El Senado de la Nación encaminó este miércoles la nueva ley de Discapacidad, con un acuerdo que no despejó las diferencias sobre su alcance y financiamiento.
Dictamen
Discapacidad: la urgencia por sancionar la nueva ley se impone en el Senado
El plenario respaldó la iniciativa aprobada por Diputados. El temor a que venza la Emergencia allanó el consenso, pero deudas a prestadores, recortes en pensiones y omisiones en el Presupuesto dejan planteos abiertos.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano dieron dictamen al proyecto que recibió en Diputados 237 votos favorables, 9 negativos y 4 abstenciones. La intención es convertirlo en ley antes del 30 de noviembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias, y evitar que el 31 de diciembre venza la Emergencia Nacional en Discapacidad.
“Hay una gran desesperación en todo el colectivo de la discapacidad”, advirtió el peronista Carlos Linares, que retiró su iniciativa para prorrogar la emergencia hasta fines de 2027. Explicó que acompañará la media sanción porque “es lo más cercano que tenemos ahora y no es lo ideal”.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, valoró en cambio “una respuesta, ya no una emergencia, sino una respuesta permanente”. Defendió la continuidad de las prestaciones, el financiamiento y las auditorías, y remarcó que la pensión no debe impedir el acceso al trabajo.
El debate se produce mientras siguen bajo revisión 26.141 pensiones cuyo pago el Gobierno decidió mantener suspendido. Es otro frente de una disputa en la que las auditorías ya habían obligado a restituir unas 150.000 prestaciones, según reconocieron funcionarios ante Diputados.
Lo que se acepta y lo que se cuestiona
El texto mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, el Certificado Único de Discapacidad, la compatibilidad con el empleo registrado para ingresos de hasta dos salarios mínimos y la cobertura de Incluir Salud. También preserva el nomenclador unificado y la actualización de aranceles, junto con controles administrativos y garantías para reclamar frente a suspensiones.
Son condiciones que el propio Gobierno había intentado restringir en otra propuesta presentada este año. Pero el nuevo acuerdo, negociado en Diputados con parte de la oposición, no eliminó las discrepancias.
“Creo que es una ley bastante oportunista”, cuestionó Alejandra Vigo (Provincias Unidas). La senadora cordobesa sostuvo que no se consultó suficientemente a los organismos federales ni a los prestadores. Propuso revisar cuatro artículos: requisitos de acceso a las pensiones, financiamiento, compensaciones y vigencia. Sobre las deudas, advirtió que los montos arrastran una pérdida de valor que la nueva redacción no resuelve.
Juliana Di Tullio (Justicialismo) fue aún más explícita: “Nosotros vamos a firmar este dictamen”, aunque consideró que “este proyecto es malo”. Atribuyó el cambio de posición del oficialismo a la movilización de personas con discapacidad y sus familias y anticipó que el peronismo intentará modificar la ley después de sancionarla.
La discusión que pasa al Presupuesto
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que incorporar progresivamente unos 200.000 titulares demandaría $598.912 millones adicionales en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI. Separó de esa estimación los $278.323 millones de compensaciones pendientes a prestadores: son obligaciones anteriores, no un costo nuevo de la reforma.
El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud para el sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio previo. Sin embargo, Mariana Juri (UCR) pidió que el financiamiento quede expresamente garantizado durante el debate del Presupuesto 2027 en Diputados, para que no llegue al Senado sin los recursos necesarios.
Vigo cuestionó, además, que el esquema no resuelva qué parte del costo terminan afrontando provincias y municipios. Desde La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala defendió el financiamiento previsto y sostuvo que el nuevo régimen debe asegurar controles y previsibilidad.
El titular de Presupuesto y Hacienda Agustín Monteverde (LLA) anticipó que aspira a tratar la ley el 19 de noviembre. Sobre los fondos, dijo que esperan que Diputados “ya lo incluyan en el presupuesto” antes de enviarlo al Senado.
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