Una empleada del Poder Judicial de Misiones quedó en el centro de una investigación por una presunta estafa que habría perjudicado a 17 personas mediante falsas promesas de ingreso a organismos públicos. Según la causa, la mujer habría obtenido más de 9,5 millones de pesos de las víctimas, quienes entregaron dinero con la expectativa de conseguir un empleo.
Misiones
Detuvieron a una empleada judicial acusada de estafar a 17 personas en Posadas
La sospechosa, de 40 años, habría recibido más de 9,5 millones de pesos de personas que buscaban trabajo en organismos estatales. El lunes se negó a declarar ante la Justicia.
La principal sospechosa es Gisela S., de 40 años. El lunes compareció ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas, donde decidió hacer uso de su derecho a no declarar.
La modalidad de la presunta estafa
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal René Casals, la acusada contactó a las víctimas entre marzo y mayo de 2026 a través de WhatsApp.
En esos mensajes ofrecía supuestos puestos de trabajo en distintos organismos estatales, entre ellos la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai) y la Municipalidad de Posadas.
Según la pesquisa, solicitaba alrededor de 500 mil pesos para acceder a contratos temporarios y cerca de un millón de pesos para ingresar a planta permanente.
Además del dinero, pedía fotografías de documentos personales y exigía que las transferencias se realizaran a cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre. Mientras tanto, mantenía contacto frecuente con los interesados y les aseguraba que las incorporaciones se concretarían en poco tiempo.
Víctimas que vendieron pertenencias
La mayoría de los denunciantes reside en la zona oeste de Posadas y atravesaba una situación de vulnerabilidad económica por la falta de empleo.
Según consta en la causa, varias personas vendieron animales de cría, materiales de construcción e incluso recurrieron a préstamos informales para reunir el dinero solicitado.
Una de las denunciantes realizó una importante transferencia correspondiente a ella y a sus dos hijos mayores, convencida de que accederían a los puestos ofrecidos.
A mediados de mayo, la acusada mantuvo una reunión presencial con varios damnificados y volvió a asegurar que las contrataciones estaban próximas a concretarse.
Sin embargo, con el paso de las semanas y ante la falta de novedades por parte de los organismos públicos, las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales para su incorporación.
La denuncia y las pruebas
Cuando comenzaron los reclamos, la mujer volvió a solicitar dinero con la promesa de devolverlo una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos.
Poco después dejó de responder mensajes y llamadas, lo que motivó la presentación formal de la denuncia el 23 de junio.
El abogado Federico Padolsky, representante del grupo de damnificados, pidió constituirse como querellante particular y aportó al expediente conversaciones de WhatsApp y comprobantes de las transferencias bancarias.
Entre los mensajes incorporados a la investigación figuran frases en las que la sospechosa alentaba a las víctimas a reunir más dinero para acceder a cargos permanentes y les aseguraba que pronto firmarían los contratos y comenzarían a cobrar un sueldo.
Padolsky sostuvo que las personas afectadas "literalmente vendieron todo lo que tenían" con la esperanza de obtener un empleo y remarcó que la acusada se aprovechó de quienes atravesaban una situación de especial vulnerabilidad.
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