La reforma de fondo que produjo el Congreso de la Nación sobre las energías en la Argentina tuvo como tema de debate más difundido la eliminación de dos tercios de las áreas y la población consideradas bajo los beneficios de la Zona Fría.
Servicio de Gas Natural
La Zona Fría se achicó pero el impuesto queda igual para los usuarios
Unos 500 mil santafesinos del sur provincial perdieron la ayuda estatal nacional. Pero para sostenerla solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe sigue vigente para todos los usuarios del país una alícuota de hasta el 7,5% sobre el precio del fluido en el punto de ingreso al sistema de transporte.
El efecto inmediato de la ley que votaron en contra los tres senadores nacionales por Santa Fe tiene claros perjuicios para la zona sur del mapa de la bota donde medio millón de personas pierden las ayudas para el servicio de distribución de gas natural. En total, en todo el país, la quita alcanza unos 4 millones.
En adelante y tal como sucedía hasta 2021 las ayudas serán solo para los climas más extremos: una pequeña porción de la población mendocina (en Malargüe), del Noroeste del país (en la Puna) y en toda la Patagonia.
Pero la vuelta a esa situación de subsidios acotados por bajas temperaturas a menos de medio millón de argentinos hoy tiene otros ingredientes. Cuando se creó esta ayuda, en 2002, las tarifas del gas natural estaban seriamente atrasadas, algo que hoy no sucede.
La salida de la convertibilidad o mejor su estallido fueron el contexto cambiario de aquella decisión. Para altos consumos, ni la pesificación de las tarifas de aquellos años fue suficiente para que los usuarios residenciales con gas natural en la Patagonia pudieran afrontar las boletas.
Más adelante, en las dos décadas y algo más que siguieron (y con algún paréntesis) las tarifas en todos los niveles y servicios fueron fuertemente subsidiadas por el Estado nacional. Desde diciembre de 2023 sucede lo contrario.
En la actualidad, todas las medidas asumidas por el gobierno nacional buscan que los usuarios residenciales (al igual que los comerciales e industriales) paguen tarifas sin ayudas y que haya solo subsidios "focalizados" para los hogares más vulnerables, en los que la suma de sus ingresos no supere tres canastas básicas.
¿Por qué es importante comparar las tarifas subsidiadas del kirchnerismo con los valores de hoy cuando se habla de gas y Zona Fría? Porque pese a la fuerte reducción del número de beneficiarios, no se tocó el impuesto que sostiene esas ayudas.
La ley aprobada mantiene una alícuota de hasta el 7,5% del valor del combustible, de cada una de las boletas de todos los usuarios del país, para sostener un número mucho menor de hogares con ayudas para pasar el invierno. La síntesis es que no se tocaría la fuente de ingresos (e impuestos) pese a que ha bajado sustancialmente la cantidad de metros cúbicos a subsidiar.
A ese novedoso desequilibrio (iguales impuestos para una asignación menor) se lo podrá corregir de dos modos: con un retiro del Estado nacional en sus aportes para sostener el valor del gas natural con este fin o con una baja de la alícuota.
La norma dispone que se cobre "hasta el 7,5%", pero la política energética nacional actual busca lo primero: que el Estado se retire todo lo posible del plano de los subsidios (y de las regulaciones) con dolarización de las tarifas.
Se busca en todo el nuevo esquema normativo que haya un traspaso directo del costo real de la energía a las facturas finales. Ese es uno de los puntos calientes que ha dejado la quita de subsidios al gas para la zona fría.
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