El Gobierno nacional habilitó una nueva etapa del proceso de concesiones viales y amplió el conjunto de rutas nacionales que podrán quedar bajo administración privada. La medida fue establecida mediante el Decreto 1358/2026, publicado con fecha 12 de noviembre, que incorpora 27 rutas al proyecto denominado Red Federal de Concesiones.
Cuáles son las 27 rutas nacionales que el Gobierno busca concesionar
A través del Decreto 1358/2026, el Poder Ejecutivo incorporó nuevas trazas al proyecto Red Federal de Concesiones. El listado incluye 27 rutas nacionales distribuidas en distintas provincias, entre ellas Santa Fe.

La iniciativa establece que los nuevos tramos serán concesionados bajo el régimen de obra pública por peaje. Esto significa que empresas privadas podrán hacerse cargo de tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, además de prestar servicios a los usuarios.
El listado incluye corredores que atraviesan distintas regiones del país y comprende rutas nacionales de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y otras provincias.
Según establece el decreto, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales dentro de un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.

Qué rutas nacionales podrán ser concesionadas
El anexo del Decreto 1358/2026 identifica 27 rutas nacionales que podrán incorporarse al esquema de concesiones. La distribución por provincias es la siguiente:
Ruta Nacional 3: Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
Ruta Nacional 9: Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
Ruta Nacional 11: Santa Fe, Chaco y Formosa.
Ruta Nacional 12: Entre Ríos.
Ruta Nacional 14: Corrientes y Misiones.
Ruta Nacional 16: Santiago del Estero, Chaco y Salta.
Ruta Nacional 22: Buenos Aires y La Pampa.
Ruta Nacional 25: Chubut.
Ruta Nacional 26: Chubut.
Ruta Nacional 33: Buenos Aires.
Ruta Nacional 34: Jujuy y Salta.
Ruta Nacional 35: Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
Ruta Nacional 38: Córdoba y La Rioja.
Ruta Nacional 50: Salta.
Ruta Nacional 60: Córdoba.
Ruta Nacional 81: Formosa.
Ruta Nacional 86: Formosa.
Ruta Nacional 89: Chaco y Santiago del Estero.
Ruta Nacional 120: Corrientes.
Ruta Nacional 121: Corrientes.
Ruta Nacional 122: Corrientes.
Ruta Nacional 151: La Pampa.
Ruta Nacional 152: La Pampa.
Ruta Nacional 158: Córdoba.
Ruta Nacional 228: Buenos Aires.
Ruta Nacional 237: Neuquén.
Ruta Nacional A0017: Buenos Aires.
La inclusión de una ruta en este listado no significa que toda su extensión vaya a ser concesionada. El decreto establece que podrán incorporarse la totalidad o solamente algunos sectores, según la delimitación que se realice para cada proceso licitatorio.
Qué cambia para Santa Fe: la Ruta Nacional 11 está incluida
Entre las trazas incorporadas aparece la Ruta Nacional 11, que atraviesa la provincia de Santa Fe y conecta distintas localidades del territorio provincial.
El anexo también contempla su recorrido por Chaco y Formosa, por lo que se trata de un corredor que involucra a tres jurisdicciones.
La medida no determina todavía qué sectores específicos de la ruta quedarán bajo concesión ni establece cuáles serán las condiciones particulares de su explotación. Esa delimitación deberá realizarse posteriormente, a partir de estudios técnicos y económicos.
Además, el decreto aclara que las nuevas concesiones no podrán superponerse con sectores que ya se encuentren comprendidos en contratos vigentes dentro de las etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones.
Esto es importante porque algunas rutas del nuevo listado también aparecen en etapas previas del programa. Entre ellas figuran las nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35. Sin embargo, la coincidencia de los números de ruta no significa que se trate de los mismos tramos.

Cómo funcionará el nuevo sistema de concesiones viales
El Decreto 1358/2026 establece que los caminos incorporados al programa podrán quedar bajo concesión mediante el cobro de peajes.
Las empresas que resulten adjudicatarias tendrán a su cargo distintas actividades vinculadas con la infraestructura vial. Entre ellas se encuentran la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la administración y prestación de servicios a los usuarios.
La norma también contempla la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias o colaterales que permitan generar ingresos adicionales.
El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de promover inversiones privadas para mejorar el estado de los caminos nacionales, elevar los niveles de seguridad y garantizar mejores condiciones de circulación.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que la iniciativa busca rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad.
El esquema forma parte de una estrategia más amplia de participación del sector privado en la gestión de las rutas nacionales, con el objetivo de reducir la utilización de recursos públicos para financiar su operación y mantenimiento.

Quién organizará las licitaciones y quién controlará las concesiones
El decreto distribuye las responsabilidades entre dos organismos.
Por un lado, el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, tendrá a su cargo la organización de los procedimientos licitatorios. Entre sus facultades estarán determinar los tramos que se concesionarán, aprobar los pliegos y las condiciones de los contratos, convocar a las licitaciones, evaluar a los oferentes y resolver las adjudicaciones.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos. Esto significa que tendrá a su cargo las tareas de supervisión y control de las concesiones viales que se otorguen bajo este nuevo esquema.
Antes de definir la conformación de cada corredor, deberá existir un informe técnico de Vialidad Nacional. Los tramos definitivos también estarán sujetos a estudios y lineamientos económicos, jurídicos y tarifarios de las autoridades competentes.

Cuándo se realizarán las nuevas licitaciones
El artículo 4 del decreto establece un plazo de 12 meses, contado desde la entrada en vigencia de la norma, para que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, convoque a las licitaciones públicas nacionales e internacionales.
Por lo tanto, la incorporación de las rutas al programa constituye el inicio de una nueva etapa administrativa y no implica que las empresas privadas comiencen inmediatamente a administrar esos caminos.
Todavía deberán definirse los sectores específicos que integrarán cada concesión, elaborarse los pliegos, establecerse las condiciones económicas y tarifarias y realizarse los procedimientos de selección.
La medida amplía así el alcance de la Red Federal de Concesiones, un programa con el que el Gobierno nacional busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de una parte de la infraestructura vial del país, bajo un sistema de concesiones por peaje.








