La Cámara confirmó la condena por abuso sexual al muralista "Cobre", pero redujo la pena

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la condena impuesta al muralista santafesino Andrés Ignacio Iglesias Petrochelli, conocido como “Cobre”, por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su expareja. Sin embargo, hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa y redujo la pena de siete años y seis meses a seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.

La resolución, dictada este miércoles 11 de noviembre, fue firmada por los jueces Roberto Prieu Mántaras, Oscar Burtnik y Sebastián Creus, quienes votaron en forma unánime. Más allá de confirmar la responsabilidad penal establecida en julio de 2025 por el juez Lisandro Aguirre, los camaristas desarrollaron una extensa valoración de las pruebas y rechazaron los principales argumentos con los que los abogados del condenado pretendían obtener su absolución.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue la credibilidad del testimonio de la mujer, que el tribunal consideró consistente y respaldado por elementos independientes. En ese sentido, los jueces remarcaron que la prueba de un abuso sexual no puede analizarse como una simple confrontación entre dos versiones, sino a partir de la concordancia entre la declaración de la víctima y las corroboraciones periféricas disponibles.

Después de una fiesta

El hecho ocurrió durante las primeras horas del 17 de diciembre de 2022, en una vivienda de calle La Luna, en Villa California, San José del Rincón. La pareja había regresado de un casamiento y se disponía a comenzar formalmente una convivencia para la que venía realizando preparativos desde hacía semanas.

Según la reconstrucción que ratificó la Cámara, ambos se acostaron luego de una discusión y, cuando la mujer despertó, encontró a Iglesias Petrochelli sobre su cuerpo. Pese a que manifestó reiteradamente que no quería mantener relaciones sexuales e intentó apartarlo, el hombre la sujetó por la fuerza y consumó el acceso carnal.

Para los camaristas, un dato objetivo que reforzó la credibilidad de la denuncia fue la decisión de la mujer de abandonar inmediatamente la vivienda y dar por terminado el proyecto de convivencia. La víctima regresó a su departamento, reorganizó su vida y afrontó los gastos de volver a vivir por separado, aun cuando todavía conservaba sentimientos afectivos hacia el acusado.

La Cámara entendió que esa conducta no podía ser considerada un detalle secundario, sino una corroboración relevante del quiebre que produjo el episodio.

Testimonios y cambios de conducta

Al examinar la prueba producida durante el juicio oral, los magistrados destacaron especialmente la declaración de la psicóloga de la víctima. La profesional atendió a la mujer el 20 de diciembre de 2022, apenas tres días después del hecho, y observó un cuadro de angustia intensa, desborde emocional y temor, antes de que su paciente le relatara lo sucedido.

Recién el 23 de diciembre, durante otra sesión, la mujer le contó el abuso. Según valoró el tribunal, esa primera descripción resultó coincidente con la versión que posteriormente sostuvo ante la Justicia.

A ello se sumaron las declaraciones de amigas y familiares, quienes describieron cambios notorios en su comportamiento después del episodio: crisis de llanto, aislamiento y abandono de actividades artísticas y comunitarias que realizaba habitualmente, como teatro y danza.

También tuvo relevancia el testimonio de una amiga de la infancia de la víctima, quien recordó el momento en que intentó contarle lo sucedido, entre Navidad y Año Nuevo. La mujer se balanceaba en un sillón mientras repetía expresiones relacionadas con la fuerza que había ejercido el agresor y la imposibilidad de quitárselo de encima.

En ese contexto, los camaristas dejaron expresamente establecido que la prueba no se sustentaba en la mera repetición de una misma versión ante diferentes personas. “La prueba del acceso carnal no se construye por la suma de relatos reiterados de igual contenido, sino por la concordancia razonable entre el relato directo de la víctima y las corroboraciones periféricas disponibles”, señalaron.

Mensajes y contradicciones

Otro de los puntos que abordó la Cámara fue el intento defensivo de desacreditar la denuncia mediante conversaciones de WhatsApp posteriores al hecho. La defensa había presentado intercambios en los que la mujer mantenía expresiones afectuosas, saludaba a familiares del acusado y sostenía comunicaciones cordiales, con el argumento de que esos mensajes demostraban que la separación había sido consensuada y que no había existido una agresión sexual.

Los jueces rechazaron esa interpretación. Consideraron que la continuidad de los sentimientos afectivos no resultaba incompatible con la decisión de terminar la relación y explicaron que la mujer atravesaba un fenómeno de “ambivalencia afectiva”, propio de una ruptura traumática con alguien a quien todavía amaba.

“No advierto contradicción entre que (la mujer) siguiera enamorada de Iglesias y que, pese a ello, mantuviera la decisión de separarse”, sostuvo el voto preopinante de Prieu Mántaras. Y agregó que exigir que sus sentimientos desaparecieran inmediatamente supondría imponerle una reacción predeterminada frente a la violencia sexual.

La resolución también cuestionó las contradicciones en las que incurrió Iglesias Petrochelli al intentar explicar lo sucedido. En una audiencia cautelar había afirmado que la misma mañana del episodio su entonces pareja lo amenazó con denunciarlo falsamente por violación. Sin embargo, durante el juicio oral sostuvo que había quedado completamente sorprendido cuando se enteró de la denuncia meses después, sin saber quién podía haberlo acusado ni por qué.

Para los camaristas, ambas explicaciones eran incompatibles en aspectos centrales de su descargo.

También advirtieron inconsistencias respecto de la presencia de trabajadores en la vivienda durante aquella mañana. Inicialmente, el acusado había sostenido que los sábados no trabajaban obreros en el inmueble, para cuestionar que los gritos de la mujer no hubieran sido escuchados. No obstante, durante el debate terminó admitiendo que aquella mañana había contratistas realizando tareas en el lugar.

Por otra parte, el tribunal rechazó los argumentos defensivos que pretendían poner en duda la credibilidad de la víctima por su formación como psicóloga y su actividad como actriz. Los jueces consideraron que esas apreciaciones se apoyaban en estereotipos de género y que no podían utilizarse para atribuirle una supuesta capacidad de fabulación.

Por qué redujeron la condena

Aunque rechazaron los planteos dirigidos a obtener la absolución, los camaristas sí encontraron razones para modificar la pena. La defensa había cuestionado la sanción de siete años y seis meses de prisión por considerar que el juez Aguirre había computado indebidamente determinadas circunstancias como agravantes.

En ese punto, Prieu Mántaras entendió que correspondía excluir el estado de somnolencia de la víctima como un factor autónomo para elevar la pena. El hecho de que estuviera dormida o terminando de despertar al momento del abordaje ya formaba parte de la modalidad de comisión del delito y de la valoración de la ausencia de consentimiento. Volver a utilizar esa misma circunstancia para agravar la sanción implicaba una doble valoración.

También descartó que los estudios universitarios del condenado o la realización de un curso sobre cuestiones de género en el marco de una causa anterior, que había finalizado mediante una suspensión de juicio a prueba, pudieran computarse como agravantes.

Sin embargo, la Cámara no consideró que correspondiera imponer el mínimo legal de seis años previsto para el abuso sexual con acceso carnal. Los magistrados mantuvieron como circunstancias desfavorables el quebrantamiento del contexto de especial confianza que implicaba el comienzo de la convivencia y las secuelas emocionales objetivas que padeció la víctima después del episodio.

A partir de esa ponderación, el tribunal consideró justo establecer una pena de seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.

Nulidad rechazada

Antes de analizar la responsabilidad penal, la Cámara debió resolver otro planteo de la defensa: la supuesta nulidad del juicio oral por haber sido realizado ante un tribunal unipersonal.

Los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Juan Sebastián Oroño sostenían que, como la querella había solicitado originalmente una pena de 15 años de prisión, correspondía que el debate estuviera a cargo de un tribunal integrado por tres jueces. Sin embargo, los camaristas explicaron que la conformación unipersonal había sido establecida en el auto de apertura a juicio de febrero de 2025, cuando ya estaba vigente la Ley Provincial 14.392, que elevó a más de 18 años el requisito para la integración colegiada.

En consecuencia, aplicaron el principio de vigencia inmediata de las normas procesales y señalaron que la defensa había participado del debate sin formular objeciones oportunas ni demostrar un perjuicio concreto para los derechos del acusado.

“La integración unipersonal fue determinada por el órgano jurisdiccional competente, con arreglo a la ley vigente al momento en que correspondía establecerse, sin afectación del juez natural, ni limitación alguna al ejercicio de la defensa”, concluyeron.

La causa contó con la intervención de los fiscales Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, mientras que la querella estuvo representada por las abogadas Paula Condrac y Jaquelina Bussi.

De esta manera, el tribunal de segunda instancia confirmó por unanimidad la condena por abuso sexual con acceso carnal, aunque modificó el monto de la sanción, que quedó establecido en seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.