Sábado 10.10.2020
/Última actualización 4:22
Juristas locales e internacionales manifestaron su respaldo a la creación de un Código de Defensa del Consumidor, en el marco de una reunión de comisión de la Cámara de Diputados en la que se analiza esa iniciativa como una legislación modificatoria de la ley marco sancionada en 1993.
El encuentro, realizado de manera virtual, fue organizado por la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara baja.
En primer lugar, el jurista Gabriel Stiglitz celebró "la armonía que reflejan los bloques en miras del bien común y el interés general, esto es lo que espera la sociedad, estas grandes coincidencias como las que se reflejan en esta comisión".
Stiglitz consideró que los proyectos en análisis "llevan a la máxima expresión el grado de protección del consumidor que se puede esperar de una legislación y establecen el principio de orden público".
Por su parte, la abogada brasileña Claudia Lima Márquez comparó la legislación de Brasil y Argentina y dijo que los proyectos en danza "están actualizados de acuerdo a los grandes lineamientos internacionales de protección del consumidor".
"Hoy tenemos mucho acceso a los bienes y servicios pero nuevos desafíos, como la discriminación, los algoritmos y el sobre-endeudamiento de las familias, entonces se necesita un Código realmente para el siglo XXI", resumió Lima Márquez.
Por último, la exjueza Aida Kemelmajer de Carlucci -a través de una detallada exposición- sostuvo que el proyecto de Código de Defensa del Consumidor "es una continuación de la misma línea que inició la reforma constitucional del 94 y siguió el Código Civil y Comercial".
Al igual que sus colegas, la jurista coincidió en que los proyectos en análisis "dan un paso cualitativo extraordinario" con respecto a la legislación vigente.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por el diputado José Luis Riccardo (UCR), realizó hoy la tercera reunión informativa con expertos que expusieron sobre investigación y desarrollos internacionales con inversión privada.
En primer lugar, Graciela Ciccia, presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina (UIA), expuso sobre innovación abierta -cuando una empresa establece vínculos públicos/privados de desarrollo- y ejemplificó el caso de las plantas del Laboratorio mAbxience en el país.
"Cuando el Estado promueve y da incentivos fiscales a través de las leyes tracciona inversión privada", dijo.
A su turno Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham Argentina), se refirió a la investigación clínica: "Es el área que lidera el ranking de inversiones argentinas y representa el 27% de investigación y desarrollo e implica más de 5 mil puestos de trabajo calificados".
"El desafío es realizar un marco regulatorio que promueva las investigaciones biométricas que requieren de una política de Estado", agregó.
Miguel Ponce, investigador del CONICET, habló sobre el proyecto para evitar muertes por monóxido de carbono que fue realizado con el apoyo de Brasil: "Uno de las principales problemas que tenemos es la discontinuidad. Tuvimos apoyo mediante una ley, pero no tuvimos la continuidad y por eso, realizamos la transferencia de tecnología".
En tanto, Raffele Oriani, doctor en Administración (Universidad de Bologna), realizó una comparación de inversiones realizadas en ciencia entre países de Europa, Asia y América Latina.
"Argentina es la que invierte más, comparada con Chile, México y Colombia", manifestó.
Asimismo, enumeró formas de generar inversiones: incentivos fiscales, financiación pública-directa de las empresas privadas, colaboración público-privada para la financiación de las empresas con capital de riesgo, transferencia de tecnología entre universidades, entre otras.