Reforma laboral: con apoyos "encaminados", el Gobierno negocia la letra chica a horas de la sesión

A las puertas de la sesión, el oficialismo confía en que tiene los votos para la media sanción a la reforma laboral en el Senado; con ese fin, afina el proyecto que le garantice los acompañamientos necesarios en el recinto.

El Ministro de Interior, Diego Santilli, lo reconoció este lunes tras recibir al gobernador de Chaco, Leonardo Zdero: “Es importante que la ley salga”, dijo y aseguró que “creo que vamos a tener los votos para dar el primer paso este miércoles”.

A la seguridad le sumó la posibilidad de que haya modificaciones al texto. “El objetivo central de la ley no se ha modificado”, dijo pero admitió que puede haber “correcciones”. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar experiencias… siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado”, aclaró.

En el operativo de última hora, Patricia Bullrich volvió a reunirse con legisladores dialoguistas para terminar de acordar el articulado y llevar las definiciones mañana a la Casa Rosada para que la Mesa Política termine de definir la maniobra.

En la previa de la reunión, la jefa del bloque oficialista en el Senado reforzó el mensaje en redes con una consigna de polarización: “O modernizamos el sistema, o seguimos igual de mal. Es ahora. No hay más excusas”, publicó este lunes por la tarde.

Negociación con las provincias

El Gobierno confía en tener los votos para aprobar el proyecto en general y apuesta a blindar la media sanción con un acuerdo lo suficientemente firme como para que las concesiones no obstaculicen el trazo grueso de la iniciativa.

El capítulo que aparece como principal obstáculo es el fiscal. Los gobernadores plantean que la baja del Impuesto a las Ganancias es el punto más sensible del paquete porque impacta en la recaudación coparticipable.

Si bien el ala más dura de la Mesa Política apuesta por no ceder en ese reclamo, aparece como alternativa la propuesta de mantener el capítulo pero postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas. La discusión se acelera porque el oficialismo quiere llegar al recinto sin variables abiertas.

En ese sentido, Santilli recibió en Casa Rosada al chaqueño Zdero. Tras el encuentro, ambos subrayaron la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma: “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, deslizaron desde el entorno del ministro.

No fue el primer contacto del año. Ya se habían visto el 12 de enero en Chaco, cuando Zdero respaldó públicamente el proyecto y lo vinculó al rumbo económico de déficit cero y a la baja del riesgo país. Santilli replicó encuentros con gobernadores clave en el poroteo legislativo por la modernización laboral como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, Marcelo Orrego de San Juan, Ignacio Torres Chubut, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

Según la posición que fijó este lunes Santilli, la iniciativa se trata de “modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto”. A esto incluye un estancamiento en la creación de empleo: “más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con la ley van a pasar a la formalidad”, con acceso a “una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado”, argumentó.

La CGT apuesta por cambios

Mientras el Gobierno resalta que la reforma no es contra el trabajador sino contra el sistema que desalienta contratación, el sector sindical descree y decidió movilizar este miércoles en rechazo a la reforma. Si bien en la CGT consideran que es probable que la norma sea aprobada, apuestan a cambiar artículos que tienen impacto directo en la gremial.

En ese marco, este lunes salió a hablar Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y de Relaciones Internacionales de la central obrera. Sostuvo que, aunque los trabajadores deberían “ganar beneficios” con el Proyecto de Modernización Laboral, no es lo que ve “en las realidades concretas”.

Asimismo, apuntó al punto que el Gobierno presenta como bandera: el empleo formal. “En ningún momento (la ley) habla de generación de puesto de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, dijo, en un contexto donde —según describió— alrededor del 46% de la sociedad asalariada se encuentra en la informalidad.

La conducción sindical, además, ya identificó los ítems que quiere discutir o recortar: financiamiento, limitación de la ultraactividad, restricción del derecho a huelga. “Es un punto innegociable”, definió Martínez sobre los derechos colectivos, y avisó que el proyecto pretende “romper el modelo” gremial argentino.

Aun con esa dureza, dejó una puerta abierta que el Gobierno también lee: el diálogo “no está cortado” y los sindicatos tienen “la obligación de hablar”, porque “nadie puede resolver en la soledad los problemas estructurales” del país.

Para el miércoles, en la Casa Rosada esperan “tensión en la calle” mientras se debate en el recinto y descuentan despliegue de fuerzas federales para custodiar el Congreso y vallas. El oficialismo también juega ahí: orden en la calle para no regalar imágenes, orden en el recinto para no perder votos.