Cuatro vecinos de Avellaneda, vinculados al barrio Belgrano de esa ciudad, quedaron en prisión preventiva tras una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
Operativos de la PDI
Cuatro detenidos en Avellaneda por presunta venta de drogas y tenencia de armas
El fiscal Galleano destacó especialmente el trabajo desarrollado antes de los procedimientos. Según explicó, la PDI realizó tareas de vigilancia y obtuvo registros audiovisuales que permitieron conocer la dinámica del grupo.
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Los imputados, identificados por sus iniciales como L.B.S., O.I.E., F.M.A. y S.V.G., fueron acusados por el fiscal Dr. Sebastián Galleano de comercialización de estupefacientes en calidad de coautores. En el caso de uno de ellos, además, se sumó una imputación por la tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra.
La causa se inició a partir de una investigación desarrollada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), área Microtráfico, que incluyó tareas de vigilancia, registros audiovisuales y la recopilación de testimonios. El trabajo permitió reunir información sobre la presunta dinámica y operatoria del grupo investigado.
El 14 de agosto, la investigación derivó en seis allanamientos realizados en distintos domicilios de Avellaneda. Durante los procedimientos se secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares, dinero, elementos electrónicos, una balanza de precisión, anotaciones y otros elementos considerados de interés para la causa.
Uno de los puntos destacados por la Fiscalía fue el hallazgo, en el domicilio de L.B.S., de un arma de fabricación casera conocida como “tumbera”, junto con cartuchería. De acuerdo con lo informado por el fiscal Galleano, el arma fue sometida a peritaje y se determinó que era apta para el disparo, por lo que se incorporó a la acusación el delito de tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra.
Una investigación previa a los allanamientos
El fiscal Galleano destacó especialmente el trabajo desarrollado antes de los procedimientos. Según explicó, la PDI realizó tareas de vigilancia y obtuvo registros audiovisuales que permitieron conocer la dinámica del grupo.
A esto se sumaron diferentes testimonios, entre ellos el aporte de un testigo de identidad reservada, quien habría brindado información sobre movimientos y la modalidad de funcionamiento de los investigados.
El representante del Ministerio Público de la Acusación sostuvo que la información aportada por ese testigo pudo ser posteriormente constatada durante las tareas investigativas y los allanamientos.
“A la hora de realizar los allanamientos era tal cual como se mencionaba por el testigo”, señaló Galleano, al remarcar que esos elementos permitieron fortalecer la hipótesis de la Fiscalía.
El funcionario también destacó el trabajo de la PDI de Microtráfico y señaló que el caso formaba parte de los objetivos priorizados por la Unidad Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General.
Asimismo, recordó que la investigación guarda relación con procedimientos realizados el 29 de mayo en el mismo barrio, aunque se trata de una causa diferente en la que dos agentes de la PDI se encuentran actualmente en prisión preventiva.
Pedido de prisión preventiva
Luego de las detenciones y del secuestro de los elementos, la Fiscalía solicitó la realización de la audiencia imputativa y de formulación de cargos. Galleano atribuyó a los cuatro acusados la comercialización de estupefacientes como coautores.
Posteriormente, durante la audiencia cautelar, el fiscal solicitó la prisión preventiva por los plazos de ley. Entre los fundamentos expuestos mencionó el riesgo de entorpecimiento probatorio y la necesidad de continuar con distintas medidas investigativas.
La defensa de los imputados se opuso a la prisión preventiva y propuso alternativas a la privación de la libertad, entre ellas la imposición de reglas de conducta y la presencia de guardadores.
Finalmente, el juez Dr. Gonzalo Basualdo declaró la legalidad de las detenciones, formalizó los cargos y resolvió disponer la prisión preventiva de los cuatro imputados por los plazos de ley.
La investigación continúa y la Fiscalía deberá avanzar ahora con distintas medidas probatorias destinadas a analizar los elementos secuestrados, profundizar los vínculos entre los investigados y determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización.
La acusación fiscal
La calificación legal provisoria escogida por la Fiscalía es la de comercialización de estupefacientes, prevista en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737, en consonancia con la Ley Provincial 14.239, y atribuida a los cuatro imputados en calidad de coautores, conforme al artículo 45 del Código Penal.
En relación con L.B.S., la acusación comprende además, en concurso real, el delito de tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra, conforme al artículo 55 del Código Penal.
De esta manera, la investigación por presunta venta de drogas en el barrio Belgrano de Avellaneda continúa con los cuatro acusados privados de su libertad, mientras la Fiscalía profundiza las medidas destinadas a reunir nuevas pruebas y establecer la responsabilidad que habría tenido cada uno dentro de la organización investigada.
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