La jefa de la oficina departamental del Registro Civil de Coronda se encuentra bajo investigación judicial por su presunta intervención en la celebración irregular de un matrimonio que habría modificado el estado civil de un hombre de 80 años poco antes de su muerte y generado consecuencias patrimoniales para sus sobrinos y para el Estado.
Por la pensión y la casa
Casamiento bajo sospecha: denuncian a la jefa del Registro Civil de Coronda y a una cuidadora de enfermos
Los sobrinos de un hombre fallecido en 2021 sostienen que nunca concurrió a la repartición para casarse. Un peritaje grafológico cuestiona la firma del acta. La funcionaria no registra hasta el momento un sumario disciplinario en trámite relacionado con la investigación penal.
La denuncia fue presentada por los dos sobrinos del fallecido, quienes solicitaron ser tenidos como querellantes en una investigación iniciada en 2021.
Según la presentación, el hombre era soltero, no tenía hijos y sus únicos familiares directos eran los hijos de su hermana, fallecida en 2016. Los denunciantes sostienen que habían mantenido con su tío una relación estrecha y que se hicieron cargo de él cuando su salud comenzó a deteriorarse.
El expediente, que se tramita ante la Justicia penal santafesina, se encuentra a cargo de la Fiscalía de Coronda. La investigación contempla, entre otras figuras, delitos vinculados con el estado civil, estafa y falsificación de documentación pública.
Si bien la historia data de cinco años atrás, la pretensión de los familiares fue readecuada recientemente por disposición judicial a través de los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga, quienes intervienen como apoderados de los sobrinos denunciantes.
Un hombre postrado
El punto central de la denuncia es el estado de salud que atravesaba el hombre durante las semanas previas a su fallecimiento. Padecía un cáncer terminal y había sido operado en Santa Fe en enero de 2021. Tras regresar a Coronda quedó postrado, era alimentado mediante una sonda nasogástrica y tenía dificultades para hablar, según surge de la documentación incorporada al expediente.
A mediados de marzo comenzó a recibir medicación con opioides para tratar el dolor. La denuncia señala que el 22 de marzo se le indicó tramadol y que el mismo 7 de abril en que habría contraído matrimonio se retiró de una farmacia oxicodona, un analgésico de mayor potencia.
En ese contexto, los familiares consideran inverosímil que el hombre haya podido concurrir personalmente en dos oportunidades al Registro Civil en apenas 13 días. Primero aparece un acta de unión convivencial, fechada el 25 de marzo de 2021, en la que se habría declarado una convivencia iniciada en 2018. Luego figura el Acta de Matrimonio N° 23, del 7 de abril.
El hombre murió el 28 de abril de 2021. Y los sobrinos aseguran que recién tomaron conocimiento del supuesto casamiento durante el velorio, cuando la mujer que lo había cuidado les comunicó que se habían casado y sostuvo que, a partir de entonces, la casa y los bienes del hombre le pertenecían.
Firmas bajo sospecha
La presentación judicial incorpora una pericia grafológica que, según los querellantes, aporta elementos para sostener que las firmas atribuidas al fallecido en los instrumentos cuestionados no serían auténticas.
A esto se suma otro elemento que los denunciantes consideran relevante: las dos personas que aparecen como testigos del acta matrimonial "dieron información importante que expone a la funcionaria y a la mujer que aparece como esposa".
Por ese motivo, la pretensión de querella que inicialmente las incluía fue desistida y la investigación quedó concentrada en la mujer que habría promovido el matrimonio y en la funcionaria del Registro Civil que intervino en la confección del instrumento.
Los abogados de los sobrinos sostienen que la funcionaria, en su carácter de oficial pública, tuvo intervención directa en los actos de estado civil cuya validez cuestionan. Fuentes del Registro Civil de la provincia confirmaron que la mujer investigada continúa actualmente al frente de la oficina departamental de Coronda.
Impacto sobre la pensión
Uno de los aspectos centrales de la denuncia excede el conflicto sucesorio entre particulares. Los familiares sostienen que la modificación del estado civil produjo el nacimiento de un derecho previsional a favor de la mujer que figuró como cónyuge del fallecido.
El hombre era jubilado municipal. Por esa razón, los querellantes señalan que el supuesto matrimonio no sólo habría afectado su vocación hereditaria sobre los bienes del tío, sino que también habría generado un perjuicio económico al Estado mediante el acceso a una pensión por fallecimiento.
La presentación describe ese efecto como una consecuencia directa de los actos de estado civil que consideran fraudulentos y solicita que los sobrinos sean reconocidos como personas particularmente afectadas por la maniobra investigada.
El expediente tuvo distintas alternativas desde que se inició la denuncia. El 26 de mayo de 2026, la jueza Cecilia Labanca dispuso que los familiares adecuaran formalmente su pretensión de querella a raíz del tiempo transcurrido y las vicisitudes procesales. Los apoderados ratificaron y actualizaron entonces el contenido de la presentación realizada originalmente el 21 de septiembre de 2021.
La audiencia prevista para este miércoles en la Sala 2 del subsuelo de los Tribunales de Santa Fe, en la que debía analizarse la constitución de querella, finalmente fue suspendida.
Así lo confirmaron los representantes de la querella y el abogado corondino Bruno Mecoli, que patrocina a la funcionaria pública en la causa. La asesoría legal de la novia, en tanto, está a cargo del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
Sin notificación ni sumario
Según fuentes del Registro Civil consultadas para esta nota, el organismo no recibió formalmente una denuncia penal vinculada con estos hechos, o al menos no existe constancia de su ingreso en el área legal. Por ese motivo, explicaron, tampoco hay actualmente actuaciones disciplinarias en curso contra la funcionaria investigada.
El antecedente administrativo que pudo ser identificado corresponde a un informe que oportunamente fue elevado a la Fiscalía de Estado, a requerimiento de ese organismo y en el marco de una demanda de carácter civil.
La situación de la funcionaria frente a la administración pública, por lo tanto, no registra hasta el momento un sumario disciplinario en trámite relacionado con la investigación penal.
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