La reforma energética de Milei dio un paso clave en Diputados: qué cambia y cuándo se trata

El proyecto de reforma energética del Poder Ejecutivo ya quedó listo para ser tratado, después de un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de Diputados que terminó con dictamen de mayoría. La convocatoria para la sesión fue solicitada para el próximo miércoles 20 de mayo.

El gobierno nacional plantea importantes cambios para el sector: readecuación del régimen de subsidios al gas en zonas frías, regularización de obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista; continuidad de condiciones para renovables y derogación de regímenes de acceso a divisas y promoción para inversiones hidrocarburíferas.

La secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, desembarcó en el plenario para explicar el proyecto. La exposición tuvo, en rasgos generales, tres premisas ordenadoras que van en línea con los propósitos de la administración de Javier Milei: reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas.

La discusión se empantanó, principalmente, en el capítulo que insiste con la quita de subsidios al gas natural por zona fría a casi todas las regiones que hoy gozan de esas ayudas, con excepción de aquellas áreas con los climas más extremos en invierno. Según plantea el oficialismo, tienen que ir a quienes no pueden pagar; mientras que para la oposición se trata de un nuevo recorte con un argumento económico por sobre el climático.

Discusión caliente sobre la zona fría

La secretaria de Energía eligió empezar por el aspecto más caliente del proyecto: zona fría. “Creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”, sostuvo. Y enfatizó con la tesis central: "Lo que queremos es que la gente que puede pagar la energía, lo pague, y la gente que no puede pagar la energía, se la siga ayudando”.

El proyecto sustituye el régimen vigente para que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas siga financiando compensaciones para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero además reserve un “adicional por Zona Fría” para usuarios residenciales inscriptos en el régimen de SEF. También mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y faculta al Poder Ejecutivo a subirlo o bajarlo hasta en un 50%. La funcionaria insistió en focalizar la ayuda: "Hay una región del país que realmente es más fría que es la Patagonia para que tengan idea en Ushuaia se consume siete veces más de lo que se consume en Buenos Aires". En tanto, en la "zona fría ampliada" —donde se ubicaban provincias como Santa Fe y Córdoba en sus zonas inferiores—, el descuento desaparecerá para el usuario general.

El proyecto, asimismo, no sólo propone achicar la cobertura territorial, sino también cambiar la base del subsidio. Tettamanti explicó que el criterio es que en la “zona fría tradicional” se subsidie el consumo de gas, concentrando la ayuda estatal sobre los metros cúbicos consumidos y no sobre toda la factura. En ese sentido, el texto propone compensación sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, eliminando el descuento sobre el cargo fijo de distribución y el costo del transporte. "Si la razonabilidad del subsidio es porque una persona tiene que consumir mucho, lo que tenemos que subsidiar es lo que refleja el alto consumo, que es el metro cúbico", argumentó la funcionaria.

La oposición más dura tuvo voz en el bloque de Unión por la Patria. Los diputados patagónicos, cuyanos y del centro del país llevaron el debate al terreno más áspero: cuánto puede subir una factura concreta, qué pasa con hogares que consumen más por razones climáticas y qué impacto puede tener esa redefinición en pleno umbral del invierno.

Tettamanti cerró su intervención reafirmando que el peor impuesto para los argentinos es la inflación generada por el déficit fiscal y que hay que sincerar los costos. "Queremos que la gente que puede pagar la energía la pague y la gente que no puede se la siga ayudando", concluyó, mientras el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza ya empezaba a circular con las firmas necesarias para llevar el debate al recinto

Deudas eléctricas y beneficios a renovables

Otro de los capítulos salientes del proyecto es la regularización de deudas con Cammesa. Tettamanti describió una "bola de nieve" de deudas millonarias que las distribuidoras acumularon debido al congelamiento tarifario durante las gestiones anteriores. "Lo que estamos proponiendo acá es hacer una evaluación de cuáles son esos ingresos que las distribuidoras no percibieron por efecto de estas emergencias tarifarias", explicó la funcionaria.

El Estado reconocería los "activos regulatorios" de las empresas y los compensará contra las deudas que estas tienen con Cammesa. La moneda de cambio sería que declinen cualquier reclamo administrativo o judicial relacionado con las emergencias tarifarias. "Se les condonaría obviamente si renuncian a hacerle posteriores reclamos al Estado nacional", aclaró Tettamanti, argumentando que de lo contrario el dinero de las tarifas actuales se iría en pagar deudas viejas en lugar de invertirse en mejorar el servicio.

Esta propuesta generó ruidos en la oposición. El diputado del PRO Álvaro González cuestionó que se les exija renunciar al derecho de juicio en un gobierno que defiende el libre mercado. Por su parte, Julia Estrada, de Unión por la Patria, alertó sobre la falta de precisión fiscal en el proyecto: "Uno no puede a los ponchazos definir gastos de esta forma... no incluimos en el dictamen que el Estado Nacional compense porque uno no puede legislar sobre algo que desconoce el monto", planteó.

En cuanto a las energías renovables, se propone prorrogar por 20 años las exenciones impositivas para asegurar que el sector siga incorporando potencia al sistema. "La generación renovable todos los años está incorporando alrededor de 500 MW de potencia... y es muy importante que tengan la seguridad jurídica de que no se les va a gravar con tasas municipales provinciales ni otros impuestos nacionales", destacó la funcionaria.