Prisión preventiva y embargos millonarios a una red de narcotráfico en Reconquista

Tras el megaoperativo de 16 allanamientos simultáneos que sacudió a Reconquista el pasado fin de semana, lunes y martes de esta semana se llevaron a cabo audiencias multipropósito ante el juez federal, Dr. Aldo Alurralde. El resultado: prisión preventiva para los cuatro detenidos locales y un embargo preventivo histórico que asciende a los 50 millones de pesos.

Los imputados, identificados como Gisela Noemí Fernández, Francisco Andrés Aguirre, Thiago Gutierrez e Irina Abigail Alegre, fueron señalados por la fiscalía como los responsables de la comercialización y distribución de cocaína en la ciudad. Según la investigación de la Dra. Viviana Bruno Campagna y el Dr. Roberto Salum, la droga era trasladada desde Santa Fe para ser fragmentada y vendida en Reconquista.

Si bien el Dr. Alurralde dispuso la prisión preventiva para todos, en el caso de Abigail Alegre se acordó la modalidad domiciliaria por tener a su cargo un hijo menor de edad, bajo la condición de designar un guardador en un plazo de 48 horas.

Una ingeniería financiera de "prestanombres"

Uno de los puntos que más sorprendió a los investigadores fue el volumen económico de la banda. El fiscal Salum destacó la "contundente realidad económica ilegal" de la organización. Según se ventiló en la audiencia una de las detenidas operaba más de una docena de cuentas en billeteras virtuales. Se detectó un complejo entramado de pagos electrónicos donde se utilizaban "prestanombres"» para transferir fondos desde y hacia los centros de detención. El magistrado interviniente determinó la inhibición de bienes, ante la sospecha de que los vehículos secuestrados no basten para cubrir las multas de la Ley 23.737, el juez ordenó el congelamiento de activos y la inhibición general de cuentas.

Conexión con las cárceles

La investigación apunta a que el cerebro de la banda es Darío Sosa, un interno de la Cárcel de Coronda, quien habría coordinado la logística junto a intermediarios de Santa Fe. "Es una investigación dinámica. Hubo allanamientos en Resistencia, Sauce Viejo y en las cárceles de Coronda y Vera. Seguramente hay más personas involucradas que aún no han sido localizadas", advirtió el fiscal Salum en la entrevista concedida a nuestro medio.

Peritaje

La Justicia ya autorizó el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, lo que podría derivar en nuevas detenciones y revelar niveles más profundos de la organización. Por el momento, la carátula es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas.

"Fueron imputadas por tenencia de estupefacientes para comercializar, artículo quinto, inciso C, agravadas por la intervención de más de tres personas organizadas para cometerlo. Es decir, la agravante que se usa es porque hay más de tres personas que estaban en la organización. Mañana veremos las imputaciones sobre el resto", comentó el fiscal Roberto Salum.

El funcionario judicial quiso destacar que en el sistema provincial hay muchas personas que están siendo imputadas por microtráfico, "hay un intercambio muy fluido y muy interesante, sobre todo con el doctor Galleano, el fiscal de microtráfico del MPA", valoró.

Más imputados

Se realizó vía Zoom la audiencia multipropósito para Néstor Daniel Bejarano de Sauce Viejo (Santa Fe), quien estuvo asistido por el abogado defensor Dr. Alfredo Marinelli, y Darío Sosa de la localidad de Florencia, quien resulta sindicado como jefe de la organización; este acusado estuvo patrocinado por el Dr. Federico Kiener. Cabe mencionar que Sosa está cumpliendo condena por comercialización de estupefacientes en la cárcel de Coronda. La audiencia tuvo una duración de cuatro horas.

El juez Dr. Aldo Alurralde dio lugar a la legalidad de la detención. Luego, la fiscal Dra. Viviana Bruno Campagna dio detalles de la investigación realizada por la Prefectura Naval Argentina. La acusación se basó en los diálogos que mantenían cada uno de los integrantes de esta organización. criminal. Y la exuberante cantidad de dinero que manejaban.

En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal pidió para ambos una cautelar de 120 días. En el caso de Bejarano, se evaluó el peligro de fuga dado que registra varias salidas al exterior y el entorpecimiento probatorio. Por su parte, se evaluó el entorpecimiento de la investigación por parte de Sosa. Medida que fue aprobada por el juez Alurralde. En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Dr. Roberto Salum pidió un embargo de 50 millones para Sosa y 150 millones para Bejarano. Además, se estableció la inmovilización de cuentas bancarias en pesos y dólares y cuentas virtuales. Todo fue concedido por el juez Dr. Aldo Alurralde.