Según trascendidos, desde el Ministerio Público de la Acusación Circunscripción N°3, habrían logrado identificar en las últimas horas a un número significativo de jóvenes que estarían detrás de las amenazas de tiroteos en escuelas del sur-sur santafesino. Los episodios, que encendieron las alarmas en la comunidad educativa, se registraron en Venado Tuerto, Elortondo, Murphy, Firmat y Rufino.
Sur santafesino en alerta
Identifican a jóvenes por amenazas de tiroteos en escuelas de Venado y la región
La Justicia avanza con imputaciones y medidas socioeducativas, en un caso que generó fuerte preocupación social.
De acuerdo a fuentes confiables, los implicados tienen entre 16 y 18 años, por lo que serán imputados en el marco del sistema de responsabilidad penal juvenil. En paralelo, también fueron detectados menores inimputables —menores de 16 años— que serán sometidos a otro tipo de intervención judicial.
Audiencias y medidas judiciales
Voceros consultados indicaron que los adolescentes punibles serán llevados a audiencias imputativas, donde incluso podría disponerse la aplicación de medidas cautelares. En tanto, los menores no punibles deberán comparecer ante el juez de menores para la imposición de medidas socioeducativas.
En todos los casos, la Justicia habría solicitado el seguimiento de los jóvenes a través de distintas áreas del Estado, incluyendo la intervención sobre el núcleo familiar, en busca de un abordaje integral.
Asimismo, se habrían realizados allanamientos y requisas en domicilios vinculados a los sospechosos, con el secuestro de elementos considerados relevantes para la investigación.
Delitos y penas previstas
Las actuaciones se encuadran, en principio, en las figuras de intimidación pública y amenazas agravadas. Según establece el Código Penal, quienes generen temor público o alteraciones del orden mediante este tipo de amenazas pueden enfrentar penas de entre 2 y 6 años de prisión.
En los casos agravados —como el uso de armas o el anonimato— las sanciones pueden elevarse a entre 3 y 6 años. Sin embargo, la acumulación de delitos podría derivar en condenas que alcancen hasta los 12 años de prisión, de acuerdo a la calificación final que determine la Justicia.
Impacto en la comunidad
Los hechos provocaron una fuerte conmoción en las comunidades afectadas, especialmente entre familias, docentes y estudiantes. Las amenazas obligaron a activar protocolos de seguridad y generaron temor en el ámbito escolar.
Desde distintos sectores remarcan la necesidad de reforzar no solo los mecanismos de prevención, sino también las políticas de contención y acompañamiento para jóvenes, en un contexto donde el uso de redes sociales aparece como un factor clave en la propagación de este tipo de conductas.
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