El Gobierno cambia al subsecretario de Derechos Humanos
El ministro de Justicia removió a Joaquín Mogaburu y designó en su lugar a Leonardo Szuchet, que ocupó un cargo similar en el gobierno de Mauricio Macri.
Juan Bautista Mahiques redefine el área de Derechos Humanos bajo su gestión de la cartera de Justicia.
Juan Bautista Mahiques decidió remover a Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, según informaron fuentes vinculadas al gobierno nacional. El ministro definió el cambio y designó a Leonardo Szuchet como reemplazo en el cargo, una decisión comunicada a ambos el fin de semana y con toma de posesión prevista para el próximo miércoles.
El relevo responde a una reconfiguración interna: Mogaburu llevaba apenas tres meses al frente de la subsecretaría tras haber asumido el 10 de diciembre en reemplazo de Alberto Baños. El ahora removido, vinculado a Sebastián Amerio y al campamento de Santiago Caputo, intentó mantenerse en el área y navegar la interna entre figuras del espacio, pero la decisión final la tomó el ministro.
Leonardo Szuchet ocupó previamente un puesto en el organismo durante la administración de Juntos por el Cambio y se desempeñó como jefe de gabinete del entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj en el gobierno de Mauricio Macri. Ese antecedente fue determinante para que el ministro de Justicia optara por incorporar a un dirigente más afín a la gestión actual.
La resolución se concretó en un momento de debate sobre el rumbo del tema Derechos Humanos en la administración, tras la conmemoración del 50° aniversario del último golpe militar y en el marco de la evaluación sobre la mudanza de la sede desde la ex ESMA al edificio de Cochabamba 54, un inmueble transferido al ámbito de Justicia y cuya obra registró informes técnicos previos.
Quién es Leonardo Szuchet
Leonardo Szuchet retorna a la órbita de Derechos Humanos con antecedentes en la gestión de Mauricio Macri, donde ocupó el cargo de jefe de gabinete del secretario Claudio Abruj. Ese recorrido administrativo figura entre los motivos por los que el ministro decidió la designación, según las fuentes consultadas.
El nombramiento de Szuchet, con experiencia previa en el área, refleja un intento de consolidar las políticas de Derechos Humanos de la gestión actual.
El nombramiento de Szuchet implica la presencia de un funcionario que ya ocupó responsabilidades en el área y que conoce la operatoria interna del organismo. Los voceros explicaron que esa experiencia previa fue valorada por el ministro a la hora de definir al nuevo subsecretario.
Además, el cambio proyecta un alineamiento con las definiciones políticas actuales del gobierno sobre memoria y políticas de Derechos Humanos, marco en el que la gestión busca consolidar una dirección que incorpora a funcionarios con historial en administraciones previas.
La salida de Joaquín Mogaburu
Joaquín Mogaburu llegó al cargo el 10 de diciembre y su permanencia fue breve: tres meses en los que, según la crónica, intentó sostenerse en la subsecretaría frente a tensiones internas. Su vínculo con referentes como Sebastián Amerio y la influencia de sectores del espacio contribuyeron a la fractura política que el ministro evaluó.
La salida de Joaquín Mogaburu, quien apenas estuvo tres meses en el cargo, obedece a una reconfiguración interna y tensiones políticas en el ministerio.
La decisión de remover al funcionario se adoptó tras un período de evaluación que incluyó la reciente conmemoración sobre el último golpe militar y debates sobre la sede institucional. En 2022 y 2023 hubo movimientos administrativos y técnicos respecto del edificio de Cochabamba 54, que forman parte del contexto de reordenamiento.
En paralelo, desde el inicio de la gestión actual se impulsó la llamada Memoria Completa como una definición de política pública en materia de Derechos Humanos, una postura que, según la nota, se reflejó en materiales institucionales difundidos por la Casa Rosada.
El cambio de mando en la subsecretaría tendrá efectos institucionales inmediatos: Szuchet asumirá el próximo miércoles y la dependencia afronta, además, la evaluación sobre la relocalización de su sede, un proceso con implicancias administrativas y laborales ya documentadas en informes técnicos.