El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para Damián R., de 45 años, acusado de haber cometido abusos sexuales gravemente ultrajantes y corrupción de menores agravada contra dos niñas que eran hijas de su pareja y estaban bajo su guarda en una vivienda de Venado Tuerto.
La acusación fue presentada por la fiscal Luciana Del Grecco, quien detalló los hechos en cuatro causas judiciales acumuladas, en las que se describe un patrón sistemático de abusos ejercido durante años en el ámbito familiar.
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La primera denuncia fue radicada el 22 de julio de 2024, por C.M.P., de 17 años. La joven reveló que fue víctima de abusos sexuales desde los 9 hasta los 12 años, cuando convivía con su padrastro en el domicilio familiar de calle Laprida.
Según la investigación, los hechos incluyeron tocamientos y abusos de todo tipo, en un contexto de amenazas psicológicas para evitar que la víctima hablara. Recién después de una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela, la niña pudo reconocer que estaba siendo abusada.
Más adelante, fue su novio quien la incentivó a contarle a su madre lo ocurrido. Y posteriormente formalizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.
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La segunda víctima, M.C.B., realizó la denuncia el 7 de mayo de 2025. Afirmó que fue abusada entre los 10 y 12 años, en 2012 y 2013, en el mismo domicilio. Señaló que Damián R. aprovechaba la ausencia de su madre (que trabajaba hasta la tarde) para abusar de ella con frecuencia.
La joven relató que los abusos incluían tocamientos y penetración, entre otros vejámenes. Solo pudo hablar del tema después de que su hermana hiciera pública su historia. Con apoyo psicológico y social, decidió formalizar la denuncia.
Desobedeció medidas judiciales
Pese a las restricciones impuestas por la Justicia, Damián R. violó las órdenes de no contacto en al menos tres oportunidades: el 28 de julio, 2 y 3 de agosto, y nuevamente el 27 de octubre de 2024, enviando mensajes por Instagram a su hija biológica.
Por estos hechos fue imputado por desobediencia al mandato judicial, sumando más cargos a su historial.
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Delitos y condena
La Fiscalía calificó los hechos como:
Abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda y convivencia),
Abuso sexual con acceso carnal agravado (en grado de tentativa y consumado),
Corrupción de menores agravada,
Desobediencia judicial (en tres hechos).
Todos los delitos se le atribuyen al acusado como autor penalmente responsable, en concurso real, y en grado de consumado.
Considerando la gravedad y persistencia de los hechos, la fiscalía solicitó una pena unificada de 22 años de prisión efectiva.