Una sesión conjunta de Senadores y Diputados suspenderá este jueves al fiscal de Reconquista, Aldo Héctor Gerosa por el término que demande la investigación sobre su actuación en el caso del violador Marcelo Galaz.
Un caso de alto voltaje político en Reconquista
La Legislatura suspenderá al fiscal Aldo Gerosa
La auditoría del propio Ministerio Público de la Acusación recomienda a los legisladores su apartamiento por haber acordado reducir los años de la pena al pedófilo y violador condenado, Marcelo Galaz, a cambio de una suma de dinero para la víctima. El victimario fue un alto funcionario del actual senador nacional y pre candidato Dionisio Scarpin.
La reunión de legisladores fue convocada por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, para las 13 "con el objeto de expedirse sobre el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa en el marco del procedimiento para la gestión de denuncias y trámites de remoción iniciado al fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la cuarta circunscripción judicial".
La suspensión de Gerosa fue solicitada ante Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS) quien lleva adelante la investigación de la actuación del mencionado fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control del propio MPA que considera gravísimo el caso y elevó directamente el caso al Poder Legislativo como marca la ley.
Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso del violador Galaz, que ha admitido haber cometido ese delito durante seis años contra su sobrina menor de edad. La semana pasada un tribunal de Reconquista aceptó el abreviado a pedido de las partes y el mencionado ex funcionario municipal resarció con dinero a la víctima y purgará siete años de prisión. Galaz es un militante radical del departamento General Obligado que actuó en forma muy cercana al hoy senador provincial Orfilio Marcón y al senador nacional Dionisio Scarpin.
La Comisión Acuerdos de la Asamblea Legislativa declaró tiempo atrás la admisibilidad del trámite sobre ese miembro del Ministerio Público de la Acusación, que aceptó bajar la pena de Gerosa a cambio de una suma de dinero para la víctima, mediante un acuerdo que fue aceptado por la justicia aunque provocó una fuerte polémica.
En la mencionada comisión bicameral es acusadora la diputada Hynes, quien oportunamente había solicitado la suspensión preventiva en su cargo, con disminución del 50% del sueldo por el término que dure el procedimiento, y la expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe.
En esta causa, los diputados provinciales Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, formularon una denuncia judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe involucrando a Galaz, Gerosa y al propio fiscal regional, Rubén Martínez.
El caso llegó a la Legislatura porque el auditor general de Gestión del MPA, Leonardo Mai -entre sus primeras medidas al asumir en mayo su cargo- elevó a la presidenta de Acuerdos, Lionella Cattalini, un legajo disciplinario acerca de Gerosa donde se inhibe de continuar el procedimiento disciplinario para que actúe el Poder Legislativo que se ha reservado esa facultad sobre fiscales y defensores del sistema penal.
Mai presentó un escrito de 82 páginas y varios anexos ante Acuerdos que cuestionan la tarea de Gerosa en el caso Galaz, con el agravante de que el fiscal de Reconquista se desempeña como jefe de Unidad de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Sexual y Familiar "por el cual dicha especialidad exigía respuestas político criminales e institucionales de calidad, en función del cargo específico que desempeñaba, sumado a la gravedad de las faltas cometidas las cuales revisten de entidad suficiente como para poner en crisis la continuidad en el cargo".
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