La Sala “A” de Cámara Federal de Rosario dispuso la prisión domiciliaria para el productor frutillero Franco Augusto Poccia (25), investigado por presunto delito de trata de personas con reducción a la servidumbre en un campo de frutillas en la zona de Arroyo Leyes, en el departamento La Capital.
Justicia Federal
Domiciliaria para el productor de frutillas de Arroyo Leyes acusado por explotación laboral
La Cámara Federal de Rosario morigeró por 45 días la prisión preventiva que venía sufriendo el productor santafesino y emplazó a la fiscalía a aportar la evidencia necesaria para mantener la acusación. El abogado defensor, Claudio Torres del Sel, apunta al sobreseimiento de Franco Poccia.
La decisión fue adoptada por mayoría del tribunal integrado por los jueces Aníbal Pineda (presidente) y Silvina María Andalaf Casiello, con el disenso parcial del juez Fernando Lorenzo Barbará, quien objetó la modalidad de la medida cautelar señalando que “la gravedad del delito” aconsejaba mantener la preventiva en la forma dictada por el juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz.
La medida también establece que, por el momento, y “en una etapa embrionaria” de la investigación, no se encuentra acreditada con la contundencia requerida la solvencia de la imputación, aunque valora la existencia de víctimas en situación de vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, y la gravedad de la calificación penal que sostiene la Fiscalía.
En ese marco, los magistrados estimaron que el plazo de cuarenta y cinco (45) días desde el 28 de octubre es suficiente para que la fiscalía avance con las pruebas que aún restan producir.
Antecedentes y fundamentos
La causa contra Poccia se inició con un allanamiento llevado a cabo el 1 de octubre de 2025 en un predio de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, jurisdicción de Arroyo Leyes. En dicho acto, se hallaron al menos 45 trabajadores —entre ellos personas provenientes de Chaco y dos menores de edad— en condiciones que la fiscalía califica de servidumbre.
La fiscal Milagros Traverso, sostuvo que la conducta imputada incluye jornadas laborales que se prolongaban más de 16 horas, alojamiento en dormitorios improvisados sobre cajones de fruta, y vínculos laborales caracterizados por la vulnerabilidad, la interprovincialidad de las víctimas, la presencia de armas en el predio, y riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, la defensa, liderada por el Dr. Claudio Torres del Sel, contestó la acusación afirmando que no se configura el delito de trata con reducción a la servidumbre, sino que se trata de una cuestión laboral irregular, sostuvo que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio, y que no existía retención forzada ni constancia de quejas o reclamos por parte de los empleados.
En audiencias anteriores, la defensa había solicitado la libertad y como alternativa la prisión domiciliaria, a partir de un informe del Ministerio de Justicia de la Nación que entrevistó a 25 personas del predio que manifestaron un estado de voluntariedad en su trabajo.
Por otro lado, la fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva argumentando la gravedad del delito imputado, los indicios de explotación laboral con fines de servidumbre, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la existencia de armas en el lugar que podrían operar como mecanismo de intimidación.
La resolución recoge estos argumentos, pondera que la imputación es seria pero aún no definitiva, y dispone la domiciliaria con plazo de 45 días para que se concreten las pruebas pendientes (pericias telefónicas, cámaras Gesell, entrevistas adicionales, etc.).
Denuncia y detención
El Litoral había informado que la causa se originó en una denuncia en la que se habló de 45 personas en situación de servidumbre en un campo de frutilla de Arroyo Leyes, lo que motivó la intervención de la justicia federal.
El defensor explicó los pormenores del proceso y la estrategia defensiva: “Luego de realizar una serie de diligencias probatorias, pedimos una revisión de la medida, pero el juez de garantía no nos hizo lugar, por lo que apelamos ante la Cámara Federal de Rosario y en el día de ayer se le concedió la prisión domiciliaria, con fallo dividido: dos votos a favor, uno en contra.”
El letrado destacó que, en su opinión, “la diferencia entre los votos versó sobre la solidez de las pruebas: dos de los que fallan a favor señalaron que no hay pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad de mi defendido, pero decidieron la domiciliaria por 45 días para que la fiscalía continúe la investigación”.
Respecto al hallazgo de armas en el predio, Torres del Sel señaló: “Son varios los lugares que se allanaron, algunos que no pertenecen a mi defendido. A él se le secuestró una escopeta, una persona que estaba en el campo; un aire comprimido y había una pistola 9 mm que pertenecía a su abuelo. Eso pasó al ámbito de la justicia provincial.”
El abogado defendió la versión del productor: “Este joven hace un año y medio que se dedica a la producción de frutilla. Se contratan trabajadores de la zona. Acreditamos con testimonio de ingenieros agrónomos que es el campo donde en mejores condiciones están las personas que trabajan".
Además aseguró que "entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad. Se les pagan salarios dignos, superiores a $1.300.000 o $1.400.000, lo cual está también relacionado con la producción de cada persona. Sí reconocemos un error administrativo de no haber inscripto a los empleados, pero no es un tema sencillo…”
"Decidieron quedarse"
Sobre los testimonios de trabajadores, añadió que "del relevamiento del Ministerio de Justicia de la Nación las 25 personas entrevistadas manifiestan que estaban en buena situación y por propia voluntad. Los denunciantes fueron tres personas que no querían trabajar, se quedaban en la noche bebiendo en almacenes y no cumplían con las obligaciones.”
Finalmente, en cuanto a la producción durante el proceso, el defensor afirmó: “No se perdió absolutamente nada. Nadie abandonó el lugar, todos decidieron quedarse y seguir trabajando porque es el sustento de su familia. La producción siguió desarrollándose, por supuesto sin el dueño del lugar, con un encargado.”
Torres del Sel concluyó que, si la fiscalía no presenta en los próximos 45 días “algún elemento serio que dé crédito a la acusación, es muy probable que corresponda el sobreseimiento de mi asistido”.
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