La Justicia santafesina condenó este miércoles a una mujer que cumplía un rol clave dentro de la organización criminal encabezada por el narcotraficante Juan Pedro "Pato" Calderón, dedicada a comercializar estupefacientes tanto en distintos puntos de Alto Verde como en el interior de las cárceles de Las Flores y del Complejo Penitenciario Federal de Coronda.
Juicio abreviado
Condena para la mujer que dirigía una red narco en Alto Verde y dos cárceles santafesinas
Aceptó una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo la modalidad domiciliaria, por haber integrado la organización liderada por el "Pato" Calderón. La investigación reveló que coordinaba el negocio de la droga en tres búnkeres y dos unidades penitenciarias de Las Flores y Coronda.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe, donde se admitió el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.
La imputada, Nadia Mariel Carreira, de 29 años, fue condenada a siete años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 68 unidades fijas. La pena se ejecutará bajo la modalidad de prisión domiciliaria -con tobillera electrónica-, régimen en el que ya se encontraba por una resolución previa de la Cámara de Apelación Penal.
La audiencia estuvo encabezada por la jueza Celeste Minniti. La acusación fue sostenida por la fiscal María Laura Urquiza y la defensa estuvo a cargo del abogado Héctor Tallarico.
La investigación
Al exponer los fundamentos del acuerdo, la fiscal recordó que la pesquisa comenzó en junio de 2025 a partir de un llamado al 911. Una persona denunció que un familiar alojado en la cárcel de Las Flores estaba siendo amenazado por deudas derivadas de la compra de estupefacientes dentro del penal.
A partir de esa información, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos logró reconstruir el funcionamiento de una organización que, pese a tener a su principal referente tras las rejas, continuaba operando mediante familiares y colaboradores en libertad.
Las intervenciones telefónicas, que se extendieron durante casi tres meses, permitieron vincular una de las líneas investigadas con Carreira. Según expuso la fiscal, las escuchas revelaron no sólo su participación en el circuito de comercialización, sino también que cumplía funciones de organización y coordinación dentro de la asociación ilícita.
La evidencia fue reforzada con informes sobre movimientos de dinero realizados mediante una billetera virtual, incompatibles con la inexistencia de ingresos provenientes de actividades lícitas.
Urquiza aclaró además que la causa posee jurisdicción compartida con la Justicia Federal, donde continúan tramitándose actuaciones respecto de los principales integrantes de la estructura criminal, cuya actividad excede el narcomenudeo.
Dentro de la organización
De acuerdo con la atribución delictiva admitida en el juicio abreviado, Carreira integró, desde una fecha previa a junio de 2025 y hasta los allanamientos del 3 de septiembre de ese año, una asociación ilícita estable y organizada dedicada al comercio de estupefacientes al menudeo.
La investigación estableció que la mujer era una de las organizadoras de la estructura fuera de prisión y que coordinaba la venta de cocaína y marihuana en al menos tres puntos de Alto Verde.
En uno de esos inmuebles comercializaba drogas junto a Walter Nicolás Filippa, conocido integrante de la facción disidente de la barrabrava de Colón denominada "La Negrada". Allí se secuestraron más de 52 gramos de marihuana y 49 gramos de cocaína fraccionada para la venta.
Otro de los búnkeres funcionaba junto a Rubén Alejandro Acuña, donde los investigadores incautaron 124 gramos de cocaína y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.
El tercer punto de expendio estaba a cargo de su hermana, Gisela Carreira. En ese procedimiento fueron secuestrados cocaína, flores y una planta de marihuana, además de una escopeta recortada calibre 12 apta para el disparo y cartuchos de distintos calibres.
Drogas en las cárceles
La investigación también acreditó que la organización extendía sus actividades a establecimientos penitenciarios provinciales y federales.
Según la fiscalía, Carreira ingresaba clandestinamente estupefacientes a la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Las Flores, donde junto a Gustavo Rojas los comercializaba entre personas privadas de la libertad.
La cocaína era provista por Gisela Yolanda Leguizamón, Verónica Larrea y Ludmila Calderón, quienes actuaban siguiendo las instrucciones impartidas por el "Pato" Calderón respecto de cantidades, precios, lugares de entrega y modalidades de pago.
Además, Marcelino Álvarez y Jesús Alejandro Leyes funcionaban como intermediarios entre el líder de la organización y Carreira, coordinando la logística de las transacciones.
La pesquisa también determinó que Carreira ingresaba estupefacientes a la Cárcel Federal de Coronda para abastecer a internos vinculados con la organización, mientras que Ludmila Calderón realizaba maniobras similares por instrucciones de sus padres.
En uno de los allanamientos realizados en septiembre de 2025 fueron secuestrados envoltorios de cocaína y marihuana especialmente acondicionados para ser introducidos en el establecimiento penitenciario.
El acuerdo
Carreira fue condenada como autora de asociación ilícita en carácter de organizadora, comercio de estupefacientes agravado por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada y en un lugar de detención, y entrega de estupefacientes a título gratuito agravada por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario, todo en concurso real.
La modalidad domiciliaria para el cumplimiento de la pena fue acordada debido a que la condenada tiene a su exclusivo cargo tres hijos menores de edad, situación originada por el fallecimiento y la privación de la libertad de sus progenitores.
Ese régimen ya había sido dispuesto durante la prisión preventiva por la Cámara de Apelación Penal, pese a la oposición del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía entendió que, frente a ese antecedente, resultaba razonable mantener la misma modalidad para la ejecución de la condena.
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