El gobierno nacional ordenó cerrar 13 registros seccionales del Automotor en Santa Fe como parte de una nueva reducción de oficinas que alcanzará a 72 dependencias del país.
Boletín Oficial
Nación dispuso el cierre de 72 registros del Automotor, 13 de ellos en Santa Fe
El Ministerio de Justicia fijó mediante una resolución publicada este jueves 60 días hábiles para concretar los cierres y trasladar los legajos a otras oficinas. Varias sedes ya habían absorbido funciones en agosto.
La decisión quedó establecida por la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por Juan Bautista Mahiques y publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma suprime 67 registros y dispone el cierre operativo de otros cinco cuya eliminación ya había sido resuelta anteriormente. No significa que todos dejen de atender desde ahora: la Dirección Nacional tiene un plazo "improrrogable de sesenta (60) días hábiles" para ejecutarlo.
La cartera fundamentó la medida en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio. Planteó la "supresión, concentración o reorganización de oficinas registrales" para optimizar recursos y sostuvo que la concentración de funciones debe concretarse "sin menoscabar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios".
Qué registros alcanza en Santa Fe
El Anexo I enumera 12 oficinas santafesinas cuya supresión se dispone ahora. Son las de maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios de Chañar Ladeado, Esperanza, Las Rosas, Rufino, San Carlos Centro, San Justo, Santa Fe N° 2 y Vera. También figuran las dependencias de Firmat y Melincué, María Teresa y Venado Tuerto, San Genaro y Totoras, y el registro con competencia en motovehículos y créditos prendarios de Rafaela.
El Anexo II suma el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 3, cuya supresión había sido dispuesta por la Resolución 19/2025 y que ahora deberá completar su cierre. Es una distinción importante: la mayoría de las oficinas santafesinas afectadas por esta etapa tiene competencias especializadas; no cerrarán todos los registros del Automotor de esas localidades.
Oficinas reorganizadas que ahora deberán cerrar
La nueva resolución profundiza la medida publicada el pasado 31 de agosto. En aquella oportunidad, la Resolución 411/2026 había dispuesto la reorganización de 368 unidades registrales y la absorción de 35 dependencias santafesinas por otras oficinas.
En cuatro casos, el registro que entonces recibió competencias aparece ahora entre los que serán suprimidos: Firmat y Melincué (71008), María Teresa y Venado Tuerto (71011), Rafaela (45044/71014) y San Genaro y Totoras (71022). Es decir, la redistribución aprobada hace poco más de dos meses deberá ser revisada nuevamente para definir a qué oficina irán sus trámites y dominios.
El Gobierno sostiene que la reducción de sedes físicas acompaña el avance hacia gestiones digitales. Sin embargo, la resolución no identifica los registros que recibirán cada cartera, ni detalla las distancias que deberán recorrer los usuarios cuando necesiten atención presencial.
Reasignación de legajos y ampliación de competencias
La Dirección Nacional deberá realizar las tareas "administrativas, registrales, documentales e informáticas" necesarias para el cierre y asignar los dominios a los registros que permanezcan operativos. El plazo fijado es de 60 días hábiles, frente a los 30 días que había establecido la resolución de agosto para otra etapa de la reorganización.
Además, los registros que continúen funcionando podrán incorporar, "previa orden" de la Dirección Nacional, trámites de automotores, motos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas sobre bienes muebles no registrables, aunque originalmente no tuvieran esas competencias. Los encargados titulares que absorban nuevas funciones conservarán sus cargos bajo la denominación resultante.
Seguridad argumentó que ese esquema permitirá una utilización "más eficiente de los recursos disponibles" y mejorará la atención. La distribución concreta de los dominios y las sedes receptoras, determinantes para quienes deban realizar trámites, quedó pendiente de las disposiciones de implementación.
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