En el marco de una causa penal iniciada por el bloqueo a la planta de la firma Sadesa S.A. en la ciudad de Esperanza, dos ex representantes gremiales del Sindicato Obrero de la Industria del Cuero (SOIC) aceptaron este lunes la suspensión de juicio a prueba, lo que implica la paralización del proceso penal por dos años.
Conflicto gremial
Dos ex sindicalistas santafesinos firmaron una 'probation' por el bloqueo a una curtiembre
La medida fue dispuesta por el juez penal Sebastián Szeifert en una audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Santa Fe. Los imputados estaban acusados por una serie de hechos ocurridos en 2023 durante protestas en la planta de Sadesa SA en Esperanza.
La resolución fue adoptada por el juez penal Sebastián Szeifert, con acuerdo de las partes, bajo el cumplimiento de reglas de conducta que implican la realización de trabajos comunitarios, el pago de una reparación económica destinada a una fundación benéfica y un pedido de disculpas.
Los imputados, identificados como Lucas Héctor V. y Marcos Aníbal G., comparecieron junto a su defensor, Agustín Roubineau, en una audiencia en la que los fiscales del departamento Las Colonias, Natalia Giordano y Alejandro Benítez, habían formulado acusación por varios delitos y contemplaba un pedido de pena de cuatro años de prisión efectiva.
Bloqueos, ingresos y coacción
La investigación se originó a partir de una serie de episodios ocurridos entre julio y octubre de 2023, en el contexto de un conflicto laboral en la principal planta industrial de la firma.
Según la imputación, los acusados —junto a otros delegados y un grupo de personas no identificadas— ingresaron sin autorización al predio tras forcejear con personal de seguridad.
En paralelo, habrían desplegado un bloqueo mediante la quema de cubiertas que impidió el normal funcionamiento del transporte de mercaderías en la planta ubicada en Amado Aufranc al 1900, en la zona urbana de la ruta Nº 70, afectando tanto el ingreso como el egreso de camiones.
De acuerdo a la acusación, también se registraron amenazas a conductores, con expresiones intimidatorias destinadas a impedir la actividad de la empresa.
Las medidas se extendieron a la vía pública, con cortes sobre arterias clave de la ciudad, y se replicaron en una planta logística. En ese marco, la fiscalía atribuyó los delitos de violación de domicilio, entorpecimiento del transporte, turbación de la posesión y amenazas coactivas.
En representación de los intereses de la empresa intervino como querellante el penalista santafesino, Ignacio Alfonso Garrone, quien había requerido una pena de cinco años de prisión en la etapa preliminar.
El profesional, que se mostró conforme con la resolución del conflicto, puso el acento en los bloqueos de las empresas, a través de -por ejemplo- la prohibición de ingreso y egresos de camiones, y las consecuencias legales que ello puede acarrear para los representantes de los trabajadores.
“Es interesante en ese punto de la causa porque se imputó, se acusó y finalmente se llegó una salida de suspensión de juicio a prueba”, sostuvo Alfonso Garrone, quien destacó que “el pedido de disculpas a la empresa, que en cierto modo implica una reparación”.
Contexto y riesgos
El conflicto tuvo su punto más álgido entre el 11 y el 18 de octubre de 2023, en coincidencia con la instalación de doce cámaras de seguridad en la planta industrial, medida que había sido previamente notificada al sindicato y a las autoridades laborales. A ello se sumaron seis despidos con causa de operarios, lo que derivó en una escalada de las medidas gremiales.
Uno de los aspectos remarcados en la acusación fue la quema de cubiertas en cercanías de una estación reguladora de gas, situada a pocos metros del ingreso a la planta, lo que —según se sostuvo— generó una situación de riesgo para la seguridad pública. Asimismo, la empresa cuantificó los daños económicos derivados de los bloqueos en más de 191 millones de pesos.
Antecedentes y cierre
La resolución de este lunes se inscribe en un proceso que ya había tenido definiciones previas. El 30 de diciembre de 2025, durante la audiencia preliminar, el juez Sergio Carraro había admitido la suspensión de juicio a prueba para otros dos imputados en la misma causa.
En ese antecedente se fijó un plazo de dos años de probation, con reglas de conducta que incluyeron trabajos comunitarios, una reparación económica y la obligación de ofrecer disculpas a la empresa.
En el caso de los ex secretario y vice del gremio del cuero, la aceptación de este instituto implica una suspensión de juicio por dos años bajo las siguientes pautas:
- 1) realización de trabajos comunitarios -4 horas semanales- en una asociación benéfica por el lapso de 6 meses;
- 2) pago de una reparación económica de $ 500.000 en favor de una entidad benéfica;
- 3) pedido de disculpas presencial y en forma privada a representantes de la empresa.
Todo ello deberá concretarse en el término de los próximos 30 días, según mandato judicial.
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