Santilli busca apoyos para la reforma laboral y Pullaro pone condiciones por Ganancias

El receso legislativo de verano no frenó las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias. Con la reforma laboral como próxima meta parlamentaria, el Gobierno nacional activó una ronda de gestiones para asegurarse los votos necesarios en el Senado, donde el oficialismo todavía está lejos de reunir el quórum.

La iniciativa, bautizada como “Modernización Laboral”, podría llegar al recinto entre el martes 10 y el miércoles 11 de febrero. Para ese objetivo, el Ejecutivo puso al frente de las conversaciones a Diego Santilli, quien se mueve como principal interlocutor con los gobernadores y jefes provinciales.

El punto de partida del recorrido será el lunes 12 de enero en Resistencia, donde Santilli se reunirá con el gobernador chaqueño Leandro Zdero. El radical es aliado de La Libertad Avanza y tiene bajo su órbita al menos dos diputados y una senadora, apoyos clave para el oficialismo.

Un día después, el martes 13, el funcionario nacional recibirá en Casa Rosada al pampeano Sergio Ziliotto. El gobernador peronista ya expresó reparos por el artículo 191 del proyecto, que modifica el impuesto a las Ganancias y genera preocupación por su impacto directo en la coparticipación.

Según un informe al que tuvo acceso, la rebaja del tributo implicaría una pérdida de $1.729.044 millones para las provincias en 2026. La reducción de la alícuota afectaría la recaudación nacional y, en consecuencia, los fondos automáticos que se distribuyen entre los distritos.

Tras una recorrida por zonas afectadas por incendios, Santilli regresará el 14 de enero a Chubut para monitorear el operativo de contención del fuego junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Ignacio Torres, otro actor clave en la negociación.

La gira continuará el jueves 15 en Mendoza, donde Santilli se reunirá con el radical Alfredo Cornejo. El mendocino concentra dos apoyos en Diputados y otros dos en el Senado, por lo que su postura será determinante para el avance del proyecto oficialista.

Para la reforma laboral, el oficialismo cuenta hoy con 20 votos propios en el Senado, más el respaldo de Luis Juez. Necesita al menos 16 voluntades adicionales para alcanzar el quórum y habilitar la sesión. Allí entran en juego la UCR y los bloques provinciales.

El radicalismo, con diez bancas, es un actor central. En el partido centenario admiten que “sí tiene que haber una reforma”, pero cuestionan aspectos sensibles del proyecto, como el financiamiento del fondo de cese laboral con recursos de la ANSES.

Ganancias, el punto que tensiona a los gobernadores

El artículo 191, que introduce cambios en el impuesto a las Ganancias, es el punto que más resistencias genera entre los gobernadores. La preocupación no es ideológica sino fiscal: una menor recaudación impacta de lleno en la coparticipación.

Siete senadores responden de manera directa a mandatarios radicales y provinciales: Silvana Schneider, Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Otros tres legisladores tienen mayor margen de acción.

También aparecen como posibles aliados Ignacio Torres, Gustavo Sáenz y los representantes de Misiones, que históricamente priorizan la gobernabilidad. En el peronismo, Guillermo Andrada podría sumar su voto en línea con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

En ese mapa de negociaciones aparece Santa Fe, aunque sin integrar formalmente la gira de Santilli. El gobernador Maximiliano Pullaro ya dejó en claro que no busca una foto política sin respuestas concretas por parte de Nación.

En el entorno del mandatario santafesino no rechazan de plano la rebaja de Ganancias. “Mientras se dinamice la economía, está bien”, expresó un funcionario cercano a Pullaro. Sostienen que la provincia tiene una matriz productiva con salarios altos y empleo formal.

En ese contexto, una baja del impuesto podría dejar más dinero en la calle y fortalecer el consumo. “Hay hasta docentes que hoy pagan Ganancias”, explican en la Casa Gris para dimensionar el impacto del tributo en Santa Fe.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es la caída de recursos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la rebaja de Ganancias implicaría una pérdida del 0,22% del PBI. De ese total, Santa Fe dejaría de percibir más de $97 mil millones por año.

Las exigencias de Pullaro a la Casa Rosada

El número no genera alarma inmediata en el gobierno santafesino, pero sí condiciones. La principal es que Nación se siente a negociar el pago de la deuda que la Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, estimada en más de $1,5 billones.

Es un reclamo histórico que Pullaro repite cada vez que encuentra una ventana política. El antecedente de Córdoba, donde el gobernador Martín Llaryora logró un acuerdo por fondos previsionales, refuerza la expectativa santafesina.

Además, la Casa Gris exige que el Estado nacional retome sus obligaciones básicas en la provincia. “Solo pedimos que se cumpla la ley”, repiten desde el entorno del gobernador.

Uno de los reclamos más visibles es la infraestructura vial. En el gobierno provincial señalan que hay rutas nacionales en estado crítico que terminan siendo reparadas con fondos santafesinos. El caso de la Circunvalación de Rosario volvió a encender las críticas.

Pullaro intentó avanzar en un acuerdo para que Nación ceda las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. La propuesta fue concreta: o las mantienen o las transfieren a la provincia. Hubo un borrador de decreto, pero las negociaciones se trabaron.

Según revelaron en la Casa Gris, el ministro de Economía, Luis Caputo, condicionó la cesión de rutas a que Santa Fe desistiera de las demandas por la deuda previsional. El planteo fue rechazado de plano y el diálogo se cayó.

La deuda con la Caja de Jubilaciones se originó en los años 90, cuando Nación reformó el sistema previsional y se comprometió a compensar a las provincias que no transfirieran sus cajas. Santa Fe fue una de ellas y sostiene que el incumplimiento es sostenido.

Pullaro asumió sabiendo que el déficit previsional era el principal condicionante de su gestión. La primera reforma que impulsó fue la de emergencia previsional, que generó fuertes tensiones con gremios y protestas en la Legislatura.

La medida permitió aliviar el problema, pero no resolverlo. En paralelo, la provincia llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los intentos de conciliación no prosperaron y el conflicto sigue abierto.

El debate se da en una semana clave, tras conocerse el informe del Ministerio de Economía de Santa Fe sobre las cuentas provinciales. El documento mostró que 2025 cerró con un equilibrio fiscal muy ajustado.

El dato más contundente es que, si Nación hubiera cumplido con las transferencias previsionales, Santa Fe habría cerrado el año con un superávit 24,65% mayor, equivalente a más de $125 mil millones. Un número que explica la firmeza de Pullaro.