La Justicia argentina dio un nuevo paso en una causa de fuerte impacto político y diplomático al solicitar formalmente la extradición del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. El requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
Causa por delitos de lesa humanidad
La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la extradición del ex presidente venezolano Nicolás Maduro desde Estados Unidos para que sea indagado en la Argentina por graves violaciones a los derechos humanos. El pedido se da en el marco de una causa iniciada en 2024, que ya cuenta con orden de captura internacional vigente.
El planteo se inscribe en un expediente que se inició en 2024 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), organización que impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina.
Según consta en el dictamen del fiscal la solicitud de extradición se fundamenta en que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, lo que habilita a avanzar con el procedimiento de extradición activa.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde Maduro se encuentra imputado por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en el marco de una investigación que también involucra a otros integrantes de la cúpula del poder venezolano.
Una causa iniciada en 2024
El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de ambos para prestar declaración indagatoria.
En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.
Desde el FADD sostuvieron que las acciones judiciales se dirigieron “contra Nicolás Maduro y quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad”, en referencia a denuncias vinculadas a persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
El pedido de extradición presentado ahora por Stornelli retoma ese camino judicial y busca que el ex mandatario venezolano sea trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la Justicia local. El fiscal calificó la medida como “urgente”, al considerar que existe una orden de detención vigente y un llamado a indagatoria pendiente.
El rol de Estados Unidos y la Cancillería
Uno de los aspectos centrales del planteo es la intervención que deberá tener la Cancillería argentina en caso de que el juez Sebastián Ramos haga lugar al pedido. De avanzar, se deberá enviar un exhorto diplomático a las autoridades estadounidenses para requerir formalmente la entrega de Maduro al país.
El procedimiento de extradición activa implica una serie de pasos formales y negociaciones diplomáticas, que incluyen la evaluación por parte del país requerido sobre la legalidad del pedido y las garantías procesales. En este caso, la situación adquiere una complejidad adicional por tratarse de un ex jefe de Estado y por el contexto internacional que rodea su detención.
En su dictamen, Stornelli recordó que la causa argentina ya cuenta con una orden de captura internacional vigente, lo que refuerza la necesidad de avanzar sin dilaciones. “Resulta imperioso iniciar el procedimiento de extradición a los fines de que el imputado sea sometido al presente proceso”, sostuvo el fiscal.
El juez Ramos deberá resolver ahora si hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. En caso afirmativo, se pondrá en marcha un proceso que podría sentar un precedente relevante en materia de jurisdicción universal y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en tribunales argentinos.
Expectativa política y jurídica
La solicitud de extradición generó repercusiones inmediatas en el plano político y jurídico. Desde los sectores que impulsaron la denuncia original, interpretan el avance de la causa como un mensaje claro respecto del compromiso de la Justicia argentina con la defensa de los derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales.
Al mismo tiempo, especialistas en derecho internacional advierten que el proceso no estará exento de obstáculos, tanto por cuestiones diplomáticas como por eventuales planteos de inmunidad o competencia. Sin embargo, destacan que los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales de distintos países bajo el principio de jurisdicción universal.
Mientras tanto, el expediente sigue su curso en Comodoro Py, a la espera de la definición del juez Ramos. La decisión que adopte será clave para determinar si la Argentina avanza formalmente en el pedido de extradición de Nicolás Maduro y profundiza una causa que, desde su inicio, tuvo un fuerte impacto político regional.
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