El gobierno nacional volvió a avanzar sobre las pensiones por invalidez laboral, mientras el Senado abrirá el debate del proyecto con media sanción para el sector que incluye regulaciones en los controles sobre esos beneficios.
Senado abre el debate
El Gobierno suspende más pensiones por invalidez laboral mientras negocia una ley de Discapacidad
Salud formalizó una segunda tanda de recortes que eleva a 26.141 las prestaciones alcanzadas en una semana. Además, se intimará a otros 7.008 beneficiarios por incompatibilidades. Este martes, el oficialismo busca dictaminar una norma para el sector, cuando todavía persisten cuestionamientos sobre las auditorías anteriores.
La decisión fue formalizada este martes mediante la Resolución 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ampliando la revisión sobre prestaciones que habían sido restituidas por orden judicial en 2025. La semana pasada, había dejado sin efecto el restablecimiento de 21.812 pensiones. Con la nueva disposición, suman 26.141 las prestaciones alcanzadas por ambas decisiones en apenas siete días.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el procedimiento durante su conferencia de prensa y aseguró que las pensiones habían sido otorgadas históricamente de manera “opaca, sin controles efectivos”. “Todo esto se terminó”, sostuvo al presentar las nuevas medidas, asegurando que los recursos llegarán a quienes cumplan con los requisitos.
La Resolución, firmada por el flamante secretario Diego Masaragian, dispone en su artículo 1° dejar sin efecto la Resolución 13901/2025 de la entonces ANDIS, que había dictado Alejandro Vilches cumpliendo con un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que en octubre de 2025 ordenó extender a todo el país la restitución de pensiones suspendidas durante las auditorías masivas realizadas bajo la gestión de Diego Spagnuolo.
Los afectados tendrán 60 días desde su notificación para presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos o aportar antecedentes que permitan acreditar el beneficio. Podrán hacerlo ante dependencias habilitadas de Discapacidad, oficinas del PAMI autorizadas para recibir documentación, la plataforma Trámites a Distancia, el formulario de consultas de Salud o el correo electrónico oficial dispuesto por el organismo. Y aclara que cada expediente será evaluado nuevamente.
Más pensiones bajo revisión
La novedad no se limita a las publicaciones en el Boletín Oficial. Ravier informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad abrió otras tres líneas de revisión sobre beneficiarios que deberán acreditar documentación o resolver incompatibilidades.
La primera comprende 7.008 personas intimadas a ampliar sus antecedentes médicos. Tendrán 30 días hábiles para presentar la información requerida. La segunda atañe a 24.263 titulares que, según Salud, perciben otra prestación de ANSES considerada incompatible por lo que se les otorgará 30 días hábiles para optar por una. La tercera refiere a 3.370 casos con presuntas incompatibilidades patrimoniales, cuyos titulares también contarán con 30 días para aportar documentación.
El vocero hizo referencia a situaciones puntuales: una persona titular de seis vehículos, otra con 61 inmuebles registrados a su nombre y una tercera con terrenos equivalentes a 853 hectáreas. Ejemplificó de esta manera los recortes, como antes había hecho Manuel Adorni con presuntas radiografías adulteradas, pero no determinó cuántos expedientes contienen irregularidades comprobadas.
Además, afirmó que el padrón pasó de unas 75.947 personas en 2001 a más de 1,2 millones en 2023, un aumento que calificó como "exponencial" y similar al de países que tuvieron o tienen guerras. Desde el Foro por la Discapacidad desmintió la comparación bélica y explicó que el incremento se debe a cambios de criterios universales en las políticas de protección e inclusión, cuestionando que se busca instalar sospecha para justificar recortes y estigmatizar a los beneficiarios.
El antecedente de las 150 mil restituciones
El endurecimiento de los controles vuelve a poner en discusión un procedimiento que había sido cuestionado incluso desde el propio Gobierno.
En una exposición realizada meses atrás en Diputados, el renunciado Vilches reconoció que el sistema de citaciones masivas utilizado durante la gestión de Spagnuolo había provocado numerosos inconvenientes. “Cuando llegamos nosotros justamente no lo hicimos más”, afirmó sobre aquella metodología, que había generado reclamos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados o de difícil acceso. “Las 150.000 pensiones que se dieron de baja se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos”, reconoció la secretaría en esa exposición.
La nueva conducción había defendido la necesidad de reemplazar las citaciones generalizadas por controles individualizados. En las primeras auditorías, de 997.654 cartas documento enviadas, 504.802 no habían llegado a sus destinatarios, derivando en la suspensión de unas 111.000 pensiones por dificultades para concretar las notificaciones, de acuerdo a los datos que aportó el entonces Jefe de Gabinete Guillermo Francos en su 144° Informe de Gestión.
Ravier volvió a defender ahora la revisión de los expedientes, aunque la semana pasada había introducido una precisión: la falta de antecedentes suficientes “no implica determinar que no presentan incapacidad”, sino que el Estado considera que carece de la información necesaria para verificarla.
El Senado habilita el tratamiento
Las nuevas decisiones administrativas coinciden con la reactivación del debate en el Congreso. Este miércoles, desde las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado, para discutir el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo media sanción de Diputados en octubre.
La iniciativa busca reemplazar el carácter transitorio de la Emergencia en Discapacidad vigente por un régimen permanente. En sus principales disposiciones mantiene la compatibilidad de las pensiones con el empleo registrado pero con límites de ingresos; preserva la cobertura de Incluir Salud y establece mecanismos para regularizar deudas con prestadores. También incorpora reglas para las auditorías y suspensiones: notificación fehaciente, plazos para presentar descargos y una revisión posterior de los antecedentes.
El proyecto llega después de que planteos de los bloques aliados sobre el Presupuesto 2027. La nueva legislación se convirtió así en uno de los acuerdos que el oficialismo necesita cerrar antes de avanzar con otras iniciativas económicas. Sin embargo, el plenario también deberá considerar iniciativas promovidas desde el bloque justicialista para prorrogar la emergencia vigente.
Como jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich buscará conseguir dictamen para llevar el texto al recinto durante noviembre, con el 19 y el 26 como fechas posibles. En paralelo, Salud continuará revisando expedientes que pueden derivar en nuevas suspensiones.
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