Después del 2,6% de abril, la administración de Javier Milei se juega en este aspecto una carta central: que mayo termine de confirmar que el pico inflacionario quedó atrás y que la desaceleración volvió a convertirse en tendencia.
Expectativas micro
Milei espera en mayo empezar a contar otra historia
La inflación de abril mostró alimentos más calmos, combustibles contenidos y tarifas administradas, pero todavía con el bolsillo apretando. El Gobierno insiste que "lo peor ya pasó" y vienen "los mejores 20 meses". Ahora necesita que la realidad acompañe una narrativa que volvió a ponerse a prueba.
La apuesta del Gobierno no se trata ya de una discusión técnica, sino de una de las variables más sensibles para una gestión que ata buena parte de su capital político al comportamiento de los precios y a la posibilidad de mostrar que el programa económico todavía conserva capacidad de ordenar la macro sin seguir deteriorando el humor social.
El IPC de abril recortó 0,8 puntos respecto del mes previo, perforó otra vez el umbral del 3% y cortó una secuencia de diez meses con aumentos. El dato le permitió al oficialismo recuperar discurso. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo repite como mantra: “lo peor ya pasó; ahora empiezan los mejores 20 meses de la economía”.
Ahora necesita que mayo no lo contradiga. Las proyecciones privadas parecen respaldar la lectura oficial. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el BCRA ubicó a la inflación de mayo en torno al 2,3%. De darse, completaría una nueva baja, moderada, pero suficiente para que el Gobierno pueda mostrar que "todo marcha de acuerdo al plan", aunque el alivio sigue todavía conviviendo con salarios pisados y servicios que se comen cada vez más de los ingresos disponibles.
Respiro en abril
La desaceleración del cuarto mes del año tuvo varios apoyos. El más evidente estuvo en alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron apenas 1,5%, muy por debajo del nivel general. Ahí hubo una señal concreta para el bolsillo y también para la estadística, porque se trata del rubro con mayor incidencia en el consumo cotidiano y el que más pega sobre los hogares de menores ingresos. Los primeros relevamientos de mayo mostraron variaciones contenidas en este rubro, aunque persisten aumentos en productos esenciales.
Ese movimiento tuvo un correlato todavía más claro en las canastas básicas. La Canasta Básica Alimentaria subió 1,1% en abril, la variación más baja desde agosto, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 2,5%. Para una familia tipo de cuatro integrantes, el ingreso necesario para no caer debajo de la línea de pobreza quedó en $1.469.768, y para no ser indigente en $665.053. En términos políticos, el Gobierno también celebró ese dato porque venía de varios meses en los que la comida corría por delante del promedio general y complicaba más directamente la discusión social sobre pobreza e indigencia.
El segundo factor decisivo fue la contención de combustibles. Después del salto fuerte de marzo, vinculado al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, abril y buena parte de mayo tuvieron un congelamiento temporal, luego de que YPF y el resto de las petroleras sostuvieran aumentos muy moderados postergando el pase al surtidor del componente del Brent. Además, el Gobierno actualizó sólo 0,5% los impuestos sobre combustibles. El objetivo fue evitar un nuevo sobresalto en surtidores y, con eso, desactivar uno de los motores que más empuja en la aceleración general de precios.
Presiones diferidas
El otro ancla que el Ejecutivo intenta usar para mayo está en los precios regulados, que son ni más ni menos que los bienes y servicios cuyos montos no son definidos libremente por el mercado, sino que están sujetos a normativas, acuerdos o fijaciones por parte del Estado. Acá aparece una de las tensiones centrales que el Gobierno tiene en estos momentos: por un lado, sigue sosteniendo que debe avanzar con la corrección tarifaria y la reducción gradual de subsidios, pero al mismo tiempo necesita que ese proceso no vuelva a recalentar el IPC.
Por eso, durante mayo tomó varias decisiones para llevar alivio en las boletas. Agua y Saneamientos Argentinos limitó el aumento mensual del servicio de agua al 3%. En el gas, se elevó el refuerzo al 75% en el valor del gas para hogares subsidiados en todo el país. En las electricidad, la asistencia mantiene la bonificación sobre bloques de consumo específicos y la bonificación complementaria del 10,67%. Además, se decidió postergar hasta noviembre el traslado a tarifas del mayor costo del GNL importado por barco.
En transporte ocurrió algo parecido. La suba escalonada de los boletos de colectivos de jurisdicción nacional y de trenes urbanos empezó a regir después de la primera quincena de mayo, lo que permite repartir parte del impacto entre dos meses y amortiguar el efecto estadístico inmediato, a lo que se suma lo dicho sobre la contención de los aumentos en los combustibles que impactan directamente en los costos del servicio.
Lo que mira el Gobierno
El índice de abril, sin embargo, siguió mostrando que los regulados presionan bastante: aumentaron 4,7%, casi el doble del IPC general. Transporte encabezó las subas con 4,4%; comunicación 4,1%; y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 3,5%. Por eso, aunque la inflación en góndolas mostró una merma, la presión sigue concentrada en servicios y gastos esenciales de los hogares.
Cabe recordar que el INDEC decidió postergar la puesta en marcha de la nueva medición a principios de año, lo que derivó en la renuncia de Marco Lavagna. Según las estimaciones de consultoras privadas, de haberse aplicado esta actualización metodológica, el índice de los últimos meses habría reflejado una cifra más elevada debido al mayor peso que, justamente, le daba mayor proporción a los ponderadores vinculados a servicio. Así, algunos cálculos ubican el acumulado enero-abril en torno al 13,3%, frente al 12,3% oficial, con el mayor salto en abril, ya que reduce el impacto de los alimentos básicos y eleva el peso de tarifas.
Es por eso que este es un punto delicado en este contexto. Mientras la inflación comienza a mostrarse desacelerando, el alivio no se distribuye parejo. Por un lado, los bienes se enfrían más rápido porque la demanda no convalida aumentos como antes. Los servicios, en cambio, siguen absorbiendo una porción creciente del ingreso y con menor incidencia en el índice. Y en esa reconfiguración del gasto, el salario pierde margen para consumo masivo, indumentaria, bienes durables y ocio; que sigue planchado.
De acá en adelante, el Gobierno entiende que mayo puede funcionar como un mes bisagra. Si el IPC vuelve a ceder y se ubica en la zona que anticipa el REM, la Casa Rosada podrá insistir con más fuerza en que marzo fue un accidente dentro de una trayectoria descendente. También podrá conectar esa mejora con otro mensaje que Caputo viene empujando: que desde marzo empiezan a verse sectores en verde, como industria y construcción, algo que también convalidó el INDEC en sus últimas mediciones, para que la actividad económica empiece a despegar.
Pero el marco general todavía muestra cuestiones para atender. Con la inflación de abril, el acumulado de los primeros cuatro meses ya superó lo que el propio Gobierno proyectó para todo 2026 en el Presupuesto. Y aunque las consultoras coinciden en un mayo más calmo, también esperan que el índice se mantenga por encima del 2% mensual durante varios meses. Además, todavía tiene por delante la parte más incómoda de la discusión tarifaria. La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió en Diputados la reforma del esquema energético con dos capítulos particularmente sensibles: la eliminación del régimen de Zona Fría y un mecanismo de alivio para las distribuidoras eléctricas endeudadas con Cammesa. Son discusiones técnicas que, más temprano que tarde, pasan a factura.
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