El gobierno nacional avanzó esta semana en una modificación de fondo del régimen de propiedad intelectual al derogar la Resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), una norma que desde hace más de una década imponía criterios restrictivos para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos.
En el marco de la política de desregulación
El Gobierno eliminó restricciones para patentes en biotecnología: qué significa
El Ejecutivo sostiene que favorecerá inversiones y desarrollo tecnológico, especialmente en el agro. Organizaciones y especialistas advierten sobre los riesgos de ampliar derechos de propiedad sobre recursos biológicos. Un debate que excede lo jurídico y tiene fuertes implicancias económicas.
La noticia fue difundida a través de una publicación en redes sociales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se recortó en el trasfondo político de la tensa situación que envuelve al funcionario y afecta inevitablemente su desempeño y la percepción pública sobre él.
Pero más allá de eso, el alcance de la novedad es considerable, en tanto afecta la manera en que la Argentina evalúa solicitudes de patentes vinculadas con genética, biotecnología vegetal, organismos modificados, eventos de transformación genética y otras innovaciones de alto impacto para el sector agropecuario y la economía del conocimiento.
La medida se inscribe además en la estrategia asumida por el Gobierno nacional orientada a flexibilizar los criterios de patentabilidad y fortalecer la autonomía técnica del INPI. En marzo ya había avanzado en una dirección similar respecto de las patentes farmacéuticas.
¿Qué cambia concretamente?
La Resolución 283/2015 había incorporado directrices que excluían de la patentabilidad a plantas, animales y determinados componentes biológicos, incluso cuando fueran obtenidos mediante técnicas modernas de ingeniería genética o procedimientos biotecnológicos complejos.
Entre otras cuestiones, establecía que no podían patentarse plantas o animales modificados genéticamente y exigía requisitos específicos para la protección de secuencias genéticas y eventos biotecnológicos.
Por caso, si una empresa desarrollaba una soja resistente a la sequía, un maíz tolerante a determinados herbicidas, una planta editada genéticamente mediante técnicas avanzadas o un animal portador de una modificación genética específica, la planta o el animal en sí mismos no podían ser objeto de patente.
Lo que eventualmente podía patentarse eran algunos elementos aislados -por ejemplo determinadas secuencias, construcciones genéticas o eventos de transformación-, siempre que cumplieran requisitos muy estrictos de descripción y no pudieran dar origen por sí solos a un organismo completo.
En ese sentido, la derogación no elimina las restricciones previstas en la Ley de Patentes, que siguen vigentes, pero sí quita una capa adicional de limitaciones administrativas que había sido incorporada por el INPI en 2015.
Por efecto de ello, a partir de ahora los examinadores tendrán mayor margen para analizar cada solicitud según los criterios generales de la legislación vigente y no bajo exclusiones específicas fijadas por aquella resolución; lo que no significa que semilla o animal pueda patentarse automáticamente.
La mirada en las inversiones
Los fundamentos oficiales sostienen que las restricciones introducidas en 2015 colocaron a la Argentina en una situación menos competitiva que otros países, que cuentan con sistemas más flexibles para la protección de innovaciones biotecnológicas.
La apuesta del Gobierno es que una mayor protección de la propiedad intelectual genere incentivos para la investigación y desarrollo, facilite la llegada de nuevas tecnologías y atraiga inversiones de empresas biotecnológicas, semilleras y desarrolladoras de genética aplicada.
La decisión también es interpretada por especialistas en propiedad intelectual como un acercamiento a estándares utilizados en Estados Unidos, Europa y otros mercados, donde existe una protección más amplia para determinadas innovaciones biológicas.
Impacto en el agro
El sector agropecuario aparece como uno de los principales destinatarios de la medida.
Argentina es uno de los mayores productores mundiales de soja, maíz y otros cultivos en los que la innovación genética resulta determinante para mejorar rendimientos, tolerancia a sequías, resistencia a plagas y adaptación al cambio climático.
En ese contexto, empresas semilleras y desarrolladores de eventos biotecnológicos ven con buenos ojos cualquier fortalecimiento de la protección jurídica de sus innovaciones, dado que las patentes constituyen uno de los mecanismos para recuperar inversiones en investigación y desarrollo.
La expectativa oficial es que la modificación contribuya a acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al sistema productivo y mejore la competitividad del país en sectores de alto valor agregado.
Voces críticas
Sin embargo, la discusión está lejos de ser pacífica.
Desde hace años existen cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, ambientalistas y sectores académicos que consideran que una ampliación de la patentabilidad sobre recursos biológicos puede fortalecer la posición dominante de grandes corporaciones multinacionales del sector biotecnológico.
Los críticos sostienen que una protección excesiva puede derivar en mayores costos de acceso a determinadas tecnologías, concentrar mercados y generar tensiones sobre el control de recursos genéticos que forman parte de la biodiversidad.
Esos cuestionamientos estuvieron presentes en numerosos debates internacionales sobre semillas transgénicas, edición genética y propiedad intelectual aplicada a organismos vivos.
En ese sentido, algunos especialistas señalan que la discusión excede lo jurídico y asume un cariz económico determinante. Esto es, cuánto debe protegerse una innovación privada sin afectar la competencia ni el acceso a tecnologías estratégicas.
Por eso, más que una modificación técnica del régimen de patentes, la derogación de la Resolución 283/2015 aparece como una señal política hacia los sectores de innovación, biotecnología y economía del conocimiento.
El verdadero alcance de la medida, sin embargo, comenzará a observarse en los próximos años, cuando el INPI deba resolver nuevas solicitudes de patentes y la Justicia eventualmente se pronuncie sobre los límites de esa flexibilización.
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