La justicia santafesina condenó a uno de los acusados de integrar la banda que intentó extorsionar a un empresario local mediante amenazas dirigidas a él y a su familia. Se trata de Guillermo Sebastián Pucheta, de 24 años, quien fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado.
Justicia provincial
Condenaron a uno de los acusados de extorsionar a un empresario santafesino
Guillermo Sebastián Pucheta recibió 4 años y 6 meses de prisión por amenazar a un empresario y exigirle 100 mil dólares. La maniobra incluyó mensajes intimidatorios y la presencia de uno de los implicados en la joyería de la esposa de la víctima. La investigación también alcanzó a un empresario uruguayo extraditado en febrero.
La resolución fue dictada por la jueza penal Susana Luna, quien admitió el acuerdo alcanzado entre la fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, y el defensor particular Alejo Almirón Petrone. Pucheta se encontraba detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Coronda y, a partir del fallo, comenzará a cumplir allí la condena efectiva.
La pena impuesta surge de la unificación con una condena anterior. El 7 de agosto de 2025 el imputado había recibido 1 año y 6 meses de prisión condicional, por lo que la fiscalía solicitó revocar ese beneficio y unificar ambas sanciones en una pena única de 4 años y medio de prisión, además de declarar su reincidencia.
Extorsión y amenazas
El caso que tuvo mayor repercusión dentro de la investigación ocurrió entre el 1 y el 10 de octubre del año pasado, cuando Pucheta y otros implicados intentaron extorsionar a un empresario santafesino vinculado al rubro de la nutrición animal. Bajo amenazas dirigidas contra la víctima y su entorno familiar, los acusados le exigieron el pago de 100 mil dólares.
Según la acusación fiscal, las intimidaciones comenzaron a través de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp. Sin embargo, la situación escaló el 9 de octubre cuando uno de los extorsionadores se presentó personalmente en el comercio de la esposa del empresario, una reconocida joyería de la ciudad de Santa Fe.
La víctima había denunciado la situación de manera online desde el inicio, lo que permitió activar la investigación judicial. Al día siguiente de aquel episodio, la justicia ordenó un allanamiento en un monoblock del barrio Las Flores, donde Pucheta fue detenido.
El procedimiento se realizó en un departamento ubicado en la intersección de Regimiento 12 de Infantería y Aguado. Allí el acusado se encontraba junto a su pareja y su hija bebé. Durante el operativo, la policía secuestró además un arma de fuego calibre 22.
Otro hecho violento
Además de la tentativa de extorsión, la fiscalía sumó al expediente otro episodio ocurrido el 12 de junio de 2025. Ese día, Pucheta y un cómplice no identificado se presentaron en la casa de un vecino ubicada en Doctor Zavalla al 1800 para exigir el pago de una deuda.
De acuerdo con la investigación, los dos hombres llegaron en una motocicleta 110 en mal estado de conservación. Desde allí, Pucheta amenazó a la víctima con un arma y le advirtió que, si no conseguía el dinero antes de las 17, volvería por la noche a “tirotear la casa”, afirmando que “no le importaba nada”. Las intimidaciones también habían sido enviadas previamente mediante llamadas y mensajes.
Por estos hechos, la fiscalía atribuyó a Pucheta los delitos de amenazas calificadas, coautor de extorsión en grado de tentativa y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Varios involucrados
La investigación sostiene que la tentativa de extorsión fue ejecutada por al menos cuatro personas que actuaron con una distribución de roles. Además de Pucheta, aparecen vinculados el transportista Rodolfo Eduardo Liendo, José Luis Ríos —detenido en Puerto Madryn— y el empresario uruguayo Walter Antonio Roel de Armas.
Este último, de 69 años, fue extraditado desde Uruguay tras una notificación roja de Interpol y a fines de febrero fue imputado como coautor del intento de extorsión. Actualmente atraviesa el proceso con prisión preventiva morigerada bajo la defensa del abogado Jorge Hernando Qüesta.
Para la fiscalía, Roel de Armas y Liendo habrían aportado información personal y sensible de la víctima, entre ella números telefónicos, domicilios particulares y laborales, datos de su pareja e incluso del establecimiento educativo al que asiste su hijo menor. Ese conocimiento, sostienen los investigadores, fue clave para dotar de credibilidad a las amenazas.
Con esos datos, Pucheta y Ríos habrían sido los encargados de materializar las intimidaciones mediante mensajes y audios en los que exigían el pago de la supuesta deuda y advertían sobre posibles ataques contra la familia.
En el marco del proceso abreviado, la fiscalía informó que las víctimas manifestaron su conformidad con la solución del caso, por lo que la jueza Luna declaró admisible el acuerdo y dictó la condena. Mientras tanto, la investigación continúa respecto de los restantes involucrados en la maniobra extorsiva.
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