Confirman la prisión preventiva de una policía imputada por filtrar allanamientos a narcos

El juez penal de Segunda Instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial, Eduardo Alberto Bernacchia, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la agente de la PDI Reconquista, Stefanía Evelin Oviedo, y confirmó la prisión preventiva que había sido dispuesta en primera instancia por el juez Mauricio Martelossi. La resolución fue dictada el miércoles 12 de agosto.

La defensa había solicitado revocar la medida cautelar y reemplazarla por una prisión preventiva domiciliaria. Entre sus principales argumentos, sostuvo que la escala penal permitiría una eventual condena de ejecución condicional, cuestionó la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y remarcó la situación familiar de la imputada, madre de una bebé de pocos meses, proponiendo medidas alternativas para garantizar su sometimiento al proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar que la imputada, por su condición de funcionaria policial, habría participado en la filtración de información sobre allanamientos y que aún restan diligencias investigativas, incluyendo el análisis de teléfonos celulares y la posible participación de otras personas.

Al analizar los agravios, el juez de alzada entendió que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el artículo 220 del Código Procesal Penal santafesino para mantener la prisión preventiva. Consideró acreditada, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso, la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la participación de la imputada, estimó que la eventual pena sería de cumplimiento efectivo y concluyó que subsisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación.

En consecuencia, el magistrado resolvió rechazar el recurso de la defensa y ratificar la prisión preventiva de Stefanía Oviedo. No obstante, instó a la Fiscalía a gestionar un nuevo lugar de alojamiento que permita a la imputada permanecer con su bebé de 5 meses de vida o, en su defecto, garantizar condiciones de detención más adecuadas, atendiendo especialmente la situación de salud de la menor.

Agua de pozo

La agente investigada permanece detenida en la Sede Reconquista de la Policía Federal Argentina, ubicada en el Centro Cívico Municipal -que funciona en el edificio del antiguo Hospital Central-. Sus defensores describieron que las condiciones de detención no cumplen con los cánones establecidos, sobre en todo en cuanto a salubridad: “tiene que tomar agua de pozo porque no hay agua potable” en el lugar, y amamantar a su beba varias veces al día luego de que sus familiares trasladar a la lactante en moto o bicicleta hasta el calabozo, en medio del intenso frío que impera por estas épocas en el norte.

En esa línea, también expusieron que el padre de la menor es Ariel Sena, coimputado en la causa por delaciones y también detenido con prisión preventiva. Al momento de su aprehensión fungía como Jefe de Calle de la PDI de General Obligado. Esos planteos motivaron que el camarista Bernacchia ordenara al MPA buscar otro sitio de alojamiento, que no sería otro que una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial.

Ambos quedaron comprometidos en la investigación por la supuesta filtración a narcos barriales de Avellaneda de allanamientos por microtráfico, lo que derivó en que 18 pesquisas domiciliarias terminaran solo con 60 gramos de droga secuestrada.

500 mil pesos

El viernes 5 de junio, el fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Reconquista -junto al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo-, los imputó por el delito de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De la acusación se desprendieron novedades de ribetes escandalosos: cobro de 500 mil pesos por avisar a los narcos barriales de las pesquisas, capturas de pantalla adulteradas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación, y un modus operandi que habría tenido ocasiones previas.

“Estefanía Oviedo le avisa a mi hermano V. J. R. que iba a haber un allanamiento y que se vaya de su casa”, testimonió en sede fiscal Cecilia R., que además reveló que luego ese “aviso” se distribuía entre los demás dealers del barrio Cooperación de Avellaneda, un enclave perirurbano cooptado la venta de drogas. “La avisadita cuesta medio millón de pesos y es lo que cobran los de PDI”, aseguró en sus dichos que vertebraron, junto con pruebas documentales, la imputación de los funcionarios policiales.

Capturas de pantalla

En cuanto al sembrado evidencia falsa para borrar los rastros que podían incriminarlos, obra en la causa un escrito fechado el 28 de mayo de 2026 por el inspector Sergio Cargnelutti, subjefe del Departamento de Investigaciones Complejas Región 4 de la PDI, en la que denuncia una posible maniobra de suplantación de identidad vinculada a los allanamientos por microtráfico realizados en Avellaneda.

Cargnelutti informó que recibió en su teléfono personal una captura de pantalla de WhatsApp en la que aparecía su foto de perfil y un supuesto mensaje atribuido a él. El texto decía: “No valla a tu casa xq van a ver allanamiento, no dijas nada a nadie javi (sic)”, con evidentes errores ortográficos.

El funcionario aseguró que nunca envió ese mensaje, ni se lo remitió a sí mismo. También sostuvo que la redacción no coincide con su forma habitual de escribir.

Además, señaló que la maniobra podría estar orientada a tratar de involucrarlo falsamente en una filtración de información, obstaculizar investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes. De la misma manera, surgieron más capturas de pantalla de los teléfonos peritados por técnicos de la PDI con la misma finalidad de inculpar a otros efectivos de la repartición.

En tanto, los representantes del MPA dieron crédito a la denuncia de Cargnelutti y sostuvieron que, tras la filtración de los allanamientos, hubo intentos de desviar la investigación e involucrar a otros funcionarios policiales, mediante la circulación de capturas de pantalla y mensajes que, según la hipótesis fiscal, podrían haber sido adulterados o utilizados para direccionar erróneamente la pesquisa.

Accidente fatal

Las acciones reñidas con la ley penal que se les atribuyen a Oviedo y Sena afectaron allanamientos a realizarse en Avellaneda, a los que se dirigían los numerarios de la división investigativa de San Cristóbal que fallecieron trágicamente en un accidente sobre la Ruta Nacional 98 al oeste de Vera el 29 de mayo. En la madrugada, perdieron la vida -tras chocar con el auto en el que viajaban contra un camión detenido sobre la calzada- la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla, del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.