La Justicia santafesina condenó este jueves al segundo integrante de una organización dedicada a una extorsión contra un empresario de la ciudad de Santa Fe, en una causa que tiene como presunto organizador a un empresario uruguayo que fue extraditado desde la República Oriental del Uruguay.
Justicia provincial
Condenaron al "mensajero" de una extorsión organizada desde Uruguay contra un empresario santafesino
Un corredor de cereales de 51 años recibió tres años de prisión efectiva tras admitir su participación en un esquema extorsivo que exigía 100 mil dólares a un empresario de Santa Fe. Según la investigación, el plan fue organizado desde Uruguay y ejecutado con amenazas progresivas contra la víctima y su familia.
La sentencia recayó sobre Rodolfo Eduardo Liendo, un corredor de cereales y transportista de 51 años, quien admitió su participación mediante un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo como coautor de extorsión en grado de tentativa.
La audiencia fue presidida por el juez penal Martín Torres, quien declaró la admisibilidad del acuerdo celebrado entre la fiscal María Laura Urquiza, el imputado y su defensor particular, Jorge Qüesta. Luego de escuchar a las partes, el magistrado dictó sentencia en forma oral.
Desde Uruguay
De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, la maniobra se desplegó entre el 1 y el 10 de octubre de 2025 y fue organizada por el empresario uruguayo Walter Antonio Roel de Armas, con la participación de Liendo y otros imputados. Reclamaban el pago de 100.000 dólares.
La investigación sostiene que Liendo y Roel de Armas aportaron información personal y sensible del empresario santafesino y su entorno familiar, insumo central sin el cual el esquema no habría tenido capacidad intimidatoria.
Amenazas en ascenso
La extorsión, según la acusación, no se limitó a una única comunicación, sino que se desarrolló en una secuencia progresiva de diez días en la que las amenazas fueron escalando en intensidad.
En una primera etapa, los mensajes se centraron en la supuesta existencia de una deuda y en advertencias genéricas sobre “consecuencias” si no se realizaba el pago. Con el correr de los días, el contenido se volvió más específico y personal, incorporando referencias directas a la familia del empresario.
Entre las expresiones atribuidas a los ejecutores materiales se incluyeron advertencias acerca de los movimientos del hijo de la víctima y amenazas dirigidas a su pareja, de quien conocían en su lugar de trabajo, una joyería de la ciudad de Santa Fe.
El punto de mayor gravedad del esquema se registró cuando los mensajes incluyeron la amenaza de “levantar” al hijo del empresario, lo que elevó de manera sustancial el nivel de coerción.
A ese despliegue se sumó un episodio de verificación territorial: dos de los imputados se presentaron en locales comerciales vinculados a la pareja del denunciante, consolidando la percepción de vigilancia y control sobre su entorno.
Para la fiscalía, este desarrollo progresivo evidencia una planificación previa y una estrategia de presión sostenida destinada a quebrar la voluntad de la víctima.
Reconocimiento de responsabilidad
Antes de la sentencia, Liendo pidió disculpas a la víctima y reconoció su intervención en el esquema.
“Quiero pedir disculpas por el daño que causé”, expresó. Señaló además que no tenía vínculo directo con el empresario damnificado y que actuó como intermediario entre el organizador y los ejecutores.
Su defensor, Jorge Qüesta, ratificó el acuerdo abreviado y solicitó el cese de la prisión preventiva, argumentando su detención desde octubre de 2025 y problemas de salud que requerían intervención quirúrgica. Propuso reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio en barrio Guadalupe Residencial y prohibición de contacto con víctimas y coimputados.
La fiscalía no objetó el planteo, y el juez Torres dispuso el mantenimiento de la libertad bajo modalidad condicional en etapa de ejecución de pena.
Múltiples imputados
El caso se inició en octubre de 2025 con detenciones escalonadas. Primero fue detenido Guillermo Sebastián Pucheta, luego Liendo y posteriormente José Luis Ríos en barrio Los Hornos.
El cuarto imputado, el empresario uruguayo Roel de Armas, fue localizado en diciembre de 2025 en Pan de Azúcar, Uruguay, y extraditado a la Argentina tras una alerta roja de Interpol.
Según la hipótesis fiscal, habría sido quien encargó el cobro de una supuesta deuda mediante un esquema extorsivo que articuló la obtención de información sensible y la ejecución de amenazas desde el exterior.
En febrero de este año fue imputado y se le dictó prisión preventiva morigerada bajo modalidad domiciliaria en Santa Fe.
La causa ya registraba una condena previa: en marzo de 2026, Guillermo Sebastián Pucheta fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión mediante juicio abreviado, con unificación de penas y declaración de reincidencia.
Con esta sentencia, el expediente suma su segundo condenado, mientras continúa el proceso respecto del resto de los imputados.
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