El debate por el Súper RIGI en el Senado dejó de girar únicamente alrededor de cuánto recursos puede captar la Argentina y se fijó este miércoles en cuántos recursos podría ceder el Estado a cambio de los beneficios extraordinarios durante las tres décadas de concesiones previstas en la ley.
Discusión en comisiones
El Senado puso bajo la lupa los recursos que compromete el Súper RIGI
El plenario retomó el proyecto para atraer grandes inversiones de al menos US$1.000 millones y concentró la discusión en las contraprestaciones exigidas a cambio de beneficios por 30 años. Agua, energía, proveedores locales, controles ambientales y autonomía provincial quedaron en el centro del debate.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomó el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, iniciativa que apunta a proyectos de al menos US$1.000 millones en actividades nuevas o todavía poco desarrolladas en el país.
La jornada tuvo un perfil distinto a la de la semana anterior, cuando funcionarios del Gobierno habían defendido el proyecto. Esta vez, la mayoría de los invitados puso el foco en los recursos que podrían demandar las inversiones, especialmente los centros de datos vinculados con inteligencia artificial.
Qué se exige a cambio
Guido Sack, director de Economía de Fundar, partió de una premisa compartida: la Argentina necesita inversiones y reglas claras. Pero advirtió que esa necesidad no implica conceder garantías sin obligaciones equivalentes.
“El estudio de impacto es una foto que se saca en la puerta de entrada del régimen, que dura 30 años, es decir no hay nadie que mire después”, señaló. Y agregó que el consumo de agua y energía de un centro de datos “no ocurre el día uno”, por lo que reclamó controles periódicos durante toda la vida del proyecto.
Sack también cuestionó que el incumplimiento de compromisos ambientales o del cupo de proveedores locales no implique la pérdida automática de los beneficios. Además, observó que la inversión en investigación y desarrollo que computa doble para el régimen no está obligada, según la redacción actual, a realizarse en territorio argentino.
Micaela Sánchez Malcolm, exsecretaria de Innovación Pública, llevó el planteo al terreno de los data centers. Sostuvo que requieren tierra, electricidad y agua, mientras que su demanda de empleo permanente es acotada. “La discusión no es una dicotomía entre sí o no”, planteó, sino cómo planificar la disponibilidad de recursos y qué capacidades locales pueden quedar asociadas a esas inversiones.
Proveedores, industria y arbitraje
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, pidió modificaciones sustanciales antes de un dictamen. “Treinta años de estabilidad sin condiciones, ningún país ofrece un plazo comparable en sectores de cambio tecnológico acelerado”, afirmó.
También objetó el artículo 55, al señalar que impide al Estado exigir la compra de insumos nacionales. Para Aguilar, el núcleo pasa por cuánto valor queda en el país y qué participación tendrán las pymes, las universidades y el sistema científico.
Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet, apuntó al régimen de protección a los inversores y al arbitraje internacional. A su criterio, el Súper RIGI amplía derechos y garantías por más tiempo y a un universo de inversores más extenso que el contemplado por los tratados bilaterales tradicionales.
Florencia Gómez, del CEPPAS, vinculó las objeciones ambientales con el Acuerdo de Escazú y reclamó mayor información y participación pública antes de autorizar proyectos cuyos impactos acumulativos todavía no pueden dimensionarse.
El agua y la respuesta provincial
El tono más duro llegó con Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Su planteo se concentró en las cláusulas que garantizan la operación continua de los proyectos y en las controversias que eventualmente puedan resolverse fuera del país.
“Imaginen un pueblo de la Patagonia en el año 2050 que tiene un problema de agua y hay un data center cerca”, ejemplificó. Para Viale, el esquema puede reducir el margen de respuesta de provincias y municipios frente a futuras crisis hídricas o energéticas.
La réplica vino desde San Juan. Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero provincial, explicó que los recursos naturales continúan bajo jurisdicción local y que cualquier emprendimiento debe atravesar las evaluaciones correspondientes.
“El emprendimiento propone su actividad, evalúa los impactos y propone una gestión ambiental, y la autoridad es la que evalúa y aprueba o no”, señaló. Moreno remarcó además que San Juan posee autoridad exclusiva sobre el agua y sostuvo que las actividades que ingresen al Súper RIGI seguirán sometidas a regulación y fiscalización provincial.
Defensa del oficialismo
Los senadores que respaldan el proyecto rechazaron que la discusión quede limitada a los data centers. Bruno Olivera, de San Juan, puso como ejemplo la posibilidad de atraer una refinería de cobre y defendió los 30 años de estabilidad: “Venimos de 100 años de inestabilidad”.
Nadia Márquez, presidenta de Legislación General, sostuvo que el régimen busca corregir la falta de previsibilidad tributaria y jurídica. “La Argentina se ha vuelto un país poco confiable en esos términos”, afirmó, y defendió reglas de largo plazo para inversiones que requieren grandes montos y tiempos prolongados.
Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto y Hacienda, dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, cuando continuará el tratamiento del proyecto.
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