La provincia, a través del Ministerio de Seguridad, abonó más de 152 millones de pesos a la empresa de transporte Laguna Paiva por el traslado de personal penitenciario desde la terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe hasta la cárcel de Piñero, entre los meses de julio y diciembre de 2025.
Problemática de fondo
Santa Fe pagó 152 millones de pesos por el traslado de penitenciarios a Piñero
Fue por la ampliación del servicio, entre los meses de julio y diciembre de 2025. Los agentes – alrededor de setenta- partían desde la Terminal de Ómnibus hasta el penal, ida y vuelta. Ello, ante la falta de personal que resida en el sur de la provincia.
Según consta en el decreto Nro. 348 del Poder Ejecutivo provincial, la liquidación reconoce la prestación de la empresa "con motivo de la ampliación del servicio de traslado de personal penitenciario desde Santa Fe, y con destino a la Unidad Penitenciaria Nº 11".
El monto exacto a pagar es de 152.750.122 pesos. El traslado se realizó de manera diaria, ida y vuelta, para unos 70 pasajeros a partir del pasado 7 de julio. El texto del decreto aclara que la empresa "ha prestado el servicio por fuera del contrato (a raíz de la ampliación mencionada), a satisfacción de la Administración". Pero hasta aquí, "la contraprestación dineraria no había sido efectuada".
Contexto
El acto administrativo expone una de las problemáticas del personal del Servicio Penitenciario y también de las fuerzas policiales: la imposibilidad de reunir trabajadores que residan, esencialmente, en el sur provincial. La mayoría son oriundos de localidades del norte o del centro del territorio santafesino.
Ello obliga a que, a diario, los agentes que tienen funciones asignadas en el sur de la provincia, deban recorrer varios kilómetros hasta llega a su lugar de destino laboral. La situación no sólo tiene un impacto económico – el estado debe garantizar el traslado-, sino también físico, puesto que se resienten las horas de descanso del personal.
La situación fue una de las demandas planteadas, incluso, en la protesta policial de principios de febrero, esencialmente, en la ciudad de Rosario.
Es que más allá del problema histórico y cada vez más creciente en la institución, una de las últimas camadas de cadetes formados durante la gestión anterior, egresaron y fueron asignados con funciones en el sur, aunque con el compromiso de que en el corto plazo volverían a trabajar a sus lugares de origen. Y eso no sucedió.
Por ello, parte de las mejoras anunciadas por la gestión de Maximiliano Pullaro para desactivar el conflicto, incluyeron medidas para aliviar esa situación. Por un lado, se garantizó alojamiento en hoteles tal como sucede con los efectivos federales que prestan función en la provincia.
Por el otro, anunciaron que se trabaja en un programa para facilitar el alquiler de la vivienda, en el caso que el efectivo o agente penitenciario decida mudarse y residir en la ciudad donde tiene asignado su puesto de trabajo.
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