En el segundo semestre de 2025 en Argentina, el 42,3% de niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres, mientras que el 9,4% se encontraba por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. Los datos fueron difundidos por Unicef Argentina este martes y admiten varias lecturas.
Informe de Unicef
Bajó la pobreza infantil en Argentina durante el segundo tramo de 2025, pero temen que se revierta
El año pasado cerró con 42,3% de los niños, niñas y adolescentes argentinos pobres. La cifra es inferior a los dos períodos anteriores pero sigue siendo alta y la recuperación, frágil. Transferencias sociales y políticas no monetarias.
“Estos valores continúan la reciente tendencia descendente y representan una reducción importante respecto del máximo alcanzado en el primer semestre de 2024, cuando la pobreza llegó al 67,1% y la pobreza extrema al 27,3%”. La caída reciente muestra “una recomposición significativa, aunque el nivel continúa siendo elevado y requiere evitar que la mejora se revierta”, señala el organismo.
De esa manera, pone atención en factores concretos que podrían modificar esa tendencia: la aceleración de la inflación, la caída en los ingresos y el ajuste fiscal, que afectó la capacidad de compra de la Prestación Alimentar.
Aquí cabe una aclaración: un tema es la pobreza por ingresos y otra, la privación no monetaria. Ambas tienen dinámicas diferentes. “En 2025, todavía una proporción importante de chicas y chicos continúa presentando privaciones no monetarias, aun cuando la pobreza monetaria haya descendido respecto del máximo de 2024”.
Por otra parte, las “brechas de pobreza” ofrecen información clave para calibrar montos y priorizar hogares. En 2025, la brecha de pobreza de los hogares con niñas y niños se ubicó en 34,4%, el valor más bajo de la serie, mientras que la brecha de pobreza extrema alcanzó el 32%.
“Esto indica que los hogares pobres con presencia de chicas y chicos se encuentran, en promedio, más cerca de la línea de pobreza que en años anteriores, aunque los hogares indigentes todavía presentan una distancia considerable respecto de la canasta básica alimentaria”, define.
Para la política pública, este resultado sugiere que la reducción de la incidencia debe acompañarse con “un seguimiento de la profundidad de la pobreza, ya que los hogares que permanecen bajo la línea pueden requerir transferencias más suficientes o apoyos más intensivos”.
Mayor riesgo
La pobreza entre niñas, niños y adolescentes se concentra con mayor intensidad en hogares con bajo clima educativo, inserciones laborales precarias, residencia en barrios populares y configuraciones familiares con mayores cargas de cuidado, puntualiza el informe.
Así, se tiene que en 2025, la pobreza alcanza al 68,8% de chicas y chicos en hogares con clima educativo muy bajo, al 68,3% de quienes residen en barrios populares y al 74,8% de quienes viven en hogares donde la persona de referencia está desocupada.
En esa línea, la inserción asalariada formal de la persona de referencia “reduce la exposición a la pobreza, pero no la elimina”. En 2025, el 21,5% de niñas, niños y adolescentes en hogares con un referente asalariado formal permanecía en situación de pobreza, frente al 55,2 en hogares con inserción asalariada no formal. “Esta diferencia muestra que la agenda de reducción de la pobreza requiere mejorar la calidad del empleo adulto, fortalecer remuneraciones y reducir la informalidad”.
Políticas de cuidado
En este punto se llega a un concepto clave: la organización del cuidado debe incorporarse al diseño de políticas de protección y de reducción de la pobreza, un tema en que el organismo internacional viene poniendo el foco desde hace años.
“Los hogares monoparentales con jefatura femenina continúan enfrentando una exposición elevada a la pobreza, asociada a la combinación de una menor cantidad de personas adultas potencialmente perceptoras de ingresos, mayores responsabilidades cotidianas de cuidado y restricciones para ampliar la participación laboral remunerada”, explica.
Esta evidencia refuerza la necesidad de “articular transferencias monetarias con políticas de cuidado, mecanismos efectivos de cumplimiento de obligaciones alimentarias, dispositivos laborales compatibles con responsabilidades familiares y apoyos específicos para hogares donde una sola persona adulta concentra la generación de ingresos y la organización del cuidado del hogar”.
Volviendo a las transferencias monetarias, “tienen un efecto más intenso sobre la pobreza extrema que sobre la pobreza total”.
La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios “contribuyen a evitar que una parte de los hogares con niñas, niños y adolescentes caiga por debajo de la línea alimentaria. Su efecto sobre la pobreza total es más limitado porque los montos requeridos para superar la canasta básica total son mayores”.
Por otra parte, las privaciones no monetarias requieren instrumentos distintos a las transferencias: cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes presentan al menos una privación no monetaria, vinculada a dimensiones disponibles en la Encuesta Permanente de Hogares, como vivienda, saneamiento, agua, hábitat, educación o protección social.
Aún cuando las transferencias monetarias sean fundamentales para sostener ingresos y reducir pobreza extrema, "la reducción de privaciones no monetarias requiere políticas sectoriales y territoriales, infraestructura, urbanización, acceso a servicios básicos, fortalecimiento educativo y continuidad institucional”.
A futuro
El estudio presentado este martes llega hasta fines de 2025, pero avanza sobre las perspectivas para el primer semestre de este año. “Con las cautelas habituales en la lectura de las estimaciones, la previsión para el primer semestre de 2026 anticipa un aumento, con una pobreza infantil estimada cercana al 44,4%”.
En el caso de la pobreza extrema, también se estima un aumento, pero de menor envergadura, pasando al 10,8%. “Estos valores permanecen por debajo del pico de 2024, pero muestran una reversión parcial de la mejora reciente”.
“Esto estaría mostrando que la recuperación sigue siendo frágil y requiere monitoreo continuo de ingresos, precios, canastas básicas, transferencias y mercado de trabajo”, considera.
Los resultados del informe muestran que “las políticas de protección de ingresos son necesarias para sostener pisos básicos, pero su impacto aumenta cuando se articulan con intervenciones focalizadas en los perfiles de mayor exposición y con políticas sectoriales orientadas a privaciones estructurales”.
La evidencia permite distinguir hogares que requieren refuerzo de ingresos, hogares que enfrentan déficits de vivienda, saneamiento, educación o protección social, y hogares donde ambas dimensiones se superponen.
Por eso, “mejorar la eficiencia del gasto implica calibrar instrumentos, montos, población objetivo y mecanismos de seguimiento para que cada intervención responda al tipo de privación que busca reducir”.
Por último, propone orientar una estrategia de política pública basada en dos objetivos simultáneos: “Evitar que el aumento proyectado para 2026 revierta la mejora reciente y avanzar sobre las condiciones estructurales que reproducen la pobreza en los hogares con niñas, niños y adolescentes”.
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