En un nuevo capítulo de la controvertida causa judicial que investiga a la firma santafesina Moderno House por presuntas estafas tras incumplir con la entrega de casas prefabricadas, la justicia santafesina dispuso este viernes la prohibición de salida del país para Camila Dos Santos Rizzi.
Causa Moderno House
Prohíben salir del país a la brasileña investigada en Santa Fe por estafas en la construcción de viviendas
La medida fue solicitada por la fiscal que está a cargo del caso desde su reapertura y por la querella. Una restricción similar ya había sido impuesta al empresario santafesino titular de la firma.
La medida fue dictada por el juez penal Nicolás Falkenberg, quien, tras un pedido de la fiscal Jésica Bernard y el querellante Ignacio Chigal, notificó a la Dirección Nacional de Migraciones para impedir el egreso de la Argentina de la mujer, quien posee nacionalidad brasileña.
Además del impedimento para viajar, Dos Santos Rizzi deberá entregar su pasaporte, siguiendo la misma línea de restricciones que ya pesaban sobre su pareja y principal imputado, Néstor Segovia. Ambos están siendo investigados por el delito de estafas en perjuicio de numerosas familias que confiaron sus ahorros para la construcción de casas prefabricadas.
Desestimación y reapertura
La investigación sobre la constructora, que funcionaba en la avenida Facundo Zuviría al 6600, recorrió un camino sinuoso en los tribunales santafesinos.
En abril de 2025, el fiscal Federico Grimberg había decidido archivar la causa penal, argumentando que los hechos denunciados no constituían necesariamente una estafa, sino un incumplimiento contractual que debía resolverse en el ámbito de la justicia civil.
En aquel entonces, Grimberg sostuvo que "no toda disputa contractual puede trasladarse al ámbito delictivo sin un fundamento claro". Según su visión, los problemas de demora y obras inconclusas se debían a fallas en la operatividad de la empresa y no a una maniobra fraudulenta inicial. Esta postura fue confirmada inicialmente por la Fiscalía Regional.
Sin embargo, la disconformidad de los damnificados, representados por el abogado querellante Ignacio Chigal, llevó el reclamo hasta la máxima instancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Finalmente, la Fiscal General María Cecilia Vranicich ordenó desarchivar la causa y reabrir la investigación el pasado 29 de mayo, al entender que restaban medidas investigativas fundamentales para determinar la existencia del delito.
Perjuicio millonario
Con la reapertura del legajo, la Fiscalía Regional designó a la fiscal Jésica Bernard, de la Unidad de Delitos Complejos, para liderar las pesquisas. El objetivo es profundizar en la hipótesis de que Segovia y Dos Santos Rizzi captaron clientes y firmaron contratos millonarios "a sabiendas de que no podrían cumplirlos".
El caso estalló formalmente en 2024 con una oleada de denuncias. El modus operandi descripto por las víctimas consistía en la entrega de importantes sumas de dinero (incluso el pago total del contrato) a cambio de viviendas que nunca se iniciaban o quedaban paralizadas a poco tiempo de comenzar. Se estima que el perjuicio económico global, a valores de 2024, ascendía a unos 27 millones de pesos.
Aunque en una instancia previa se intentó resolver el conflicto en el Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC), solo una de las partes logró un acuerdo. El resto de los denunciantes rechazó la mediación, exigiendo que el caso avance en la justicia penal para esclarecer la responsabilidad de quienes, bajo el sello de Moderno House, prometieron un hogar y entregaron obras abandonadas.
Tras la reciente imposición de restricciones a los imputados, con el objetivo de asegurar su sujeción al proceso penal, la investigación continúa.
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