En una resolución de fuerte impacto político y judicial, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ordenó la suspensión preventiva por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense.
Supensión preventiva
La Justicia bonaerense frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil
Apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un habeas corpus colectivo. El fallo pone en duda la capacidad de la provincia para albergar e imputar a menores de 14 y 15 años sin vulnerar sus derechos.
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La medida fue dictada este lunes 7 de septiembre por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, interrumpiendo el despliegue del marco normativo recién estrenado.
Los fundamentos del habeas corpus colectivo
El fallo judicial responde a un habeas corpus preventivo y colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización que se presentó en representación de adolescentes que se encuentran privados de su libertad.
La decisión de la magistrada se dio tan solo dos días después de que entrara formalmente en vigencia la Ley 27.801, la cual modifica sustancialmente el abordaje de la minoridad frente al delito al incorporar al sistema penal imputable a los adolescentes de 14 y 15 años, además de endurecer las condiciones en la ejecución de las penas.
Advertencia por la infraestructura y el resguardo de derechos
Al argumentar la suspensión, la jueza Pascual puso el foco en la falta de capacidad operativa y edilicia del Estado provincial para contener la nueva demanda institucional.
Entre los puntos centrales del fallo, se advierte sobre las consecuencias del inminente incremento en la cantidad de jóvenes menores detenidos y la extensión de los tiempos de encarcelamiento, alertando sobre el riesgo real de sobrepoblación e imposibilidad de garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes.
Cierre y perspectivas del conflicto
La ventana de 60 días dispuesta por la Justicia busca forzar una instancia de evaluación sobre las condiciones reales de infraestructura y logística con las que cuenta la provincia de Buenos Aires. El debate por la baja en la edad de imputabilidad queda así supeditado al cumplimiento de estándares básicos de habitabilidad y garantías procesales para el fuero de la minoridad.
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