Avanzó en el Senado un proyecto para la participación ciudadana prometida por la Reforma 2025

Con intervenciones de senadores del oficialismo y de la oposición que destacaron que Santa Fe ingresa en una nueva etapa en materia de derechos ciudadanos, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción una ley que busca hacer realidad los institutos de participación ciudadana.

El proyecto de ley, de 103 artículos, fue votado por unanimidad y busca cumplir con los mecanismos que fueron incorporados a la Constitución de Santa Fe en la Reforma de 2025.

Se trata de un texto impulsado por Julio Francisco Garibaldi que regla la Iniciativa popular; el Referéndum; la Consulta Popular; la Revocatoria de Mandato; las Audiencias Públicas; las Propuestas Ciudadanas; y los Desafíos Públicos que desde el año pasado gozan de estatus constitucional y alguna vez serán realidad en las prácticas políticas.

La norma que impulsa el senador socialista contiene formas participativas que la Constitución reformada no ordenó, pero tampoco vedó. Más aún, puede decirse en coincidencia con el texto que ingresó a comisiones que el espíritu general de la reforma ha ido en el mismo sentido con que ahora se propone agregar, por ejemplo, la práctica de “desafíos ciudadanos”.

El objetivo general expresado en el articulado es “regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno”.

En las primeras páginas de unas 30 carillas se describen los principios rectores para que la participación ciudadana no se reduzca a votar autoridades y representantes, sino también a ejercer presión, terminar con mandatos e incluso legislar.

En ese sentido, se menciona en primer lugar el “interés público” como “criterio rector en su diseño y ejecución”, la universalidad con “acceso efectivo y sin discriminación”, la transparencia en publicidad y difusión activa.

En igual modo, se procura la “participación informada, mediante el acceso a información veraz, suficiente y comprensible”, bajo criterios de “inclusión y equidad”. Se proclama entre estos principios que el Estado provincial quite “barreras” a la participación y “favorezca la intervención de sectores en situación de vulnerabilidad”. Y que el debate respete el “lenguaje claro, garantizando la comprensión de los procedimientos, actos y comunicaciones”.

Los fundamentos son más expresivos: “El presente proyecto de ley se inscribe en la convicción de que la democracia se la celebra, se sostiene y se renueva en la medida en que es capaz de reconocerse como una obra inacabada, abierta a la intervención permanente de la ciudadanía”, dice Garibaldi.

Añade que es justo hablar de la “vitalidad” de una sociedad cuando se verifica su participación ciudadana.

Tras recordar los “mandatos de la reciente reforma constitucional”, la norma propuesta “reconoce y proyecta una trayectoria política concreta” y recuerda las gestiones de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz (los tres del mismo partido que el representante por La Capital) cuando Santa Fe fue “pionera en la construcción de un Estado abierto, con políticas sostenidas materia de transparencia, descentralización y participación ciudadana”.

“Sólo a modo de ejemplo podemos mencionar: la elaboración del Plan Estratégico Provincial, con participación de miles de santafesinas y santafesinos, con una proyección desde el año 2008 hacia el año 2030; la creación del Consejo Económico y Social; la consolidación de instancias territoriales de diálogo y la institucionalización del acceso a la información pública”.

“En ese recorrido -sigue-, una experiencia resulta especialmente significativa por su capacidad de anticipar los desafíos contemporáneos: el laboratorio de innovación pública Santalab”. Se pasó “de una participación ciudadana entendida como instancia de consulta, a otra concebida como co-creación de soluciones públicas”.

Santalab “partió de una hipótesis que hoy resulta central para pensar el diseño institucional del siglo XXI. Ya no alcanza con ‘decidir con’ la ciudadanía; es necesario ‘hacer con’ ella”, advierte.

Es en definitiva “reconocer que el conocimiento, la inteligencia colectiva y la capacidad innovadora no están concentradas en el Estado, sino distribuidos en la sociedad”.

Tecnologías y tensiones

“Por un lado, tenemos una ciudadanía cada vez más conectada, informada y demandante; y por otro, estructuras estatales muchas veces rígidas, verticales y alejadas de la sociedad”, sostiene en los fundamentos del proyecto de ley que recibió media sanción el senador Julio Francisco Garibaldi.

Concluye que “la respuesta tiene que ser la apertura”. Y explica que su iniciativa “se inspira en modelos globales que hoy son el estándar de la innovación pública”.

La experiencia internacional

En Chile la Innovación Abierta (Laboratorio de Gobierno) y sus “Desafíos Públicos”, el Estado trasandino “reconoce que la inteligencia está distribuida. Instituciones como la Policía de Investigaciones o municipios en climas extremos (como Cabo de Hornos) plantean problemas de alta complejidad técnica y financian el prototipado de soluciones creadas por ciudadanos y startups. Este modelo transforma al ciudadano en un socio tecnológico que ayuda a proteger ecosistemas o mejorar la transparencia en el uso de recursos educativos”.

En Madrid existe “un portal de participación ciudadana que combina iniciativa individual, adhesión colectiva y obligación institucional de tratamiento. Cualquier persona registrada puede presentar una propuesta, que permanece activa durante 12 meses y puede recibir apoyos de ciudadanos mayores de 16 años empadronados. Si alcanza suficiente apoyo, el Ayuntamiento debe someterla a votación pública. Si el resultado es favorable, el gobierno municipal evalúa su viabilidad para eventual implementación. Más de 400.000 personas han utilizado la plataforma; entre las propuestas aprobadas se destacan: Madrid 100% Sostenible y los trasbordos gratuitos entre autobús y metro”.

En el caso de Islandia, su modelo de Democracia de Proximidad (Better Reykjavik), aprovecha una plataforma que “permite la iniciativa ciudadana directa sobre la agenda urbana. Las propuestas más apoyadas son canalizadas mensualmente hacia el gobierno local, que tiene el deber institucional de evaluarlas y responder públicamente sobre su viabilidad”.

De este modo, “la innovación ciudadana deja de depender de la discrecionalidad política y se integra en un circuito estable de rendición de cuentas. La ciudad ha implementado cerca de 700 ideas ciudadanas, con resultados visibles y prácticos en todos los barrios, que han mejorado para el disfrute de sus habitantes”.

En Estados Unidos hay también Desafios Públicos (Challenge.gov): “El gobierno federal norteamericano ha institucionalizado las 'competencias por premios’. Se trata de una arquitectura donde el Estado define problemas críticos (desde el desarrollo de IA para cuidadores de salud hasta sistemas de detección de incendios forestales) y abre la resolución a cualquier ciudadano o empresa. Esto permite al Estado acceder a soluciones que su propia burocracia no podría generar, premiando el resultado concreto”.