembros de la Junta de Calificación y Promoción del Conicet (órgano de evaluación que asesora al Directorio), expresa su preocupación por "la grave situación del sistema científico y tecnológico argentino, tal como queda expuesta en el Informe N.º 142 de la Jefatura de Gabinete Nacional". En dicho informe, que contenía preguntas específicas sobre esta materia, "el gobierno admite el incumplimiento efectivo de la Ley 27.614" y "justifica su decisión argumentando que la ley no constituye una herramienta efectiva, ya que no prevé sanciones al Poder Ejecutivo Nacional en caso de incumplimiento, y que ninguna gestión anterior la aplicó plenamente".
La función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional representa en 2025 apenas el 0,157% del PBI, una caída significativa respecto del 0,302% en 2023 y el 0,214% en 2024. Más grave aún, "no solo desconoce una norma aprobada por unanimidad, sino que instala una lógica preocupante: si no existen sanciones, el Estado puede incumplir su propia legislación".
De todas maneras, es importante recordar que el Presupuesto 2025 viene reconducido desde el año 2023, hecho insólito en el país.
Ingresos y becas
"El mismo informe (de Francos en Diputado) confirma que los ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC) están congelados, dejando sin fecha de efectivización a 845 ingresantes aprobados en la convocatoria 2022, así como a quienes resulten seleccionados en la evaluación actualmente en curso correspondiente a la convocatoria 2023". La efectivización de estos ingresos queda supeditada a una "disponibilidad presupuestaria" no especificada.
Por otra parte, del informe se deduce "una falta de voluntad para actualizar los estipendios de las becas doctorales y postdoctorales Conicet y de Agencia I+D+I, argumentando que no es posible reasignar partidas presupuestarias". No es una cuestión menor porque la medida afecta directamente la formación de jóvenes investigadores, "pilar del sistema científico". A todo esto se suma la paralización o recorte de programas estratégicos, como los PICT 2022, y el retraso en la ejecución de fondos de cooperación internacional.
"Todo lo anterior resulta aún más preocupante si se considera que el sistema científico-tecnológico argentino mantiene una interrelación estructural con el sistema universitario público y privado, el cual también atraviesa severas dificultades presupuestarias que afectan el financiamiento y la continuidad de las actividades de investigación desarrolladas en los institutos de doble o triple dependencia", añade el documento.
Más adelante, se explica la metodología que involucra el ingreso al Conicet, a través de un sistema "que contempla múltiples mecanismos de control y transparencia", como también las evaluaciones de desempeño que se realizan cada uno o dos años.
"Advertimos que lo que está en juego hoy es la continuidad de un modelo de producción de conocimiento que ha sido históricamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su calidad, su inserción territorial y su compromiso con los problemas del país en el contexto global. Desde el estudio de la pandemia hasta la producción de alimentos, desde la historia argentina hasta la transición energética, desde las desigualdades sociales hasta la nanotecnología, desde la literatura hasta la biomedicina, no hay agenda de futuro sin ciencia", exponen las y los firmantes, mientras señalan que "cerrar el ingreso, congelar becas y vaciar programas conlleva un daño estructural que tomará décadas revertir".
Pedido de emergencia
En una línea similar y con participación de referentes de distintas provincias y espacios científicos y educativos, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados planteó su preocupación por la falta de financiamiento en esas áreas. Pero también por versiones que cobraron fuerza en las últimas semanas, como es la fusión del Servicio Meteorológico Nacional con el Instituto Geográfico Nacional (cuyas funciones y estructuras son diferentes), y también del Inti, el Inta y la Conae, con misiones estratégicas bien distintas.
El éxodo de trabajadores del sector nuclear al ámbito privado o al exterior; la falta de atractivos que tiene para los jóvenes continuar su formación en el país, y la falta de conclusión de obras y de reparación de equipos con los que se prestan también servicios a terceros, fueron otros de los tópicos que llevaron a la comisión a pedir el inmediato tratamiento de la emergencia en financiamiento científico y tecnológico, que se emparenta en forma directa con el financiamiento universitario.
Qué dice la ley
La Ley 27.614 fue sancionada en febrero de 2021 y declara de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina.
Tiene por objeto establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental.
Para ello se garantiza que el presupuesto destinado a esa función se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento (1%) del Producto Bruto Interno (PBI) de cada año.
Esa progresión establecía para 2024, 039 % y para este año el 0,45 %, por mencionar los últimos períodos: cifras bien alejadas de lo que indican desde el Conicet. Además la ley establece como garantía que "la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior". El último presupuesto aprobado por el Congreso es el de 2023, reconducido para 2024 y una vez más para 2025.
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