La semana más compleja del año para la seguridad santafesina dejó, según el ministro Pablo Cococcioni, una enseñanza política clara: la protesta policial existió, tuvo fundamentos atendibles, pero no puso en riesgo la institucionalidad ni la operatividad del sistema.
El funcionario remarcó que el gobierno logró “neutralizar el conflicto” mediante diálogo constante con la fuerza, incluso en los momentos de mayor tensión. Según explicó, el reclamo del personal tenía una base legítima, aunque la falta de interlocutores unificados complicó las negociaciones.
Durante los días más críticos, el Ministerio sostuvo contactos diarios a través de la jefatura policial e incluso conversaciones directas con efectivos. Cococcioni aseguró que en general existía reconocimiento hacia la actitud del gobierno y anticipos informales de que la protesta terminaría.
Un conflicto con reclamos legítimos, pero sin ruptura institucional
El ministro subrayó que nunca se perdió el control operativo. Aun en los momentos más delicados, explicó que el sistema de emergencias funcionó con tiempos de respuesta cercanos al promedio habitual, apenas superiores a siete minutos.
También destacó que siempre se mantuvo un piso de patrullaje activo y que, tras el anuncio del gobernador, el despliegue policial en calle alcanzó un pico de 235 móviles. Ese refuerzo coincidió además con el mayor número de identificaciones del año.
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Se levantó la manifestación en Rosario tras el discurso de PullaroPara Cococcioni, ese comportamiento fue un gesto del propio personal policial. Interpretó que los efectivos comprendieron que el gobierno busca fortalecer la institución dentro de las posibilidades presupuestarias y no desde una lógica de confrontación.
El ministro insistió en que la cadena de mando nunca se rompió y que el respeto institucional se sostuvo durante todo el proceso, más allá de un incidente puntual que deberá ser evaluado por la Justicia.
El diálogo político y el equilibrio entre autoridad y gestión
En el plano político, Cococcioni defendió la decisión de levantar disponibilidades disciplinarias para sostener el diálogo. Explicó que fue un pedido expreso en la mesa de negociación y que mantener su palabra era clave para garantizar credibilidad.
Aclaró que esa decisión no implica desconocer posibles responsabilidades individuales, ya que algunos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y deberán investigarse por los canales judiciales correspondientes.
El ministro evitó hacer una evaluación definitiva sobre si el gobierno salió fortalecido o golpeado del episodio. Señaló que el contexto exige seguir trabajando sin pausa y que la relación con la policía no quedó dañada.
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Suspenden sanciones a polícias por las protestas y anticipan mejoras salarialesIncluso relató que, tras la crisis, el contacto con los efectivos continuó con normalidad, con gestos de respeto e incluso cercanía en recorridas por unidades policiales.
Para el funcionario, la prioridad sigue siendo fortalecer a la fuerza que permitió reducir los niveles de violencia extrema en la provincia. En ese marco, aseguró que el gobierno seguirá buscando mejoras para el personal dentro de las posibilidades económicas.